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Consideraciones del Instituto



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Consideraciones del Instituto

Al respecto, esta autoridad considera menester destacar nuevamente que el presente procedimiento consistente en la evaluación del impacto de las medidas, es otro procedimiento diferente de aquel que derivó de los artículos Octavo y Noveno Transitorios del Decreto y que concluyó con la Resolución de AEP y las medidas.

Como se ha señalado anteriormente, la fracción III, del artículo Octavo y Noveno transitorios del Decreto, establecían la obligación expresa de que a partir de la integración del Instituto, éste determinaría la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, así como las medidas regulatorias necesarias para evitar que se afectara la competencia y la libre concurrencia, de conformidad con el procedimiento que estableciera la legislación vigente en la fecha de su emisión y a falta de disposición expresa, conforme a la LFPA.

Por otra parte, los artículos Tercero y Cuarto transitorios del Decreto contenían la obligación de que el Congreso de la Unión realizara las adecuaciones necesarias al marco jurídico conforme al citado decreto dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor.

El párrafo cuarto del artículo Séptimo Transitorio del mismo Decreto establecía que, en el caso de que no se hubieren realizado las adecuaciones al marco jurídico previstas en el artículo Tercero Transitorio a la fecha de la integración de la COFECE y del Instituto, éstos debían ejercer sus atribuciones conforme a lo dispuesto por en el referido Decreto y, en lo que no se opusiera a éste, con base en las leyes vigentes en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones.

En atención a los referidos transitorios, con fecha 6 de marzo de 2014, el Instituto emitió la Resolución de AEP y las medidas, y posteriormente con fecha 14 de julio de 2014, el Congreso de la Unión expidió el Decreto de Ley, que contiene la LFTR.

Como ha quedado asentado, el Instituto no se encontraba impedido para emitir la declaración de preponderancia y las medidas regulatorias correspondientes, aun y cuando el Poder Legislativo no hubiere expedido el marco regulatorio respectivo; pues fue el propio Constituyente quien dotó al Instituto de facultades constitucionales propias, para realizar sus fines institucionales.

Resulta aplicable a lo anterior, el siguiente criterio jurisprudencial emitido por la SCJN, de rubro y texto siguientes:

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT). ES UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO CON UNA NÓMINA COMPETENCIAL PROPIA OPONIBLE AL RESTO DE LOS PODERES DEL ESTADO, QUE PUEDE UTILIZAR AL MÁXIMO DE SU CAPACIDAD PARA REALIZAR SUS FINES INSTITUCIONALES. Con motivo de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, se introdujo una serie de contenidos normativos novedosos en su artículo 28, entre ellos, la creación y regulación del IFT como un nuevo órgano autónomo, con una nómina competencial propia y diferenciada respecto de los otros poderes y órganos previstos en la Norma Fundamental, de la cual deriva que no tiene asignada una función jurídica preponderante, sino que conjunta las tres clásicas: la de producción de normas generales, la de aplicación y la de adjudicación. Ahora bien, una de las implicaciones lógicas de lo anterior es que dicho órgano, al contar con competencias propias, puede oponerlas a los tres Poderes de la Unión en que se divide el poder público, según el artículo 49 de la Constitución Federal, en un ámbito material delimitado constitucionalmente definido, consistente en el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en la propia Ley Suprema y en los términos que fijen las leyes. En otras palabras, con independencia de lo que hagan los otros Poderes, el órgano regulador tiene un ámbito de poder propio que puede utilizar al máximo de su capacidad para realizar sus fines institucionales, como consecuencia de ser titular de facultades constitucionales propias58.

[Énfasis añadido]

En consistencia con las facultades otorgadas al Instituto en el Decreto, al momento de expedir el Decreto de Ley que contiene la regulación específica en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el Legislador, a través del artículo Trigésimo Quinto Transitorio, deja a salvo las resoluciones administrativas que el Instituto hubiere emitido en materia de preponderancia, antes de la entrada en vigor de dicho Decreto de Ley.

En ese sentido, sí fue en la propia norma fundamental en la que se contempló que el Instituto tenía la facultad para determinar al AEP en los sectores correspondientes, así como las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y libre concurrencia, resulta incuestionable que la determinación del Pleno del Instituto hasta este momento sigue conservando su presunción de validez como acto administrativo.

En tal virtud, la Resolución de AEP y las medidas están surtiendo todos sus efectos como acto definitivo del Instituto, por lo que cualquier modificación al mismo debe hacerse de conformidad al marco regulatorio vigente, esto es así, toda vez que las medidas además de ser el fundamento para la evaluación de impacto de las mismas en materia de competencia, hoy son la materia del procedimiento que se lleva a cabo, razón por la cual es jurídicamente aplicable la legislación que regule las situaciones jurídicas existentes en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

En efecto, la LFTR publicada en el DOF el 14 de julio de 2014, que entró en vigor el 13 de agosto de 2014, de conformidad con lo establecido en el artículo Primero Transitorio del Decreto de Ley; constituye el marco legal sustantivo con que cuenta el Instituto en este momento para regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el acceso a la infraestructura activa y pasiva, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y la convergencia entre éstos, los derechos de los usuarios y las audiencias, y el proceso de competencia y libre concurrencia en estos sectores, para que contribuyan a los fines y al ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 6o., 7o., 27 y 28 de la Constitución.

Bajo el mismo razonamiento, resulta aplicable a este procedimiento el Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, publicado en el DOF el 4 de septiembre de 2014 vigente a partir del 26 de septiembre de 201459, pues es en dicho ordenamiento en el cual se encuentran las atribuciones de las áreas administrativas que integran este Instituto para sustanciar los procedimientos correspondientes, garantizando los derechos de legalidad y seguridad jurídica de los regulados.

Como ha quedado demostrado, la LFTR así como del Estatuto Orgánico son las disposiciones que se encuentran vigentes durante el inicio y desarrollo del procedimiento de evaluación de impacto de medidas que se resuelve y por tanto de ninguna manera se trasgrede el artículo 14 constitucional que contiene la prohibición de retroactividad de ley.

En virtud de lo expuesto, resulta infundadas las manifestaciones expuestas por Telcel, Telmex y Telnor y América Móvil, pues como se advierte, el Oficio con el que dio inicio al procedimiento de evaluación de impacto de medidas, se encuentra debidamente fundado y motivado.



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