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Consideraciones del Instituto



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Consideraciones del Instituto

Al respecto, no les asiste la razón, toda vez que pretenden condicionar el procedimiento que nos ocupa a que se acredite que el AEP haya ocasionado afectaciones adicionales a la competencia y libre concurrencia, a efecto de establecer medidas adicionales.

Sobre el particular, se estima lo siguiente:


  • El primer párrafo del artículo 276 de la LFTR dispone:

Artículo 276. En caso de que como resultado de su calidad de agentes económicos preponderantes se ocasionen afectaciones adicionales a la competencia y libre concurrencia aún después de que el Instituto le hubiere impuesto las medidas señaladas en las fracciones III y IV del artículo Octavo Transitorio del Decreto; así como las previstas en el presente Título y demás relacionadas para los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, respectivamente, el Instituto podrá imponer medidas adicionales, las cuales deberán estar directamente relacionadas con la afectación de que se trate.”

Como puede observarse, del contenido de dicho precepto se desprende que:



  • Los destinatarios de la norma, son aquellos AEP a los cuales se les impusieron medidas en términos de artículo Octavo Transitorio del Decreto;

  • Debe existir una afectación adicional a la competencia y libre concurrencia, y

  • Dicha afectación debe ser ocasionada por los AEP, precisamente como resultado de su calidad de agentes económicos preponderantes.

La afectación adicional a que se refiere el artículo 276, primer párrafo de la LFTR debe ser determinada por la autoridad en términos de la normatividad en materia de competencia, de manera previa a que se impongan las medidas directamente relacionadas con la afectación de que se trate.

Las medidas adicionales que se impongan en términos del primer párrafo del artículo 276, deben estar encaminadas, únicamente, a remediar la afectación adicional ocasionada por el AEP.

Como se ha señalado, el presente procedimiento relativo a la evaluación bienal de las medidas, tiene por objeto evaluar el impacto de las medidas en términos de competencia. Asimismo es indispensable destacar que conforme a lo señalado en los propios Anexos de la Resolución de AEP (reconocidos por el legislador en términos del ya citado artículo Trigésimo quinto transitorio del Decreto de Ley), la evaluación bienal versa sobre la totalidad de las medidas impuestas al AEP, y no sobre alguna o algunas de ellas en lo particular, ya que la intención de la autoridad al momento de imponerlas fue, precisamente, establecer un mecanismo que permitiera verificar su efectividad desde el punto de vista de competencia, sin que se estableciera como requisito la existencia de una afectación adicional para poder imponer medidas que estuvieran relacionadas únicamente con esa afectación.

De todo lo señalado se advierte que lo dispuesto en el artículo 276 de la LFTR y el objeto del procedimiento de evaluación bienal previsto en las propias medidas persiguen objetos distintos, así como que los requisitos para actualizar cada supuesto normativo (el de la LFTR y el de las medidas) también son distintos. Esto es, este Instituto considera que resulta inaplicable lo dispuesto en el artículo 276 de la LFTR, en virtud de que existe un procedimiento ad hoc para llevar a cabo la evaluación bienal de las medidas, mismo que, como ya se dijo, fue reconocido por el legislador en el régimen transitorio del Decreto de Ley.

En conclusión, el presente procedimiento de evaluación bienal no se ubica dentro del supuesto previsto en el artículo 276, primer párrafo de la LFTR, por lo que se estima jurídicamente improcedente lo señalado por el AEP, en el sentido de que resulta necesario acreditar que se han ocasionado afectaciones adicionales a la competencia y libre concurrencia.

En ese sentido, como ya se explicó, el presente procedimiento no se trata del ordenado en el artículo 276 de la LFTR, sino que encuentra su fundamento, entre otros, en las medidas Septuagésima del Anexo 1, Quincuagésima Séptima del Anexo 2 y Vigésima Cuarta del Anexo 3 de la Resolución de AEP, en las cuales no se especifica que el Instituto se encuentre condicionado a acreditar que exista una afectación adicional a la competencia y libre concurrencia para modificar, adicionar o suprimir medidas. Además, las medidas a que se ha hecho alusión únicamente señalan que el Instituto al momento de realizar la evaluación del impacto de las medidas debe motivar su determinación, de tal manera que resulte proporcional y conducente con los fines que originalmente busca cada medida.

Es así, que el AEP al pretender que se acredite que se han ocasionado afectaciones adicionales a la competencia y libre concurrencia a efecto de establecer medidas adicionales, confunde la finalidad del presente procedimiento con lo ordenado por el artículo Octavo Transitorio, primer párrafo de la fracción III91, del Decreto, el cual ordena que una vez constituido el Instituto, debía determinar la existencia de agentes económicos preponderantes, en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones respectivamente, e imponer las medidas necesarias para evitar que se afectara la competencia y libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales. Lo ordenado por el transitorio en comento fue atendido por el Instituto en fecha 6 de marzo de 2014, al emitir la Resolución de AEP, en la que se determinó como agente económico preponderante en el sector de telecomunicaciones al Grupo de Interés Económico conformado por América Móvil, S.A.B. de C.V., Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V., Radiomóvil Dipsa, S.A.B. de C. V., Grupo Carso, S.A.B. de C.V., y Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V., e impuso las medidas para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales.

Entonces, se enfatiza que el presente procedimiento es el relativo a la evaluación del impacto de las medidas que realiza el Instituto cada dos años, a efecto de, en su caso, suprimirlas, modificarlas o establecer nuevas medidas incluyendo una o más de las siguientes: la separación estructural, funciona, o la desincorporación de activos del AEP.

Ahora bien, insisten en que en el comunicado 4/2016, en un informe trimestral, ambos de IFT, en informes de SCT y en el Análisis de Competencia se ha aseverado sobre la existencia de competencia efectiva, y por tanto, no existe la necesidad de adicionar, suprimir o modificar medidas. Tal argumento es inoperante, toda vez que, las afirmaciones que se han dado en los documentos que mencionan son referentes a los avances que se han logrado gracias a la emisión de diversa normatividad en materia de competencia, incluyendo la Resolución de AEP y sus medidas, sin embargo, en ninguno de los comunicados que señalan, ni en ningún otro, se ha declarado la existencia de condiciones de competencia efectiva en ningún sector.

Es de precisarse que el Octavo Transitorio, fracción III en su último párrafo92, del Decreto, señala que las obligaciones impuestas al AEP se extinguirán en sus efectos por declaratoria del Instituto una vez que conforme a la ley existan condiciones de competencia efectiva en el mercado de que se trate. Lo cual fue retomado por el legislador y al día de hoy, los artículos 15, fracción XXI93, y 26294, párrafo tercero de la LFTR, establecen que la existencia de un agente preponderante en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, persiste en sus efectos hasta en tanto el Instituto emita la declaratoria correspondiente al restablecimiento de las condiciones de competencia efectiva en el mercado de que se trate.95

En virtud de que persisten los efectos de la Resolución de AEP y las medidas dicha atribución no ha sido ejercida por el Instituto, ya que los datos que se han reportado en los comunicados, informes, análisis de competencia y cualquier nota que emane del Instituto u otra autoridad, se han referido únicamente a los avances que se han logrado en materia de competencia, no así a la declaratoria de existencia de condiciones de competencia efectiva que se refieren los artículos 15, fracción XXI, y 262 de la Ley, ni mucho menos al procedimiento para la declaración de competencia efectiva previsto en el artículo 96 de la LFCE.



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