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Consideraciones del Instituto



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Consideraciones del Instituto

Como se demostrará a continuación, resultan infundados los argumentos relativos a que el Instituto i) no tomó en cuenta el cumplimiento por parte del AEP, por lo que no hay conductas sancionables, ii) que es limitado el análisis del Instituto pues no consideró los tiempos de revisión a partir de la implementación de algunas medidas (Oferta de Referencia, SEG), iii) que no se justifican las conclusiones del Análisis en Materia de Competencia y; iv) que no existe disposición alguna que permita que para la evaluación bienal pueda solicitarse una opinión a la UCE.

Como se desprende de los Antecedentes del Oficio de Inicio, mediante oficio IFT/221/UPR/DG-DTR/075/2016, de fecha 30 de junio de 2016, la DG-DTR, solicitó a la UCE, opinión sobre el impacto en términos de competencia de las medidas que fueron impuestas al AEP. Dicha opinión fue emitida con fecha 4 de agosto de 2016, mediante oficio IFT/226/UCE/117/2016.

Sirvió de sustento a lo anterior el artículo 20, fracción XIV, del Estatuto Orgánico96, el cual establece la facultad de los Directores Generales de solicitar a las Unidades, Coordinaciones Generales y demás Direcciones Generales y Direcciones Generales Adjuntas, cuando así lo requieran para la sustanciación de los procedimientos a su cargo, los dictámenes técnicos u opiniones respectivos en el ámbito de sus atribuciones.

En ese sentido, independientemente de que el Estatuto Orgánico sí contempla la facultad de los Directores Generales de solicitar opinión a las demás Unidades Administrativas del Instituto, es importante señalar, como se mencionó anteriormente, que la opinión de la UCE, constituye un acto“de naturaleza meramente orientadora y no implica decisión alguna ni condiciona unilateral y coercitivamente a los particulares, incluso si influye o trasciende a la determinación final porque, en este supuesto, no es su contenido como opinión, sino el hecho de que se convirtió en parte de los fundamentos y motivos de la resolución reclamada”. 97

La opinión de la UCE que constituye el Análisis en Materia de Competencia es uno de los instrumentos tomados en consideración por el DG-DTR, que permitió identificar si las medidas fueron efectivas para la consecución de los objetivos materializados a través de la Resolución de AEP. El análisis de referencia, que forma parte de los motivos del Oficio de Inicio, evaluó el impacto de las Medidas en términos de competencia, tomando en consideración i) el propósito en términos de competencia a partir de la Resolución de AEP, ii) el texto para determinar el alcance de la aplicación, iii) los instrumentos a través de los cuales el AEP debe cumplir y, iv) el impacto en los servicios y elementos involucrados los efectos para los usuarios finales.

Es preciso señalar que el Análisis en Materia de Competencia no fue el único instrumento de análisis al llevar a cabo la evaluación bienal. Del propio Oficio de Inicio, se advierte que el Instituto tuvo a bien considerar diversos elementos, como son:


  • La modificación en la estructura del AEP (Opsimex, Sercotel y Telesites);

  • El Análisis en Materia de Competencia, del que se desprenden la metodología para la evaluación de las medidas, su propósito y el impacto en materia de competencia;

  • Exploración detallada de los servicios de telecomunicaciones móviles en materia de interconexión, infraestructura pasiva móvil, servicios mayoristas de Usuario Visitante y de comercialización y reventa por parte de OMV;

  • Análisis de los servicios de telecomunicaciones fijos en materia de interconexión, arrendamiento de enlaces dedicados, infraestructura pasiva fija, servicios de desagregación y de contenidos audiovisuales relevantes;

  • Los CMI, las Ofertas de Referencia y el SEG, y

  • Motivó el enfoque de la evaluación bienal, con base en lo dispuesto en Decreto, la Constitución, la LFTR, referencias internacionales y denuncias presentadas al Instituto respecto de la prestación de servicios.

De lo anterior, es posible afirmar que el Análisis en Materia de Competencia no determinó per se el contenido del Oficio de Inicio, razón por la cual los argumentos de las manifestantes son ineficaces al limitarse a señalar que las conclusiones del Análisis en Materia de Competencia son incorrectas al no considerar que el AEP ha cumplido puntualmente, por lo que no debe ser culpado, mucho menos sancionado, que ha entregado toda la información requerida por el Instituto, la cual debería ser suficiente para permitir determinar que efectivamente sí se ha cumplido con los objetivos de la medidas, y que la propia UCE ha declarado que el impacto de las medidas ha sido positivo, por lo que la modificación, adición y/o supresión de las medidas que se pretende resulta injustificado.

Lo infundado de lo anterior es evidente, toda vez que el resultado de la evaluación bienal, no constituye una sanción98 que derive de algún incumplimiento por parte del AEP, sino que se trata de una situación de hecho que debe ser regulada ex ante99, que tiene la finalidad de evitar que se afecte la competencia, la libre concurrencia y con ello a los usuarios finales.

Adicionalmente, de la lectura integral del Oficio de Inicio se advierte que las conclusiones del Análisis en Materia de Competencia no constituyen los únicos razonamientos vertidos. Al respecto, conviene hacer referencia a la motivación que dio como resultado la necesidad de fortalecer ciertas medidas ya contempladas en la Resolución de AEP, así como adicionar las medidas que aseguren la no discriminación en la provisión de servicios mayoristas regulados:

Respecto de los instrumentos orientados a facilitar el cumplimiento de las medidas por parte del AEP, el Instituto consideró:


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