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) Preponderancia/poder sustancial/e investigación LFCE



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17) Preponderancia/poder sustancial/e investigación LFCE


Manifestaciones de Telcel, Telmex-Telnor y América Móvil

Manifiestan medularmente que se debió observar lo establecido en los artículos 63 de la LFT y 33 de la LFCE pues si bien la denominación, la palabra que ahora designa a la figura resulta novedosa, es claro que la idea, el concepto o la situación que con ello se pretende abarcar ya era regulada -cuando menos en parte- por la normatividad en materia de competencia económica y telecomunicaciones por la LFCE anterior y la LFT, lo cual se corrobora mediante la lectura a las páginas 18 y 21 de la exposición de motivos de la iniciativa presentada a la mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la cual el Presidente y demás firmantes se refieren a los conceptos “operadores que tengan poder sustancial en el mercado”, “operadores dominantes” y “declaratorias de dominancia” en un contexto que demuestra que se trata de sinónimos o términos similares al de preponderancia y que solo se acude a una palabra distinta (preponderancia) para evadir las limitaciones que impondrían los conceptos similares que se mencionan en las leyes vigentes, pero sin explicar razón alguna que sustente lo que se alega como criterio de diferenciación entre ellos.

Al estar en presencia de términos similares con alcances similares, debió entenderse que las normas y restricciones que existen y son aplicables a la determinación de dominancia lo son para la de preponderancia ya que ambos términos se circunscriben al ámbito de competencia económica, donde al emitirse la resolución previa existía ya una ley especial que regula la forma, términos, requisitos, y condiciones que se deben seguir en un procedimiento tendiente a determinar aspectos de competencia económica.

El DG-DTR pretende evadir los requisitos que para tales grupos impone la jurisprudencia de la SCJN aplicable, bajo la idea de que no se está ante un procedimiento de prácticas monopólicas o de declaratorio de dominancia, sino de una diversa figura llamada preponderancia que no estaba específicamente prevista en la LFCE anterior sino sólo en el Decreto.

Por otra parte, manifiestan que para que se declarase a un agente económico con poder sustancial o dominante en términos de la LFCE sería necesario el análisis de las conductas de las personas que integran el grupo de interés económico en términos de la Resolución de AEP y sus medidas, ya que en materia de competencia económica, la existencia de un GIE al que considerar como un solo agente económico depende de que exista una conducta de cada individuo que integre el grupo de interés, no obstante, la autoridad ha sostenido que en este tipo de procedimientos no es necesario cumplir con la lógica descrita, porque el Decreto sólo exige que se demuestre una situación de hecho que es la preponderancia, sin embargo tal exigencia se refiere, en todo caso, a la demostración de la "preponderancia" misma, no a la integración del “agente económico preponderante" como tal.

Finalmente señalan que las medidas son violatorias del principio de reserva de ley contenido en el tercer párrafo de la fracción III del Octavo Transitorio del Decreto, en relación con el diverso 73, fracción XVII, de la Constitución, ya que es al legislador ordinario a quien le está reservada en exclusiva la definición de la situación jurídica a la cual busca transitar el Poder Reformador de la Constitución – la competencia efectiva-.




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