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S I N T E X T O



15) Oficio de competencia


Manifestaciones de Telcel, Telmex-Telnor y América Móvil

Señalan medularmente que los resultados de la evaluación bienal son de una generalidad que ni siquiera permite distinguir entre los diversos servicios del sector y que nada de lo que ahí se afirma sustenta la necesidad de medida alguna para el fin específicamente establecido en el Octavo Transitorio.

Además, consideran que no se justifica la conclusión del Análisis en Materia de Competencia cuando señala que no se han alcanzado los objetivos de las medidas en cuanto a interconexión, ni que los servicios no han sido prestados en condiciones no discriminatorias. Señalan que se han establecido medidas (recogidas en la LFTR) que en combinación con el no cobro de servicios de interconexión resulta un subsidio regulatorio injustificado que afecta los propios objetivos definidos por el lnstituto en el Oficio de Inicio. Manifiestan que no hay incumplimiento por parte del AEP, ya que el propio Análisis en Materia de Competencia recoge la observación de que no existe ningún desacuerdo de interconexión en contra de Telcel, Telmex o Telnor.

Por otro lado, manifiestan que la sobrerregulación impuesta a Opsimex aunada a las limitaciones impuestas a la libre negociación, resultan en un esquema regulatorio rígido que impacta directamente los fines últimos de la medida y de la separación de Telesites, que no permite el logro de acuerdos que atiendan de manera particular a cada concesionario, al obligar a que todos se realicen en una estéril igualdad de condiciones.

Indican que el Instituto no considera que la sola firma del convenio marco no otorga el acceso a la infraestructura pasiva, sino que de existir interés del concesionario solicitante, será a su petición que se detonarán procesos que culminarán con el acceso efectivo a tal infraestructura pasiva.

Refieren que no hay en alguno de los preceptos normativos, transitorios o resoluciones de este Instituto aplicables a este procedimiento, previsión en la que se determine que para la evaluación bienal pueda solicitarse un informe, análisis u opinión a la UCE para que entonces la DG-DTR pudiera proponer la modificación de ciertas medidas. Menos aún se prevé que esa opinión sea vinculante, goce de alguna presunción, ni que pueda omitirse la audiencia de los afectados para emitirla si se pretendía usarla en su contra.

Manifiestan que es limitado el análisis del Instituto pues no aborda ni considera: i) los tiempos de revisión y aprobación del propio Instituto de la Oferta de Referencia AUCIP, ni ii) los tiempos para la implementación de la escisión de Opsimex.

Lo anterior, ya que el Instituto no tomó en consideración que el mercado de servicios de acceso y uso compartido de infraestructura y equiparables (provisión de sitios) tiene al menos 17 años. American Tower señala haber iniciado operaciones en México desde 1999 con más de 3000 sitios. Esto contrasta con el hecho conocido por el Instituto de que los convenios suscritos por Opsimex con AT&T y Telefónica, en términos de la Oferta de AUCIP datan del 2 de junio y 6 de julio de 2015 respectivamente, es decir, escasamente poco más de un año contado a la fecha de la emisión del Análisis en Materia de Competencia.

En el mismo sentido, consideran que el Instituto no analiza la necesidad real de Opsimex, sino que atribuye el poco acceso efectivo a un supuesto ineficiente actuar del AEP, asimismo no reflexiona respecto de que no es por pocos sitios de Opsimex, sino que otros proveedores ya cuentan con infraestructura arrendada vigente hasta por 20 años o prefieren construir directamente sus sitios. Señalan que tampoco se consideró que Telesites y American Tower tienen tiene acuerdos con Telcel, AT&T y Telefónica, es decir, el Instituto no consideró que los operadores tienen acuerdos con una gama de proveedores de infraestructura pasiva. De esta manera, consideran que el mercado funciona en condiciones de equidad de acceso y competencia, con excepción de las distorsiones derivadas de las medidas y otras disposiciones del Instituto.

Continúan señalando que el Instituto no valora la idoneidad de la separación estructural luego de la separación de infraestructura a Opsimex, en ese sentido, considera equivocada la sobrerregulación aplicada a Opsimex, quien se encuentra en un libre mercado de competencia, resultando en un esquema regulatorio rígido que impacta directamente los fines últimos de la medida y de la separación de Telesites, que no permite el logro de acuerdos que atiendan de manera particular a las necesidades de cada concesionario, al obligar a que todos se realicen en una estéril igualdad de condiciones.

Así, señalan que el IFT no consideró en su análisis que las empresas que prestan los mismos servicios, locales y globales, deben tener las mismas obligaciones.

Refieren que de acuerdo al Análisis en Materia de Competencia “los incentivos que enfrenta el AEP no han sido suficientes para permitir a los OMV inicien operaciones en el mercado” y que en cuanto a las obligaciones del AEP, tal como refleja el Análisis en Materia de Competencia, Telcel ha hecho disponible en tiempo y forma la Oferta de Referencia impuesta por el Instituto, por ello afirman que no existen barreras impuestas por AMX para la participación de los OMV. Sin embargo, refieren que el Instituto no analiza otros factores como la existencia de barreras impuestas para los OMV por las medidas y la LFTR por los costos que representan pagar el tráfico on-net y off-net en su red, además del cargo asimétrico. Adicionalmente, señalan que los OMV pueden negociar acuerdos altamente flexibles, y en condiciones de plena libertad tarifaria y hasta exclusivas, con operadores no preponderantes, no así con el AEP con quien se debe ajustar a las medidas.

Asimismo, del Análisis en Materia de Competencia se advierte que “el diseño de las medidas no provee la mejor información que permita al Instituto verificar las condiciones en que se provee el servicio” de interconexión del Anexo 2. Indican que de esto se infiere que si no detenta el Instituto la información necesaria para determinar la efectividad de las medidas es por el diseño hecho por el propio Instituto, ya que el AEP ha entregado toda la información requerida por el Instituto, la cual debería ser suficiente para permitir determinar que efectivamente sí se ha cumplido con los objetivos de la medida.

Mencionan además que la afirmación “no se observan cambios significativos en el mercado…” no reconoce la realidad observada en el mercado durante los dos últimos años, ya que la composición del tráfico del AEP y el resto de competidores ha variado significativamente, se ha dado un incremento al número de convenios, como la propia UCE reconoce, no se identificaron desacuerdos de interconexión. Además, consideran, contrariamente a lo que se afirma en el Oficio de Inicio, el Instituto sí ha estado en posibilidad de verificar las condiciones con las se provee el servicio (visitas de verificación, requerimientos).

Señalan que el Instituto cuenta con herramientas de revisión para asegurar la prestación del servicio: CMI, SEG, condiciones técnicas de interconexión, entre otras, por lo que afirman que no es cierto que las medidas no provean información suficiente para la verificación de las condiciones en que se proveen los servicios, la detección de las conductas a inhibir, pues la propia autoridad diseñó y mantiene bajo su control la aplicación, las herramientas y mecanismos para la contratación de los servicios, la determinación de los términos y condiciones de carácter técnico, económico y jurídico.

Afirman que se han cumplido los principales objetivos de las medidas, aunque ciertas medidas han impedido la consecución de los mismos:



  1. Promover el uso eficiente de las redes; no obstante señalan que ciertas medidas como la obligación de disponer un punto de interconexión para concesionarios ha llevado a problemas, existiendo capacidad inutilizada en 8 de los 11 puntos de interconexión IP que estableció el IFT;

  2. Favorecer la expansión de operadores;

  3. Incorporar nuevas tecnologías;

  4. Asegurar que el acceso se realice con base a los costos: la imposibilidad de cobrar por tráfico, impidiendo recuperación de costos y obligando al AEP a realizar inversiones adicionales debido al incremento de tráfico, y

  5. Prohibir conductas como encarecer o retardar la entrega a otros operadores, negar intercambio de información. Refieren que como se ha demostrado y como recoge el Análisis de Competencia “de conformidad con el informe de cumplimiento no se advierten incumplimientos”, lo que demuestra precisamente el cumplimiento legal pero sobre todo técnica y operativos.

Indican que la propia UCE ha declarado que “con base en la evaluación de impacto de las Medidas relacionadas con los servicios de interconexión…se concluye que el impacto ha sido positivo”.

Además, consideran que no se justifica la conclusión del Análisis en Materia de Competencia en el sentido de que “la oferta de referencia no necesariamente está siendo atractiva para incorporar nuevos competidores…por lo que es necesario adecuar los incentivos económicos a través de un mecanismo de determinación de tarifas mayoristas” puesto que de los concesionarios que han firmado un convenio derivado de la Oferta de Referencia, sólo Axtel ha solicitado enlaces. El resto de los concesionarios no han contratado a través de la Oferta de Referencia, al amparo de otros convenios se han entregado 173 enlaces a 6 concesionarios que no forman parte del AEP.

Continúan manifestando que de acuerdo al Análisis de Competencia “(no) ha habido un acceso efectivo a la infraestructura pasiva del AEP, lo que ha generado que los impactos de las Medidas asociadas a la compartición sean nulas”. Para llegar a esta conclusión el Instituto afirma que el SEG no ha sido efectivo y el diseño no es conducente para garantizar la disponibilidad de información, siendo que mediante acuerdos P/IFT/EXT/241115/174 y P/IFT/EXT/241115/175 el propio IFT establece el Comité Técnico. Al respecto, señalan que el AEP ha cumplido puntualmente, por lo cual no debe ser culpado (mucho menos sancionado).

En el mismo sentido, manifiestan que así como es del conocimiento del lnstituto, mientras el SEG está en el proceso de desarrollo, se ha definido ya un mecanismo para la solicitud y el acceso a la infraestructura pasiva del AEP ("sistema de captura"), el que, tal como recoge el Análisis en Materia de Competencia, fue aprobado en Acuerdo P/IFT/EXT/241115/174 y P/IFT/EXT/241115/175. Mediante este proceso, cualquier concesionario tiene los medios y herramientas para acceder a la información sin ningún criterio discriminatorio.

Afirman que existen más de 410 solicitudes de compartición de infraestructura atendidas, resultando en la provisión de 325 de kilómetros en postes y ductos. Adicionalmente, están siendo atendidas solicitudes sobre 225 kilómetros adicionales, en los tiempos establecidos en la Oferta de Referencia.

Argumentan que el Análisis en Materia de Competencia señala que “con base en la información disponible, se pueden inferir estrategias dilatorias por parte del AEP que necesitan terceros para acceder de forma efectiva a su red de acceso”, cuando el Instituto no provee “la información” disponible ni un análisis de calidad para sustentar la inferencia. Adicionalmente, las manifestaciones de los concesionarios a los que se alude no son probatorias. Finalmente, afirman que sí se han cumplido los principales objetivos de las medidas impuestas:



  1. Impedir que el AEP incurra en prácticas contrarias a la competencia;

  1. Promover la entrada y expansión de competidores del AEP. Indican que el propio Instituto indica que a la fecha existen dos convenios y hace referencia a México Red (filial de Televisa) y a Maxcom, sin contar que a la fecha se han firmado tres convenios con Axtel. En términos de cuota de mercado, estos grupos, en conjuntos con Telmex y Telnor, representan más del 85% del total de la industria, por ende el número de convenios firmado es resultado de (i) la falta de solicitudes de los concesionarios y (ii) el poco tiempo que la Oferta de Referencia lleva vigente. Resultando sorprendente que el Instituto pueda emitir pronunciamiento cuando han transcurrido 37 días hábiles de su implementación;

  2. Permitir que los competidores complementen sus ofertas, como en el caso de zonas rurales, y

  3. Incrementar penetración con el objeto de lograr cobertura universal.

Señalan que de acuerdo al Análisis en Materia de Competencia "entre junio de 2013 y diciembre de 2015, se redujo el total de suscriptores del AEP en cerca de un millón de líneas y con ellos la participación bajó alrededor de 2.5 puntos porcentuales. Sin embargo, ello no es indicativo de que exista mayor fortaleza de otros operadores para competir, ya que los suscriptores que perdió el AEP no necesariamente se trasladaran a la competencia sino que algunos dejaron de demandar servicios de telefonía fija".

En ese aspecto, señalan que el cambio de participación de mercado por sí solo no es indicación de competitividad de mercado, sino que hay que combinarlo con un entendimiento de las dinámicas del mercado. En el caso actual de Telmex, aun cuando la participación no cambió mucho, la empresa tuvo bajas brutas de 3.3 millones de usuarios en 24 meses. Ese número supone una rotación de un 28% de la base de usuarios de la empresa. De acuerdo a los Informes Trimestrales Estadísticos del lnstituto respecto de la evolución del número de suscriptores de telefonía fija en el tiempo, concluye que los competidores sí han fortalecido su presencia en el mercado y la baja en la cuota de mercado de AMX, lo cual claramente es indicativo de mayor competencia.

Continúan manifestando que de acuerdo al Análisis en Materia de Competencia, en banda ancha fija "el AEP prácticamente mantuvo su número de suscriptores lo que implica que el crecimiento del mercado se dio por inversiones de los competidores, derivado de que el AEP todavía no ofrecía los servicios de desagregación del bucle local". Al respecto, manifiestan que de acuerdo con la propia información del lnstituto, el AEP ha sido el operador que más inversiones ha realizado en el mercado durante los últimos años, lo cual no se ha visto reflejado en una captación proporcional en número de usuarios. Estas inversiones han estado enfocadas en expandir la cobertura de las redes de nueva generación así como ofrecer más unidades de servicio. No obstante, la preferencia de los usuarios por una oferta convergente, ha resultado en una migración mayor de usuarios hacia los operadores con dichos ofertas. Concluyen que es incorrecto aseverar, como hace el lnstituto, que la ganancia neta de los competidores refleja su inversión y la propuesta de medidas, de implementarse, afectará negativamente su ritmo de inversión.

Argumentan que de acuerdo al Análisis en Materia de Competencia, "retrasar la consolidación de las condiciones de competencia en el sector de las telecomunicaciones implica posponer los impactos de la banda ancha en el crecimiento económico del país". A lo que consideran que el propio lnstituto reconoce que "para 2015, Telmex-Telnor alcanzó más de la mitad de la inversión total en telecomunicaciones fijas...". Además, refieren que resalta que las condiciones del mercado actuales son las adecuadas para incentivar la inversión de otros operadores, como es el caso de Total Play que logró triplicar su cobertura. Asimismo, señalan que el propio IFT reconoce que "a la fecha de emisión de la presente opinión no se tiene conocimiento de alguna solicitud presentada por los concesionarios para la resolución de condiciones no convenidas relacionadas con la prestación de este servicio.”. En definitiva, arguyen, no hay indicios de acciones por parte del AEP que sean sancionables.

Finalmente, manifiestan que en el inciso relativo a los Contenidos Audiovisuales Relevantes, se pretende en el Oficio de Inicio que en el Análisis en Materia de Competencia se sostiene que las medidas que intentan restringir que el AEP adquiera en exclusiva no es suficiente para restringir a las empresas que controla, dice también que sería procedente hacer modificaciones respectivas al Anexo 4, imponiendo una obligación de sublicenciarlos si está facultado para ello. Lo anterior, lo consideran infundado ya que el Anexo 4 no contiene una medida de revisión bienal, como si se impusieron en los Anexos 1, 2 y 3, por lo que no está sujeto a la modificación que se pretende, misma que debe ser desestimada.


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acuerdoliga -> Norma Canal Optico
acuerdoliga -> Resolución mediante la cual el pleno del instituto federal de telecomunicaciones determina las condiciones de interconexión no convenidas entre nii digital, S. De r. L. De c. V. Y las empresas teléfonos de méxico, S
acuerdoliga -> Norma Canalizaciones
acuerdoliga -> Segunda seccion instituto federal de telecomunicaciones
acuerdoliga -> Viernes 6 de febrero de 2015 diario oficial
acuerdoliga -> Se clasifica como información confidencial en términos de los artículos 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
acuerdoliga -> Antecedentes
acuerdoliga -> Criterio técnico para la solicitud del sobreseimiento del proceso penal en los casos a que se refiere el código penal federal


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