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) Competencia de la DG-DTR de la UPR



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20) Competencia de la DG-DTR de la UPR


Manifestaciones de Telcel y Telmex-Telnor y AMX

Consideran medularmente que el DG-DTR carece de competencia para iniciar el procedimiento que nos ocupa, toda vez que no cuenta con facultades expresas dentro del Estatuto Orgánico, manifestando medularmente lo siguiente:

Señalan que las fracciones IV y XVII del artículo 24 del Estatuto Orgánico, publicado el 4 de septiembre de 2014, no establecen expresamente que el DG-DTR, pudiera iniciar un nuevo procedimiento para la imposición de nuevas medidas regulatorias al AEP, ni para la modificación de las emitidas en 2014.

Que los preceptos invocados por el DG-DTR no sustentan su competencia, al contrario, en todo caso sustentarían la competencia exclusiva del “Instituto”, es decir del Instituto como tal, actuando a través de su órgano supremo, el Pleno o, en todo caso, de su Presidente quien lo representa. Asimismo, considera que dichos preceptos únicamente se refieren a facultades que se limitan expresamente al Instituto. De tal suerte que no existe sustento ya sea constitucional o transitorio, ni estatutario aplicable, con el cual se pueda considerar que es la UPR o el Director General oficiante quienes están facultados para iniciar un procedimiento como el de marras. Señalando que este procedimiento es improcedente e ilegal, ya que fue iniciado, promovido e impulsado por autoridad que carece de competencia para ello.

Continúan manifestando que las normas que se invocan en el Oficio, aun refiriéndose a facultades para "sustanciar los procedimientos relativos al seguimiento de obligaciones y medidas impuestas al agente económico preponderante", no abarcan los fines específicos que manifiestamente se buscan (modificar, suprimir o adicionar medidas) y, por ello, no sustentan competencia alguna al efecto, atento el principio de legalidad que rige para las autoridades.

Por otra parte, señalan que iniciar un procedimiento no implica ni puede considerarse igual a sustanciar un procedimiento. Manifiesta que resulta evidente que conducir o sustanciar o tramitar un asunto, bajo ninguna premisa puede equivaler a iniciarlo. Tampoco puede suponerse implícita la facultad de iniciar el procedimiento de la de sustanciarlo, pues se trata de cosas distintas y en la especie, en tratándose de las facultades de una autoridad, opera el principio de estricta legalidad.

Asimismo controvierten que la UPR a través de la DG-DTR, hubiere tenido competencia para solicitar un estudio a diversa Unidad del mismo Instituto, en virtud de que las porciones estatutarias de ninguna manera facultan a la Dirección General para solicitar a la UCE una opinión previa de ésta, con el pretendido objeto de integrar correctamente los procedimientos para el seguimiento de obligaciones y medidas impuestas al agente económico preponderante.

Señalan que si la DG-DTR no tenía ni tiene facultad para solicitar una opinión de la UCE, para el análisis no resulta relevante si esa Unidad puede o no emitir opiniones, habida cuenta que existe una falta de correspondencia lógica y jurídica entre lo solicitado y lo que puede responderse, ya que no puede justificarse esa opinión como lo pretendió hacer la UCE, sobre la base de los artículos 20, fracción XV, 47 y 48 del Estatuto Orgánico.

Manifiestan que a la UCE le corresponden originariamente las atribuciones conferidas a las Direcciones Generales, sin embargo éstas solamente tienen facultad para "responder consultas" que formulen o soliciten las autoridades competentes. En el caso, la UCE no podía ser consultada para la sustanciación de un procedimiento relativo al seguimiento de obligaciones y medidas impuestas al agente económico preponderante, pues solamente tenía y tiene facultades para participar con opiniones o consultas en procedimientos para imposición original de medidas a los agentes económicos con poder sustancial en el mercado relevante.

Finalmente, consideran que el artículo 24 del Estatuto Orgánico que se invoca en el Oficio de Inicio sólo confiere a esa Dirección General la facultad para determinar y definir las obligaciones de los agentes económicos preponderantes. Esa facultad resulta por sí misma cuestionable si se considera que, de acuerdo a la fracción XVII de ese mismo artículo, únicamente esa Dirección General puede sustanciar procedimientos para el "seguimiento de obligaciones y medidas impuestas al agente económico preponderante", no así para la modificación de las medidas impuestas al pretendido GIE.




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