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) Procedimientos pendientes de resolución



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3) Procedimientos pendientes de resolución


Manifestaciones de Telcel, Telmex-Telnor

Consideran que el Instituto ignora las resoluciones emitidas en procedimientos previos iniciados por autoridades de competencia económica y/o telecomunicaciones, así como su estado procesal.

Señalan que en los antecedentes del Oficio de Inicio se menciona la publicación en el DOF del Decreto y el contenido de las fracciones III y IV del artículo Octavo Transitorio, así como la Resolución de AEP y sus anexos, lo que demuestra el vínculo entre ese procedimiento y el que se lleva a cabo, sin embargo, en el Oficio de Inicio se omitió precisar que se presentó demanda de amparo en contra de la Resolución AEP y sus Anexos, y que dicho juicio se encuentra en grado de revisión pendiente de resolución. Asimismo, consideran que no puede tratárseles como parte del GIE porque la Resolución de AEP se encuentra sub judice.

Consideran que no es jurídicamente procedente pronunciar la decisión sobre la modificación, supresión o adición de medidas que se dicen necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia sino hasta que se emita la decisión terminal firme en los procedimientos administrativos previos que se han planteado respecto o en su contra y que se encuentran sub judice, en términos del artículo 366 CFPC que establece que “el proceso se suspenderá cuando no pueda pronunciarse la decisión, sino hasta que se pronuncie una resolución en otro negocio, y en cualquier otro caso determinado por la ley”.

Continúan señalando que no es posible jurídicamente pronunciar la decisión definitiva en este expediente en virtud de que no han sido resueltos en definitiva ni de manera inatacable los expedientes: i) el relativo a la emisión de la Resolución de AEP y sus Anexos, reclamados mediante juicios de amparo y ii) los expedientes iniciados por la autoridad de competencia para declarar agente económico con poder sustancial en mercados relevantes.

Manifiestan que si se llegase a decretar por resolución definitiva y firme la legalidad, validez y suficiencia de lo resuelto en cualesquiera de los casos de Preponderancia o de los expedientes iniciados ante COFECO, o bien la ilegalidad o invalidez de una o todas las resoluciones, actos administrativos o leyes aplicadas en dichos procedimientos, tendría un efecto particularmente trascendente en la materia del expediente que nos ocupa incluso al grado de que éste quedare sin materia. Por tanto no es posible en este momento emitir resolución en el presente procedimiento administrativo.

Consideran que el expediente en el que se actúa se refiere a los mismos propósitos, fines, hechos y condiciones de aquellos expedientes tramitados en otra instancia, por lo que al ser éste procedimiento posterior debe considerarse improcedente, salvo que expresamente se decrete el cierre de aquéllos y se diga que han quedado sin materia sus determinaciones (Artículo 31, fracción IV, del Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica). Evitando de esta manera que sean colocados en un plano de vulneración a sus derechos procesales y garantías al pretender que se tramiten múltiples procedimientos en su perjuicio que tengan los mismos propósitos e incluyan o resuelvan sobre las mismas cuestiones.

Finalmente, señalan que en el Oficio de Inicio no se funda ni motiva en forma alguna que a la fecha y para efectos de este expediente pudiera existir un GIE ni un AEP, lo que también trasciende a la indefensión en que se ubican en este procedimiento.




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