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Manifestaciones de Telcel, Telmex-Telnor y América Móvil



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Manifestaciones de Telcel, Telmex-Telnor y América Móvil

La LFTR, así como el Estatuto Orgánico, fueron emitidos y publicados con posterioridad a la emisión de la Resolución de AEP y sus medidas, lo que demuestra que al tenor del artículo 14 constitucional y del Decreto, la LFTR y el Estatuto no son aplicables al caso.

Afirma además que para poder aplicar la LFTR en su perjuicio, en todo caso, el Instituto tendría que haber concluido el procedimiento relativo a la Resolución de AEP de 2014 y declarar que se extinguió su obligatoriedad y, posteriormente, dar inicio a un nuevo procedimiento, bajo una nueva situación jurídica correspondiente al marco de la LFTR, pero de ninguna manera es dable que se pretenda aplicar la referida ley a un procedimiento que deriva del Octavo Transitorio, en términos del Noveno Transitorio fracción I, ambos del Decreto.

Sostiene también que se advierte la falta de fundamentación y motivación del Oficio de Inicio, al pretender aplicar en su perjuicio una ley que no estaba vigente al momento en que se dictó la Resolución de AEP, y que a la propia luz del artículo Trigésimo Quinto Transitorio del Decreto por el que se emitió, se advierte que las resoluciones emitidas con anterioridad a dicha ley no pueden ser modificadas ni adicionadas como aquí se pretende.

Además señala que el Director General pretende basar su actuar en la LFTR y su Trigésimo Quinto Transitorio, que establece que las resoluciones administrativas del IFT emitidas previamente continuarán surtiendo sus efectos, invocando además como fundamento la LFPA, no obstante que ese ordenamiento sólo estaba habilitado en el Noveno Transitorio del Decreto de manera subsidiaria. Asimismo, el Director General invoca las medidas Septuagésima del Anexo 1, Quincuagésima Séptima del Anexo 2 y Vigésima Cuarta del Anexo 3 de la Resolución AEP; y paralelamente al Estatuto Orgánico expedido con posteridad a ellas.

Manifiestan medularmente que el procedimiento instaurado, así como el Oficio de Inicio, son improcedentes y carecen de una debida fundamentación, pues el Director General los pretende fundar en la LFTR, no obstante que es una ley inaplicable al caso pues el transitorio del Decreto que necesariamente debe regir en materia del procedimiento de preponderancia y emisión de medidas, determina que al respecto sólo pueden aplicarse las normas vigentes a emitirse la Resolución de AEP y sus medidas, amén de que la aplicación de la LFTR es retroactiva en perjuicio de las manifestantes.

Por lo que hace al Estatuto Orgánico que invoca el Director General como base de su actuar en el Oficio de Inicio, el cual fue publicado en el DOF el 4 de septiembre de 2014, pretendiendo sea aplicado retroactivamente por haberse atribuido facultades específicas para “sustanciar los procedimientos relativos al seguimiento de obligaciones y medidas impuestas al agente económico preponderante”, lo que, además de no abarcar los fines que manifiestamente se buscan en el Oficio de Inicio (modificar, suprimir o adicionar medidas), resulta inaplicable a la Resolución de AEP y sus medidas por ser un ordenamiento emitido con posterioridad a aquélla y busca adaptar la estructura orgánica del IFT a la LFTR, mas no a la resolución mencionada.


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