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Consideraciones del Instituto

Sobre el particular, tal y como se desprende de los Antecedentes del Oficio de Inicio, mediante oficio IFT/221/UPR/DG-DTR/075/2016, de fecha 30 de junio de 2016, la DG-DTR, solicitó a la UCE, opinión sobre el impacto en términos de competencia de las medidas que fueron impuestas al AEP. Dicha opinión fue emitida por la UCE con fecha 4 de agosto de 2016, mediante oficio IFT/226/UCE/117/2016.

A ese respecto, el artículo 20, fracción XIV, del Estatuto Orgánico, establece la obligación a los Directores Generales de solicitar a la Unidades, Coordinaciones Generales y demás Direcciones Generales y Direcciones Generales Adjuntas, cuando así lo requieran para la sustanciación de los procedimientos a su cargo, los dictámenes técnicos u opiniones respectivos en el ámbito de sus atribuciones. En efecto, dicho numeral señala:

Artículo 20. Corresponde a cada Director General y Director General Adjunto el ejercicio de las siguientes atribuciones:



XIV. Solicitar, cuando lo requiera para la sustanciación de los procedimientos a su cargo, a las Unidades, Coordinaciones Generales y demás Direcciones Generales y Direcciones Generales Adjuntas los dictámenes técnicos u opiniones respectivos en el ámbito de sus atribuciones;”

En tal virtud, en pleno ejercicio de sus facultades, la DG-DTR consideró necesario para sustanciar el presente procedimiento relativo a la evaluación del impacto de las medidas, solicitar opinión a la UCE, ya que en términos del artículo 5170, fracción V, del Estatuto Orgánico, la UCE es la unidad administrativa del Instituto competente para emitir opinión respecto de las propuestas de regulación, medidas y obligaciones específicas para los agentes económicos preponderantes. Por lo que resulta debidamente fundado que la DG-DTR, adscrita a la UPR, solicitara a la UCE emitir opinión en relación con la evaluación del impacto en términos de competencia de las medidas.

Independientemente de lo anterior y de que el Estatuto Orgánico sí contempla la facultad de las Direcciones Generales, de solicitar opinión a las demás Unidades Administrativas de este Instituto; la opinión de la UCE, constituye un acto “de naturaleza meramente orientadora y no implica decisión alguna ni condiciona unilateral y coercitivamente a los particulares, incluso si influye o trasciende a la determinación final porque, en este supuesto, no es su contenido como opinión, sino el hecho de que se convirtió en parte de los fundamentos y motivos de la resolución reclamada”.71

Es aplicable al caso por analogía, la tesis que lleva por rubro y texto:

COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA. CARACTERÍSTICAS Y ALCANCES DE LAS ACTAS DE SESIÓN, DICTÁMENES, OPINIONES, INFORMES Y ESTUDIOS ELABORADOS POR SUS DIRECCIONES GENERALES DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ESTUDIOS ECONÓMICOS. Aun cuando los documentos a que se refieren los artículos 15, 26, fracción III, 28, fracción IV, y 29, fracción II, del Reglamento Interior de la Comisión Federal de Competencia, contienen opiniones, datos, cifras económicas o de mercado y proposiciones respecto de los puntos de controversia materia del procedimiento administrativo que se instrumenta, y su finalidad es orientar la resolución del caso, lo cierto es que si llegara a trascender el criterio plasmado en ellos pasaría a formar parte de las consideraciones de la resolución emitida por la mencionada comisión y, por tanto, sería innecesario requerir la exhibición de aquéllos72.

[Énfasis añadido]

En ese orden de ideas, no se le corrió traslado del Análisis en Materia de Competencia que nos ocupa, toda vez que se trata de un acto intraprocesal, y no existe razón por la que previamente deba de informarse al particular respecto de su emisión.

Cabe precisar que en la página 11 de 184 del Análisis en Materia de Competencia que nos ocupa, se indica que dicha opinión “No tiene el alcance de determinar cumplimiento de las Medidas por parte de los obligados”. Por lo que, como ya se ha mencionado, la finalidad del multicitado Análisis en Materia de Competencia únicamente es para orientar la resolución.

Por todo lo anterior devienen de inoperantes e improcedentes los argumentos analizados al revisar la excepción correlativa.



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