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Consideraciones del Instituto



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Consideraciones del Instituto

Respecto de las manifestaciones anteriores, es preciso señalar que para el cumplimiento de las obligaciones del Instituto, en particular de la auto exigencia que el Instituto se asignó de revisar las medidas asimétricas que se impusieron con la Resolución de AEP, orientadas a que con dichas medidas se generen condiciones de competencia y libre concurrencia en el mercado en beneficio del usuario final, consideró diversos elementos, como son:



  • La modificación en la estructura del AEP (Opsimex, Sercotel y Telesites);

  • El Análisis en Materia de Competencia, del que se desprenden la metodología para la evaluación de las medidas, su propósito y el impacto en materia de competencia;

  • Exploración detallada de los servicios de telecomunicaciones móviles en materia de interconexión, infraestructura pasiva móvil, servicios mayoristas de Usuario Visitante y de comercialización y reventa por parte de OMV;

  • Análisis de los servicios de telecomunicaciones fijos en materia de interconexión, arrendamiento de enlaces dedicados, infraestructura pasiva fija, servicios de desagregación y de contenidos audiovisuales relevantes;

  • Los CMI, las Ofertas de Referencia y el SEG, y

  • Motivó el enfoque de la evaluación bienal, con base en lo dispuesto en Decreto, la Constitución, la LFTR, referencias internacionales y denuncias presentadas al Instituto respecto de la prestación de servicios.

Esto es, las medidas Septuagésima del Anexo 18, Quincuagésima Séptima del Anexo 29 y Vigésima Cuarta del Anexo 310 de la Resolución de AEP permiten al Instituto realizar una evaluación de impacto en términos de competencia cada dos años, mismas que a la letra señalan:

El Instituto realizará una evaluación del impacto de las Medidas en términos de competencia cada dos años, a efecto de, en su caso suprimir o modificar las presentes medidas, o en su caso establecer nuevas medidas, incluyendo una o más de las siguientes: la separación estructural, funcional, o la desincorporación de activos del Agente Económico Preponderante, para lo cual, deberá motivar que su determinación resulta proporcional y conducente con los fines que originalmente buscaba cada Medida.”

Transcurridos dos años de que entraron en vigor las medidas impuestas al AEP, el Instituto en el ejercicio de sus atribuciones evalúa su impacto, lo que trae como consecuencia la supresión, modificación o adición de medidas, toda vez que es obligación de la autoridad vigilar que en el mercado se generen condiciones de competencia y libre concurrencia, tal y como lo establecen los artículos 28 constitucional y 211 de la LFTR al señalar que el Estado, al ejercer la rectoría en la materia, entre otras, garantizará la eficiente prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y para tales efectos establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Lo que de ninguna manera puede interpretarse como lo refieren que el Instituto solo pueda i) suprimir o modificar medidas o ii) establecer nuevas.

Por otro lado, en el Oficio de Inicio de procedimiento se señalaron claramente todos los elementos que se analizaron para la emisión de la propuesta de medidas a suprimir, modificar o adicionar, por lo que las manifestaciones que hacen valer son infundadas, porque en todo momento se respetaron sus derechos fundamentales de seguridad jurídica y debido proceso, pues a través del Oficio de Inicio de procedimiento se les dieron a conocer los elementos que se tomaron en consideración para su emisión, se les otorgó el derecho de audiencia, se puso el expediente a su disposición, durante el procedimiento tuvieron la oportunidad de alegar lo que a su derecho convino y ofrecer las pruebas que resultaran de su interés y de las constancias que integran el expediente se acredita que así lo hicieron, comparecieron ejerciendo su derecho de audiencia, se impusieron de las actuaciones, presentaron los elementos de prueba que consideraron necesarios para acreditar sus manifestaciones, con lo que queda plenamente acreditado que se salvaguardaron en todo momento sus derechos y el debido proceso.

Por lo anterior, debe concluirse que el Oficio de Inicio de procedimiento de ninguna forma constituye una resolución provisional, por lo que sus manifestaciones resultan infundadas.


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