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) Sustanciación del procedimiento con base en disposiciones inaplicables (inaplicabilidad de la Ley)



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5) Sustanciación del procedimiento con base en disposiciones inaplicables (inaplicabilidad de la Ley)


  1. Ley Federal de Procedimiento Administrativo

Manifestaciones de Telcel, Telmex-Telnor y AMX

Señalan que el procedimiento instaurado resulta improcedente y carece de debida fundamentación, toda vez que el Director General pretende fundar el Oficio de Inicio en la LFPA, no obstante es una ley inaplicable al caso, cuando menos de manera directa y primordial, pues el transitorio del Decreto que necesariamente debe regir en materia del procedimiento de preponderancia y emisión de medidas, determina que dicho ordenamiento únicamente será aplicable a falta de disposición expresa sobre la materia, cosa que no sucedió ni sucede en la especie.

Asimismo, manifiestan que a su consideración, existe una falta de fundamentación debida que es evidente en el Oficio de Inicio ya que, el Congreso de la Unión habría de realizar las adecuaciones necesarias al marco normativo en un término de 180 días conforme al artículo Tercero Transitorio del propio Decreto y dictar las leyes reglamentarias que contuvieran los procedimientos especiales sobre los que el IFT debía conocer e insiste en que la norma transitoria reconoce la existencia y ordena la aplicación de la legislación que estuviera vigente al emitirse la Resolución de AEP y sus medidas. Así pues, se invoca como fundamento la LFPA, no obstante que ese ordenamiento sólo estaba habilitado en el Noveno Transitorio del Decreto de manera subsidiaria.

Además, afirman que la falta de fundamentación debida es manifiesta en el Oficio de Inicio, pues si se tratara de una acto administrativo que se pretende basar en el procedimiento anterior de Resolución de AEP y sus medidas, entonces la fracción III, del Octavo y el Noveno transitorios del Decreto son las normas que necesariamente rigen a la causa. No obstante, en el párrafo de la pretendida fundamentación en el Oficio de Inicio, se omite mencionar dichos transitorios.

Señalan además, que la interpretación originaria del referido Decreto es y ha sido determinar la aplicabilidad de los siguientes ordenamientos jurídicos, en el orden en que se expone a continuación: (i) legislación reglamentaria “nueva” si hubiera sido emitida al dictarse la Resolución de AEP y sus medidas –cosa que no sucedió en los hechos-; (ii) la LFT y la LFCE anterior vigentes al momento de la reforma; y, (iii) sólo en caso de que en ellas no exista disposición expresa aplicar supletoriamente la LFPA.

Lo anterior, según señalan, no sólo resulta de la lectura de las disposiciones transitorias del Decreto, sino también del Dictamen del Senado de la República que, en lo conducente, admitió que la LFPA fungiera sólo de manera supletoria a la legislación vigente. Lo que implica el reconocimiento de dos leyes secundarias aún vigentes que no fueron abrogadas y que están consideradas por el Decreto: LFT y LFCE anterior. En específico el IFT estaba obligado a observar los procedimientos previstos en los artículos 63 de la LFT y 33 de la LFCE.




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