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xiv) Supervisión;

xv) Verificación;

xvi) Sanciones;

xvii) Procedimientos de Competencia;

xviii) Concentraciones y Concesiones;

xix) Consulta Económica;

xx) Consulta Jurídica;

xxi) Instrumentación;

xxii) Defensa Jurídica;

xxiii) Administración, Organización y Desarrollo de Capital Humano;

xxiv) Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios Generales;

xxv) Finanzas, Presupuesto y Contabilidad;

xxvi) Tecnologías de la Información y Comunicaciones;

xxvii) Prácticas Monopólicas y Concentraciones Ilícitas;

xxviii) Condiciones de Mercado, y

xxix) Análisis Económico.

X. Direcciones Generales Adjuntas:

i) Del Registro Público de Telecomunicaciones;

ii) Para la Transición a la Televisión Digital Terrestre;

iii) De Vigilancia del Espectro Radioeléctrico;

iv) Derogado;

v) De Atención en Procedimientos;

vi) De Estadística, y

vii) De Planeación y Administración de Proyectos.

El Instituto contará con el Consejo Consultivo encargado de fungir como órgano asesor respecto de los principios establecidos en los artículos 2o., 6o. y 7o. de la Constitución, así como con una Contraloría Interna, los cuales se regirán conforme a lo establecido en la Ley de Telecomunicaciones y el presente Estatuto Orgánico.”

Para el caso que nos ocupa, el artículo 4 del Estatuto Orgánico en las fracciones V, inciso i) IX, inciso ii), y V, inciso i), establece que el Instituto cuenta con la UPR y con la DG-DTR, para el despacho de los asuntos que le competen al propio Instituto.

En virtud de lo anterior, es posible advertir lo infundado de las manifestaciones realizadas, respecto de que la facultad contenida en las medidas relativa a la evaluación del impacto de las mismas en términos de competencia, corresponde exclusivamente al Instituto a través del Pleno o en su caso del Presidente que lo representa, toda vez que como se advierte del citado artículo 4 del Estatuto Orgánico, el Instituto está integrado por diversas unidades administrativas, mismas que cuentan con facultades determinadas.

Esto es, el Pleno del Instituto confirió, a través del Estatuto Orgánico a la DG-DTR, facultades expresas para sustanciar los procedimientos para la declaración de los agentes económicos preponderantes y la imposición de las medidas necesarias para evitar que se afecten la competencia y la libre concurrencia, así como para sustanciar los procedimientos relativos al seguimiento de obligaciones y medidas impuestas al AEP.

De esta forma, para llevar a cabo el procedimiento relativo a la evaluación de impacto de las medidas en materia de competencia, el Instituto actúa a través de la UPR a la cual pertenece la DG-DTR, de conformidad con lo establecido en los artículos 4, fracción V, inciso i) y fracción IX, inciso ii), 18, 20, fracciones VIII y X, 21, 24 fracciones IV y XVII del Estatuto Orgánico. Acorde con ello, el artículo 18 del mismo Estatuto Orgánico, señala entre otros, que los Titulares de Unidad, del Centro de Estudios y los Coordinadores Generales se auxiliarán para el trámite y resolución de los asuntos de su competencia de los Directores Generales, Directores Generales Adjuntos, Directores, Subdirectores de Área, Jefes de Departamento, inspectores verificadores, notificadores y demás servidores públicos que se determinen conforme al presupuesto del Instituto.

De forma específica, el artículo 21 del Estatuto Orgánico señala que la UPR tendrá adscrita a su cargo, entre otras, la DG-DTR, que de conformidad con el artículo 24 fracciones IV y XVII del multicitado Estatuto Orgánico tiene la atribución de sustanciar los procedimientos para la declaración de los agentes económicos preponderantes y la imposición de las medidas necesarias para evitar que se afecten la competencia y la libre concurrencia, previa opinión de la UCE, así como proponer al Pleno del Instituto la resolución correspondiente; y, sustanciar los procedimientos relativos al seguimiento de obligaciones y medidas impuestas al AEP o con poder sustancial en el sector de telecomunicaciones132.

Como ha quedado señalado, la DG-DTR cuenta con atribuciones para realizar cualquier acto relativo a los procedimientos señalados, desde su inicio hasta su propuesta para resolución por parte del Pleno, tal y como lo prevé expresamente la fracción XVII del artículo 24 del Estatuto Orgánico.

A mayor abundamiento, debe entenderse que la DG-DTR está habilitada para realizar cualquier actuación relativa a los procedimientos señalados (con excepción de su resolución). En ese sentido no se debe perder de vista que el artículo 20 del mismo ordenamiento establece las atribuciones que cada Dirección General deberá desempeñar, dentro de las cuales se encuentran las de emitir todos los acuerdos, resoluciones y demás actuaciones, incluyendo la firma y notificación de los acuerdos, resoluciones y demás actuaciones que emitan; para la atención de los asuntos cuya tramitación se encuentre dentro de su competencia.

Esto es, para el debido ejercicio de sus atribuciones, de conformidad con el citado artículo 20, fracciones VIII y X del Estatuto Orgánico, la DG-DTR tiene la obligación de realizar todas las diligencias necesarias para la debida tramitación de los asuntos a su cargo, lo que necesariamente incluye el oficio con el que la autoridad da inicio al procedimiento administrativo correspondiente, ya sea que el mismo se haya emitido de oficio o a petición de parte interesada133, pues es a través de dicho oficio de inicio que la autoridad garantiza el cumplimiento a la garantía de legalidad134, prevista en el artículo 16 Constitucional, ya que es el acto administrativo mediante el cual se dio a conocer a las manifestantes el motivo y fundamento de la causa legal del procedimiento en que se actúa.

Asimismo, el artículo 20 del Estatuto Orgánico, establece las diversas atribuciones que corresponden a cada Director General y Director General Adjunto entre las que se encuentra la obligación de realizar todas las diligencias necesarias para su debida tramitación de los asuntos dentro de su competencia, incluyendo la firma y notificación de los acuerdos, resoluciones y demás actuaciones que emitan, tal y como lo establecen las fracciones VIII y X del citado artículo, que señalan lo siguiente:

Artículo 20. Corresponde a cada Director General y Director General Adjunto el ejercicio de las siguientes atribuciones:



VIII. Atender y resolver los asuntos cuya tramitación se encuentre dentro de su competencia, así como sustanciar los procedimientos que correspondan, incluyendo la firma y notificación de los acuerdos, resoluciones y demás actuaciones que emitan;



X. Realizar todas las diligencias necesarias para la debida tramitación de los asuntos a su cargo;”

También resultas improcedentes las manifestaciones relativas a que las porciones estatutarias de ese instrumento tampoco facultan a la DG-DTR para solicitar a la UCE una opinión previa, con el pretendido objeto de integrar correctamente los procedimientos para el seguimiento de obligaciones y medidas impuestas al AEP.

Sobre el particular, tal y como se desprende de los Antecedentes del Oficio de inicio, mediante oficio IFT/221/UPR/DG-DTR/075/2016, de fecha 30 de junio de 2016, la DG-DTR, solicitó a la UCE, opinión sobre el impacto en términos de competencia de las medidas que fueron impuestas al AEP. Dicha opinión fue emitida por la UCE con fecha 4 de agosto de 2016, mediante oficio IFT/226/UCE/117/2016.

A ese respecto, el artículo 20, fracción XIV, del Estatuto Orgánico, establece la obligación a los Directores Generales de solicitar a la Unidades, Coordinaciones Generales y demás Direcciones Generales y Direcciones Generales Adjuntas, cuando así lo requieran para la sustanciación de los procedimientos a su cargo, los dictámenes técnicos u opiniones respectivos en el ámbito de sus atribuciones. En efecto, dicho numeral señala:

Artículo 20. Corresponde a cada Director General y Director General Adjunto el ejercicio de las siguientes atribuciones:



XIV. Solicitar, cuando lo requiera para la sustanciación de los procedimientos a su cargo, a las Unidades, Coordinaciones Generales y demás Direcciones Generales y Direcciones Generales Adjuntas los dictámenes técnicos u opiniones respectivos en el ámbito de sus atribuciones;”

En ese sentido, independientemente de que el Estatuto Orgánico sí contempla la facultad de las Direcciones Generales, de solicitar opinión a las demás Unidades Administrativas de este Instituto, es importante señalar que la opinión de la UCE, pertenece al género de los: “actos administrativos no decisorios, preparatorios o instrumental consultivo, cuyo propósito es contribuir a que el órgano competente adopte una decisión en el caso concreto, de suerte que cualquier consideración vertida en la opinión no trascienda por sí misma al destinatario de la resolución 135.

Es aplicable la tesis que lleva por rubro y texto:

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. LA OPINIÓN DE SU UNIDAD DE COMPETENCIA ECONÓMICA, PREVIA AL PROYECTO DE RESOLUCIÓN QUE DETERMINA LA EXISTENCIA DE UN AGENTE ECONÓMICO PREPONDERANTE EN EL SECTOR DE LA RADIODIFUSIÓN, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La opinión que emite la Unidad de Competencia Económica del Instituto Federal de Telecomunicaciones, previa al proyecto de resolución que determina la existencia de un agente económico preponderante en el sector de la radiodifusión, es de naturaleza meramente orientadora y no implica decisión alguna ni condiciona unilateral y coercitivamente a los particulares, incluso si influye o trasciende a la determinación final porque, en este supuesto, no es su contenido como opinión, sino el hecho de que se convirtió en parte de los fundamentos y motivos de la resolución reclamada, lo que repercute en su ámbito legal. Por tanto, dicha opinión no es un acto a través del cual se hayan creado, modificado o extinguido situaciones jurídicas unilateral y obligatoriamente y, en consecuencia, no puede considerarse de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo; de ahí que no sea factible examinar su constitucionalidad ni, en ese tenor, verificar si satisface los requisitos del acto administrativo”136.

Como se demostró, de conformidad con lo establecido en los artículos 4, fracción V, inciso i) y fracción IX, inciso ii), 18, 20, fracciones VIII y X, 21, 24 fracciones IV y XVII del Estatuto Orgánico, la DG-DTR es la autoridad competente para sustanciar el presente procedimiento, así como para realizar todas las diligencias necesarias para la debida tramitación de los asuntos a su cargo incluyendo solicitar opinión a las demás Unidades Administrativas de este Instituto, que en el caso constituye la evaluación bienal de las medidas impuestas al AEP, que conlleva a su vez a la modificación, supresión o adición de las medidas, tal y como lo prevén las propias medidas.



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