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XL. Formular, de considerarlo necesario para el ejercicio de sus funciones, consultas públicas no vinculatorias, en las materias de su competencia



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XL. Formular, de considerarlo necesario para el ejercicio de sus funciones, consultas públicas no vinculatorias, en las materias de su competencia;

…”

Artículo 51. Para la emisión y modificación de reglas, lineamientos o disposiciones administrativas de carácter general, así como en cualquier caso que determine el Pleno, el Instituto deberá realizar consultas públicas bajo los principios de transparencia y participación ciudadana, en los términos que determine el Pleno, salvo que la publicidad pudiera comprometer los efectos que se pretenden resolver o prevenir en una situación de emergencia.



Previo a la emisión de las reglas, lineamientos o disposiciones administrativas de carácter general, el Instituto deberá realizar y hacer público un análisis de impacto regulatorio o, en su caso, solicitar el apoyo de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

El Instituto contará con un espacio dentro de su portal de Internet destinado específicamente a publicar y mantener actualizados los procesos de consultas públicas y un calendario con las consultas a realizar, conforme a los plazos y características generales que para éstos determinen los lineamientos que apruebe el Pleno. Las respuestas o propuestas que se hagan al Instituto no tendrán carácter vinculante, sin perjuicio de que el Instituto pondere las mismas en un documento que refleje los resultados de dicha consulta.”

[Énfasis añadido]

De los preceptos citados, se advierte que el Pleno del Instituto está facultado para realizar consultas públicas en cualquier caso que así lo determine, mismas que deberán llevarse a cabo bajo los principios de transparencia y participación ciudadana. Asimismo, se advierte que las respuestas o propuestas efectuadas con motivo de una consulta pública no resultan vinculantes al Instituto.

En ese orden de ideas, en términos de lo dispuesto en los artículos 15, fracción XL y 51 de la LFTR, el Pleno del Instituto emitió el “Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones determina el inicio de la consulta pública, en relación con la efectividad en términos de competencia de las medidas impuestas al Agente Económico Preponderante en el sector de las telecomunicaciones63, mismo que señala:

En ese sentido, con la finalidad de alcanzar los objetivos establecidos en la Resolución de AEP, este Instituto considera de la mayor relevancia iniciar un proceso de consulta pública con la finalidad de recabar comentarios, opiniones, entre otros, de los integrantes de la industria, académicos, especialistas, usuarios, público en general y demás interesados que permitan obtener mayor información, que contribuyan al diagnóstico sobre el impacto de las medidas y las determinaciones sobre las posibles modificaciones, supresiones o adiciones de medidas asimétricas al AEP, derivado de la Evaluación Bienal.



No obstante que la regulación asimétrica a que se refiere la Resolución de AEP está destinada a quienes se determinaron como AEP, hoy en día se estima relevante que para la revisión de la regulación mencionada, la autoridad tenga conocimiento de las inquietudes de los regulados y otros interesados de forma ordenada. Lo anterior, considerando que es obligación del Instituto evaluar el impacto que hayan tenido las medidas asimétricas impuestas al AEP.

La consulta pública tiene por objeto cumplir con los principios de transparencia y participación ciudadana, con la finalidad de recabar información y propuestas de la industria, de especialistas en la materia y del público en general, para ser analizada por este Instituto.

Las consultas públicas son instrumentos que han implementado las autoridades regulatorias de diversos países, con la finalidad de brindar transparencia, recibir retroalimentación de la industria y de los agentes económicos interesados, así como perfeccionar su diseño y operación.



Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28, párrafos décimo quinto y décimo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 7, 15 fracción XL y 51 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y 1 y 4, fracción I del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Pleno del Instituto expide el siguiente:”

De lo transcrito, se desprende que la finalidad de la consulta pública fue recabar comentarios, opiniones, observaciones y propuestas de los integrantes de la industria, académicos, especialistas, usuarios, público en general y demás interesados que permitieran obtener mayor información, para contribuir al diagnóstico que realice el Instituto sobre la evaluación de impacto de las medidas, así como aportar mayores elementos para la determinación sobre las posibles modificaciones, supresiones o adiciones a las mismas.

En efecto, el Instituto consideró necesario y conveniente allegarse de mayores elementos que contribuyeran a la evaluación de impacto de las medidas, con la finalidad de alcanzar los objetivos establecidos en la Resolución de AEP, sin que ello implique que las opiniones o propuestas aportados al Instituto constituyan denuncias que den origen a que la autoridad ejerza sus facultades de supervisión y verificación en perjuicio de las manifestantes, ni peticiones disfrazadas por parte de sus competidores que el Instituto estuviese obligado a atender, pues se reitera, el Instituto estimó relevante tener conocimiento de las inquietudes de los regulados y otros interesados que coadyuvara a determinar la efectividad de las medidas en términos de competencia.

Asimismo, la circunstancia de que se hayan formulado opiniones por parte de otros concesionarios, no basta para considerar que el contenido de dichas opiniones cause perjuicio a las manifestantes, pues el propio artículo 51 de la LFTR, que faculta al Instituto para realizar consultas públicas cuando así lo considere, establece que las opiniones o propuestas que se hagan a este órgano, no tendrán carácter vinculante, es decir, no constituye información que per se haya predeterminado el contenido del Oficio de Inicio.

Aunado a lo anterior, resulta infundada la afirmación de que el Instituto utilizó los comentarios de sus competidores como guía de referencia para regular, lo cual a su consideración, no se encuentra permitido ni en la Constitución, ni en el Octavo Transitorio del Decreto, ni en las medidas mismas, pues como se ha expuesto, el artículo 51 de la LFTR establece expresamente la facultad de esta autoridad de realizar las consultas públicas cuando así lo considere.

Adicionalmente, resulta infundado que se les haya dejado en estado de indefensión por no notificarles los resultados de la Consulta Pública, toda vez que de la literalidad del tercer párrafo del artículo 51 de la LFTR, se advierte que el Instituto tiene la obligación de publicar y mantener actualizado en un espacio dentro de su portal de internet los procesos de la consultas públicas64 , mas no así de notificar a cada interesado el inicio o conclusión de las mencionadas consultas.

Por otro lado, resultan infundados los argumentos relativos a que las opiniones vertidas en la consulta pública, constituyen denuncias para que este órgano ejerza sus facultades de supervisión y verificación en perjuicio de las manifestantes, toda vez que independientemente del procedimiento de evaluación de impacto de las medidas en términos de competencia que se lleva a cabo y del cual derivó la consulta pública que nos ocupa, el Instituto tiene a salvo sus facultades de supervisión y verificación, pues el hecho de que se desarrolle un procedimiento administrativo, no excluye o limita el ejercicio de las demás facultades conferidas al Instituto para regular, entre otras, el uso, aprovechamiento y explotación de las redes públicas de telecomunicaciones.

El ejercicio de facultades que desarrolla el Instituto es independiente, ya que la evaluación bienal tiene por objeto fortalecer ciertas medidas ya contempladas en la Resolución de AEP, así como adicionar medidas que aseguren la no discriminación en la provisión de servicios regulados, con el fin de alcanzar la competencia efectiva y, por ende, mejores condiciones a los usuarios finales65, y por otro lado, las facultades de supervisión y verificación,66 tienen la finalidad de comprobar el cumplimiento de la LFTR, las disposiciones que deriven de ella, así como de las condiciones y obligaciones establecidas en las concesiones, autorizaciones y demás disposiciones aplicables.

Por ello no es dable considerar que las opiniones y propuestas presentadas al Instituto con motivo de la consulta pública constituyan denuncias por parte de los demás agentes económicos en perjuicio de las manifestantes, puesto que el Instituto consideró relevante conocer las opiniones de los concesionarios y otros interesados que coadyuvaran a determinar la efectividad de las medidas en términos de competencia.

Finalmente, las manifestantes solicitan a esta autoridad que compare y contraste lo solicitado por Telefónica y AT&T ante este lnstituto y lo solicitado por dichas empresas ante las autoridades de competencia y telecomunicaciones de sus países de origen, para que el Instituto esté en posibilidad de verificar que dichas empresas tienen ingresos suficientes para competir y no beneficiarse de la regulación asimétrica impuesta al AEP, ya que los competidores del AEP pueden incurrir en prácticas dilatorias con el único objetivo de perpetuar la regulación asimétrica y no tendrán incentivos de incrementar su participación conjunta ni planificar desarrollos de crecimiento sostenido en el mercado.

Lo anterior, resulta inoperante puesto que se trata de afirmaciones sin sustento por parte de las manifestantes, ya que no acreditan de qué manera las opiniones formuladas por las participantes en la consulta pública le causan perjuicio, ya que únicamente se limitaron a afirmar que sus competidores se benefician ilegalmente de la regulación asimétrica. Lo anterior, es infundado tomando en consideración que las medidas impuestas al AEP tienen el propósito de remediar y prevenir conductas con efectos que no favorezcan la competencia y la libre concurrencia, en beneficio del usuario final.67 En efecto las medidas impuestas tienden a:



  • Reducir o eliminar barreras a la entrada y expansión de participantes distintos al AEP;

  • Favorecer el acceso a insumos esenciales controlados por el AEP;

  • Prohibir ex ante al AEP la realización de conductas que puedan impedir el acceso o excluir a participantes, como las exclusividades, trato discriminatorio, negativa de trato, subsidios cruzados, estrechamiento de márgenes, incremento artificial de costos y otorgamiento de descuentos o beneficios de forma selectiva;

  • Prohibir la propiedad cruzada entre el AEP en telecomunicaciones y AEP en Radiodifusión, y

  • Proteger los derechos de los usuarios finales.68

En virtud de lo anterior, es infundado que las manifestantes afirmen sin sustento que otras concesionarias se benefician en su perjuicio de las medidas, puesto que las medidas tienen el principal objetivo de evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia, y con ello a los usuarios finales. Adicionalmente, es importante señalar que el análisis que realizó el Instituto de las opiniones formuladas por Telefónica y AT&T, así como de las demás participantes en la consulta pública, constituyó información de carácter no vinculante, que el Instituto consideró relevante conocer para el diagnóstico sobre el impacto de las medidas, no obstante, no fue el único medio que el Instituto atendió para la evaluación bienal.69

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