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[Énfasis añadido]

De lo citado, se observa que el Legislador dejó a salvo las resoluciones administrativas que el Instituto hubiere emitido en materia de preponderancia, previo a la entrada en vigor del Decreto de Ley, ello en concordancia con la facultad constitucional otorgada al Instituto de determinar la existencia de agentes económicos preponderantes, siguiendo el procedimiento que en su caso estableciera la legislación vigente en la fecha de su emisión y a falta de disposición expresa, conforme a la LFPA, pues dichos mandatos constitucionales constituían medidas inmediatas necesarias para generar condiciones de competencia en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones54.

En atención a lo anterior, resulta incuestionable que la determinación del Pleno del Instituto como acto administrativo, deberá seguir surtiendo todos sus efectos de manera posterior a la expedición de la LFTR. De esta forma, el Instituto emitió el Oficio con que se dio inicio al procedimiento que nos ocupa, mismo que encuentra su fundamento, entre otros, en las medidas Septuagésima del Anexo 1, Quincuagésima Séptima del Anexo 2 y Vigésima Cuarta del Anexo 3 de la Resolución de AEP, la cuales como ha quedado apuntado siguen surtiendo todos sus efectos, en virtud de lo mandatado en el artículo Trigésimo Quinto Transitorio del Decreto de Ley.

Dichas medidas establecen:

Anexo 1:

SEPTUAGÉSIMA.- El Instituto realizará una evaluación del impacto de las Medidas en términos de competencia cada dos años, a efecto de, en su caso suprimir o modificar las presentes medidas, o en su caso establecer nuevas medidas, incluyendo una o más de las siguientes: la separación estructural, funcional, o la desincorporación de activos del Agente Económico Preponderante, para lo cual, deberá motivar que su determinación resulta proporcional y conducente con los fines que originalmente buscaba cada Medida.”

Anexo 2:

QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA.- El Instituto realizará una evaluación del impacto de las Medidas en términos de competencia cada dos años, a efecto de, en su caso suprimir o modificar las presentes medidas, o en su caso establecer nuevas medidas, incluyendo una o más de las siguientes: la separación estructural, funcional, o la desincorporación de activos del Agente Económico Preponderante, para lo cual, deberá motivar que su determinación resulta proporcional y conducente con los fines que originalmente buscaba cada Medida.”

Anexo 3:

VIGÉSIMA CUARTA.- El Instituto realizará una evaluación del impacto de las medidas en términos de competencia cada dos años, a efecto de, en su caso suprimir o modificar las presentes medidas, o en su caso establecer nuevas medidas, incluyendo una o más de las siguientes: la separación estructural, funcional, o la desincorporación de activos del Agente Económico Preponderante, para lo cual, deberá motivar que su determinación resulta proporcional y conducente con los fines que originalmente buscaba cada Medida.”

Las citadas medidas establecen que el Instituto realizará cada dos años una evaluación del impacto de las mismas en términos de competencia, a efecto de, en su caso, suprimirlas, modificarlas o establecer nuevas, incluyendo una o más relativas a la separación estructural, funcional, o la desincorporación de activos del AEP, debiendo motivar que dichas determinaciones resultan proporcionales con el fin que originalmente buscaba cada medida.

Al respecto, es importante señalar que las medidas son acordes con el mandato constitucional a cargo del Instituto, pues como órgano constitucional autónomo, es apto para producir regulación técnica, de difícil acceso para el proceso legislativo, a la que puede dar seguimiento a corto plazo para adaptarla cuando así se requiera, la cual constituye regulación indispensable para lograr que ciertos mercados y sectores alcancen resultados óptimos. Además, es el Instituto quien tiene el encargo de regular técnicamente los sectores de las telecomunicaciones y la radiodifusión de manera independiente al gozar de una nómina propia de facultades constitucionales.55

En virtud de lo anterior, contrario a lo manifestado, el presente procedimiento encuentra su fundamento en las medidas mismas y no en el régimen transitorio contenido en el Decreto, ya que se trata de un procedimiento administrativo distinto al procedimiento por el que se determinó al AEP y se impusieron las medidas en el año 2014.

Lo anterior se puede corroborar de fojas 4, 5, 6 y 37 del oficio con que se dio inicio al presente procedimiento, en las que se señala expresamente lo siguiente:

En ese sentido, las Medidas Septuagésima de las Medidas Móviles, Quincuagésima Séptima de las Medidas Fijas y Vigésima Cuarta de las Medidas de Desagregación de la Resolución de AEP, establecen que el Instituto realizará cada dos años una evaluación del impacto de las mismas en términos de competencia, a efecto de, en su caso, suprimirlas, modificarlas o establecer nuevas medidas incluyendo una o más de las siguientes: la separación estructural, funcional, o la desincorporación de activos del AEP.



SEGUNDO.- Obligatoriedad de las medidas.- En la Resolución de AEP se determinó al Grupo de Interés Económico del que forman parte América Móvil, S.A.B. de C.V., Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V., Radiomóvil Dipsa, S.A. de C. V., Grupo Carso, S.A.B. de C.V., y Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V., como AEP en el Sector de Telecomunicaciones.



Asimismo, en el Resolutivo Quinto de dicho instrumento estableció que “Las medidas a que se refieren los Resolutivos Tercero y Cuarto de la presente Resolución, serán aplicables a los integrantes del Agente Económico Preponderante en el sector de telecomunicaciones, que cuenten con títulos de concesión de Red Pública de Telecomunicaciones, o que sean propietarios o poseedores de Infraestructura Pasiva relacionada con dichas redes, así como a aquellos que lleven a cabo las actividades reguladas en la presente Resolución.”

Por su parte, en el Resolutivo Sexto de la Resolución de AEP se señaló que las medidas “…serán obligatorias a los miembros que formen parte del Agente Económico Preponderante, así como a las personas que sean sus causahabientes o cesionarios de sus derechos o que resulten de reestructuras corporativas o modificaciones accionarias derivadas de concentraciones de cualquier tipo a agentes vinculados con el Agente Económico Preponderante, para lo cual deberán disponer los términos y condiciones necesarios para ello, a satisfacción del Instituto Federal de Telecomunicaciones, esta prevención deberá aparecer en los documentos, acuerdos o combinaciones en que se contengan las condiciones de cualquier transacción.



Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 6o. y 28, párrafos décimo quinto y décimo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, último párrafo y 15, fracción XX de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; Trigésimo Quinto transitorio del “Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014; 32, 35, fracción I, 36 y 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 18, 20, fracciones VIII y X, 21 y 24, fracciones IV y XVII del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y las Medidas Septuagésima de las Medidas Móviles, Quincuagésima Séptima de las Medidas Fijas y Vigésima Cuarta de las Medidas de Desagregación de la Resolución de AEP, se emite el siguiente:”



[Énfasis añadido]

De lo anterior, se puede observar que el Oficio de Inicio y por tanto el procedimiento en que se actúa se encuentran debidamente fundados y motivados toda vez que por tratarse de un procedimiento distinto al referido en el artículo Octavo Transitorio, fracción III, del Decreto, resultan inaplicables los artículos transitorios de dicho decreto señalados por las manifestantes. Ya que como se señaló claramente en el Oficio de Inicio, el presente procedimiento se realiza con fundamento en las medidas.

Ahora bien, ya que ni la LFTR que es la regulación sustantiva en la materia, ni las medidas mismas, contemplan un procedimiento especial para suprimir, modificar, o adicionar las medidas, se aplica de manera supletoria el ordenamiento jurídico que regula, de manera general, los procedimientos administrativos federales, es decir la LFPA, esto conforme a lo señalado en el artículo 6 de la LFTR.

Al respecto, resulta importante destacar que el procedimiento que nos ocupa cumple con los requisitos establecidos por el Poder Judicial de la Federación para que opere la supletoriedad de leyes56, ya que actualmente se reconoce que la aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede ante una omisión o vacío legislativo que haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, como sucede en la especie.





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