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Consideraciones del Instituto



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Consideraciones del Instituto

Al respecto, las manifestantes pretenden que se aplique la fracción III del Octavo Transitorio del Decreto, sin embargo, el procedimiento que nos ocupa no se faculta en el citado Transitorio.

El artículo Octavo Transitorio, primer párrafo de la fracción III88, del Decreto, estableció que una vez constituido el Instituto, debía determinar la existencia de agentes económicos preponderantes, en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones respectivamente, e imponer las medidas necesarias para evitar que se afectara la competencia y libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales.

Las medidas a imponer al AEP debían incluir en lo aplicable, lo relacionado con información, oferta y calidad de servicios, acuerdos en exclusiva, limitaciones al uso de equipos terminales entre redes, regulación asimétrica en tarifas e infraestructuras de red, incluyendo la desagregación de sus elementos esenciales y, en su caso, la separación contable, funcional o estructural de dichos agentes.

En ejercicio de sus facultades constitucionales y en virtud de que las mismas no se encontraban condicionadas a la existencia de las disposiciones legales que debía emitir el Poder Legislativo, con fecha 6 de marzo de 2014, mediante la Resolución de AEP, el Instituto determinó como agente económico preponderante en el sector de telecomunicaciones al Grupo de Interés Económico conformado por América Móvil, S.A.B. de C.V., Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V., Radiomóvil Dipsa, S.A.B. de C. V., Grupo Carso, S.A.B. de C.V., y Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V., e impuso las medidas, para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales.

Mediante la emisión de dicha Resolución de AEP y las medidas se puso fin al procedimiento administrativo iniciado en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción III del artículo Octavo Transitorio del Decreto. La referida Resolución de AEP y las medidas constituye una resolución definitiva que tuvo por objeto determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones, e imponer las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales, tan es así, que la misma fue impugnada en diversos juicios de amparo.

Con fecha 14 de julio de 2014, el Congreso de la Unión, expidió el Decreto de Ley, mediante el cual fue emitida la LFTR, misma que tiene por objeto regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el acceso a la infraestructura activa y pasiva, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y la convergencia entre éstos, los derechos de los usuarios y las audiencias, y el proceso de competencia y libre concurrencia en estos sectores, para que contribuyan a los fines y al ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 6o., 7o., 27 y 28 de la Constitución.

Si bien el Instituto emitió la Resolución de AEP y medidas con anterioridad a la expedición del marco regulatorio al que hace referencia la reforma constitucional, es importante destacar que el artículo Trigésimo Quinto transitorio contenido en el Decreto de Ley, establece lo siguiente:

TRIGÉSIMO QUINTO. Con excepción de lo dispuesto en el artículo Vigésimo Transitorio, por el cual se encuentra obligado el Instituto Federal de Telecomunicaciones a aplicar el artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que se expide por virtud de este Decreto y demás que resulten aplicables en materia de interconexión en términos de la misma, las resoluciones administrativas que el Instituto Federal de Telecomunicaciones hubiere emitido previo a la entrada en vigor del presente Decreto en materia de preponderancia continuarán surtiendo todos sus efectos.”

[Énfasis añadido]

De lo citado, se observa que el Legislador dejó a salvo las resoluciones administrativas que el Instituto hubiere emitido en materia de preponderancia, previamente a la entrada en vigor del Decreto de Ley, ello en concordancia con la facultad constitucional otorgada al Instituto de determinar la existencia de agentes económicos preponderantes, siguiendo el procedimiento que en su caso estableciera la legislación vigente en la fecha de su emisión y a falta de disposición expresa, conforme a la LFPA, pues dichos mandatos constitucionales constituían medidas inmediatas necesarias para generar condiciones de competencia en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones.89

En atención a lo anterior, resulta incuestionable que la determinación del Pleno del Instituto como acto administrativo, deberá seguir surtiendo todos sus efectos de manera posterior a la expedición de la LFTR. De esta forma, el Instituto emitió el Oficio con que se dio inicio al procedimiento que nos ocupa, mismo que encuentra su fundamento, entre otros, en las medidas Septuagésima del Anexo 1, Quincuagésima Séptima del Anexo 2 y Vigésima Cuarta del Anexo 3 de la Resolución de AEP, las cuales como ha quedado apuntado siguen surtiendo todos sus efectos, en virtud de lo mandatado en el artículo Trigésimo Quinto Transitorio del Decreto de Ley.

Dichas medidas establecen:




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acuerdoliga -> Norma Canal Optico
acuerdoliga -> Resolución mediante la cual el pleno del instituto federal de telecomunicaciones determina las condiciones de interconexión no convenidas entre nii digital, S. De r. L. De c. V. Y las empresas teléfonos de méxico, S
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