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2) Aclaraciones previas


Manifestaciones de Telcel y Telmex-Telnor

Las manifestantes consideran que el oficio que dio inicio al procedimiento administrativo que se instauró, constituye una resolución provisional o preliminar. En esos términos, en el oficio no se expresan hechos que pudieren responder ni pruebas que refutar, lo que restringe y hace nugatorios sus derechos procesales y fundamentales. Ello, no obstante que a partir de la primera Resolución de AEP y sus anexos, existen hechos de ejecución y cumplimiento que llevó a cabo y que son, de manera inexplicable, preteridos del supuesto análisis que se pretende plasmar en el Oficio de Inicio.

Señalan que los objetivos del Oficio de Inicio y del procedimiento son ilegales e inadecuados respecto de lo que indican las medidas Septuagésima del Anexo 1 y Vigésima Cuarta del Anexo 3 de la Resolución de AEP, lo que determina la improcedencia del procedimiento y la ilegalidad de los anexos que se proyectan. Manifiestan que según el texto de esas medidas la evaluación del impacto en materia de competencia de las medidas de la Resolución de AEP podía resultar "en su caso, suprimir o modificar las presentes medidas, o en su caso establecer nuevas medidas". Esto es, esas medidas prevén dos posibles escenarios: (i) el de suprimir o modificar"; o bien (ii) el de establecer nuevas medidas, por lo que no es posible pretender las dos cosas, como se desprende del Oficio de Inicio que resulta entonces ilegal, inadecuado y lesivo de sus derechos.

Esto es, en términos textuales de las medidas mencionadas, el Instituto sólo podría "en su caso" eliminar o modificar medidas; o bien "en su caso" [otro "caso" evidentemente] establecer algunas medidas nuevas. Pero lo que no es posible es hacer ambas cosas, por lo que al intentarlo en este procedimiento se actúa en violación de las disposiciones establecidas en la Resolución de AEP y sus medidas, en su agravio.




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