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Experiencia internacional



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Experiencia internacional: Comparación de los niveles de penetración de banda ancha en México con los países que integran la OCDE;

  • Suscriptores del AEP: Se advierte una pérdida de suscriptores en el servicio de telefonía fija que ofrece el AEP, sin que ello sea indicativo de que exista mayor fortaleza de otros operadores para competir, y

  • Precios: Los precios tanto de telefonía fija como Internet no han presentado una variación significativa.

    Los datos señalados, son algunas fuentes que demuestran que el Instituto realizó un análisis de diversos instrumentos y elementos que lo llevaron al resultado de la evaluación bienal, por lo que es infundado que las manifestantes señalen que no se justifican las conclusiones del Análisis en Materia de Competencia para la modificación, supresión y/o adición de las medidas, pues el Análisis en Materia de Competencia no fue el único fundamento que se desprende del Oficio de Inicio.

    En el mismo sentido, se evidencia lo infundado de los argumentos relativos a que el Instituto no consideró que la sola firma del convenio marco no otorga el acceso a la infraestructura pasiva, sino que de existir interés del concesionario, será a su petición que se detonarán procesos que culminarán con el acceso efectivo a tal infraestructura pasiva, pues como se demostró esta autoridad consideró diversos instrumentos y elementos de análisis para la evaluación bienal.

    Finalmente, se puntualiza que el Instituto actúo de acuerdo a los plazos que señalan las Medidas Septuagésima del Anexo 1, Quincuagésima Séptima del Anexo 2 y Vigésima Cuarta del Anexo 3 de la Resolución de AEP, pues como ya se ha explicado, las medidas se encuentran surtiendo todos sus efectos legales de conformidad con el artículo Trigésimo Quinto Transitorio del Decreto de Ley, por lo que si las medidas establecen la facultad del Instituto de realizar la evaluación bienal cada dos años, no hay razón para considerar las manifestaciones relativas a que no se atiende al tiempo de implementación de algunas medidas, pues se reitera, las medidas establecen expresamente el plazo de dos años.

    En adición a lo anterior, es importante señalar que las medidas son acordes con el mandato constitucional a cargo del Instituto, pues como órgano constitucional autónomo, es apto para producir regulación técnica, a la que puede dar seguimiento a corto plazo para adaptarla cuando así se requiera, la cual constituye regulación indispensable para lograr que ciertos mercados y sectores alcancen resultados óptimos100. Además, el Instituto cuenta con un conjunto de facultades orientadas a alcanzar los fines constitucionales para los que fue creado, algunas de ellas dotadas de discrecionalidad técnica que le permite elegir los procedimientos y técnicas de regulación.101



    En ese orden de ideas, son incorrectas las consideraciones de las manifestantes en las que señalan que el Instituto realiza un análisis limitado arribando a una conclusión parcial ya que: no consideró que las empresas que prestan los mismos servicios, locales y globales, deben tener las mismas obligaciones, de tal manera que la sobrerregulación impuesta a Opsimex, resulta un esquema regulatorio rígido que impacta directamente los fines últimos de la medida, pues no valoró la idoneidad de la medida luego de la separación de la infraestructura a Opsimex, así como la separación de Telesites, en ese sentido consideran que la aludida sobrerregulación impuesta a dichas empresas no permite el logro de acuerdos que atiendan de manera particular a cada concesionario, al obligar a que todos se realicen en una estéril igualdad de condiciones. Argumentan que el Instituto no analizó la necesidad real de los concesionarios de acceso compartido a la infraestructura pasiva de Opsimex (arrendamientos con otros proveedores como American Tower), sino que atribuye el poco acceso efectivo a un supuesto ineficiente actuar del AEP.

    Al respecto, no puede argumentarse sobrerregulación a las empresas escindidas del AEP, ya que en el Oficio de Inicio se hizo referencia a la opinión formal emitida por el Pleno del Instituto en sesión de 21 de septiembre de 2015, en la cual se determinó que las operaciones respecto de las modificaciones de estructura del AEP, no requerían de una autorización previa del Instituto para llevarse a cabo, pues los agentes económicos involucrados, forman parte del mismo grupo de interés económico, se mantiene la misma estructura y naturaleza de los derechos sobre las personas resultantes de las escisiones y no participa ningún tercero. Asimismo, que de acuerdo a dicha opinión formal, las sociedades constituidas por escisión de miembros del AEP continúan sujetas al cumplimiento de las medidas impuestas al AEP, en términos de los Resolutivos Quinto y Sexto de la Resolución de AEP.102

    Lo anterior resulta de pleno conocimiento del AEP, ya que con fecha trece de octubre de dos mil quince, se identificó que el representante legal de América Móvil, Sercotel y Telcel presentó información ante la UC, donde señaló que Opsimex modificó sus estatutos sociales para incorporar una condición relacionada con la obligación del cumplimiento de las medidas impuestas al AEP.103

    En tal virtud, son ineficaces los argumentos relativos a que el Instituto no valoró la idoneidad de las medidas luego de la separación de la infraestructura a Opsimex, así como la separación de Telesites, puesto que se puede corroborar de fojas 7, 8 y 15 del Oficio de Inicio, que la modificación de la estructura del AEP fue materia de análisis y forma parte de la motivación en la evaluación bienal.

    Finalmente, en relación con la afirmación de las manifestantes respecto a que el Instituto no analizó la necesidad real de Opsimex, sino que atribuyó el poco acceso efectivo a un supuesto ineficiente actuar del AEP, es preciso reiterar que la evaluación bienal no corresponde a un actividad sancionadora104 por parte del Instituto, sino un procedimiento necesario que tiene como objetivo fortalecer ciertas medidas ya contempladas en la Resolución de AEP, así como adicionar medidas que aseguren la no discriminación en la provisión de servicios mayoristas regulados, entre otras, con la finalidad de alcanzar la competencia efectiva y, por ende, mejores condiciones para los usuarios finales.


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