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Consideraciones del Instituto



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Consideraciones del Instituto

Al respecto, resulta importante reiterar que el procedimiento que derivó de los artículos Octavo y Noveno Transitorios del Decreto y que concluyó con la Resolución de AEP y las medidas, es independiente del procedimiento consistente en la evaluación del impacto en términos de competencia de las medidas que en este acto se resuelve.

Como se ha señalado, los artículos Octavo Transitorio, fracción III y Noveno Transitorio del Decreto, establecían la obligación expresa de que a partir de la integración del Instituto, éste determinara la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, y estableciera las medidas regulatorias necesarias para evitar que se afectara la competencia y la libre concurrencia, de conformidad con el procedimiento que estableciera la legislación vigente en la fecha de su emisión y a falta de disposición expresa, conforme a la LFPA.

Así, en ejercicio de sus facultades constitucionales, el 6 de marzo de 2014, mediante la Resolución de AEP, el Instituto determinó como AEP en el sector de telecomunicaciones al GIE conformado por América Móvil, S.A.B. de C.V., Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V., Radiomóvil Dipsa, S.A.B. de C. V., Grupo Carso, S.A.B. de C.V., y Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V., e impuso Medidas Móviles, Medidas Fijas, Medidas de Desagregación y Medidas de Contenidos, para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales.

Mediante la emisión de dicha Resolución de AEP se puso fin al procedimiento administrativo iniciado en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción III del artículo Octavo Transitorio del Decreto. La referida Resolución de AEP constituye una resolución definitiva que tuvo por objeto determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones, e imponer las medidas necesarias para evitar que se afectara la competencia y la libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales, tan es así, que la misma fue impugnada en diversos juicios de amparo.

En ese sentido, la Resolución de AEP, las medidas que de ella derivaron y la determinación del GIE conformado por América Móvil, S.A.B. de C.V., Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V., Radiomóvil Dipsa, S.A.B. de C. V., Grupo Carso, S.A.B. de C.V., y Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V., así como la determinación de dicho Grupo como AEP, constituyen un acto jurídicamente válido cuyos efectos no han sido modificados por autoridad jurisdiccional y, en consecuencia, surten todos sus efectos de conformidad con del artículo Trigésimo Quinto Transitorio del Decreto de Ley.

Así, es claro que ni la determinación del GIE ni la determinación de dicho grupo como AEP son materia del presente procedimiento, al haber formado parte de un procedimiento que ha concluido. Asimismo, del contenido del Oficio de Inicio es claro que el presente procedimiento tiene como único objeto la evaluación del impacto de las medidas, con la finalidad de modificarlas, suprimirlas o en su caso establecer nuevas medidas.

De esta forma, el Oficio de Inicio fue emitido con fundamento, entre otros, en las medidas Septuagésima del Anexo 1, Quincuagésima Séptima del Anexo 2 y Vigésima Cuarta del Anexo 3 de la Resolución de AEP, pues efectivamente, el presente procedimiento encuentra su fundamento, entre otros, en las medidas mismas y no en los artículos transitorios contenidos en el Decreto, pues se reitera, la evaluación del impacto de las medidas es un procedimiento administrativo distinto del procedimiento por el que se determinó al AEP y se impusieron las medidas en el año 2014.

Por lo anterior, es posible advertir que los argumentos vertidos por las manifestantes son infundados e insuficientes para considerar inaplicable e ilegal la evaluación bienal, toda vez que sus argumentos van encaminados a demostrar el perjuicio generado por la determinación de AEP, siendo que dicha determinación no es materia de análisis en el procedimiento que se resuelve, pues como ya se explicó el mandato establecido en los referidos artículos transitorios se agotó con la emisión de la Resolución de AEP y las medidas, la cual constituye una resolución definitiva dirigida a varios destinatarios76, razón por la cual devienen infundados los argumentos relativos a que el Oficio de Inicio es indebido al considerar que existe un grupo de interés económico al cual pudiera tratarse como un solo AEP, pues se reitera, la determinación del AEP no es materia del presente procedimiento.

No obstante que el procedimiento que se resuelve no corresponde a la determinación del AEP, esta autoridad considera importante hacer referencia a que el grupo de interés económico del que forman parte Telmex y Telnor, Telcel y América Móvil como AEP, concluyó debidamente a través del contenido de la “RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES DETERMINA AL GRUPO DE INTERÉS ECONÓMICO DEL QUE FORMAN PARTE AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V., TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., TELÉFONOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., RADIOMÓVIL DIPSA, S.A.B. DE C. V., GRUPO CARSO, S.A.B. DE C.V., Y GRUPO FINANCIERO INBURSA, S.A.B. DE C.V., COMO AGENTE ECONÓMICO PREPONDERANTE EN EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES Y LE IMPONE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR QUE SE AFECTE LA COMPETENCIA Y LA LIBRE CONCURRENCIA77.

Se afirma lo anterior, ya que de la Resolución de AEP se advierte que el Instituto determinó debidamente al AEP, compuesto por distintas empresas o agentes económicos, tomando en consideración, que el concepto de “agente económico”, en términos de lo dispuesto en diversos criterios del Poder Judicial de la Federación78, no se asocia a una persona en particular (física o moral), sino a la forma en que los sujetos intervienen en los mercados y, por ende, en la economía del país, razón por la cual, no existía impedimento alguno para que el Instituto determinara un grupo de interés económico como preponderante en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión79.

Asimismo, en la Resolución de AEP, el Instituto demostró y justificó plenamente por qué consideró que los integrantes del grupo de interés económico declarado como AEP debían ser calificados como parte de dicho grupo, así como las razones lógicas y jurídicas por las que se incluyó en el grupo de interés económico preponderante a personas morales individuales que no tienen el carácter de concesionarios o permisionarios en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, así como que se haya incluido a Telmex, Telnor y Telcel en general sin distinguir los servicios a los que se encuentran sujetos.





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