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Consideraciones del Instituto



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Consideraciones del Instituto

Las manifestaciones realizadas por los miembros del AEP de que se trata son jurídicamente infundadas, toda vez que parten de la errónea premisa de que en términos del Octavo Transitorio del Decreto, no puede considerárseles como integrantes del AEP porque se encuentran incapacitadas para cumplir con las Medidas impuestas a través de la Resolución de AEP, puesto que no cuentan con un título de concesión que les otorgue la capacidad de prestar servicios de telecomunicaciones.

Se advierte lo anterior, en virtud de que el procedimiento que derivó de los artículos Octavo y Noveno Transitorios del Decreto y que concluyó con la Resolución de AEP y las Medidas, es independiente del procedimiento consistente en la evaluación del impacto en términos de competencia de las Medidas que en este acto se resuelve.

Para explicar lo anterior, es necesario señalar que el artículo Octavo Transitorio, primer párrafo de la fracción III2, del Decreto, estableció que una vez constituido el Instituto, debía determinar la existencia de Agentes Económicos Preponderantes, en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones respectivamente, e imponer las medidas necesarias para evitar que se afectara la competencia y libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales.

Las medidas a imponer al AEP debían incluir, en lo aplicable, lo relacionado con información, oferta y calidad de servicios, acuerdos en exclusiva, limitaciones al uso de equipos terminales entre redes, regulación asimétrica en tarifas e infraestructuras de red, incluyendo la desagregación de sus elementos esenciales y, en su caso, la separación contable, funcional o estructural de dichos agentes.

Adicionalmente, el artículo Noveno Transitorio del Decreto3, estableció que en relación con las resoluciones a que se referían las fracciones III y IV del Octavo Transitorio, el Instituto debía pronunciarse de conformidad con el procedimiento que estableciera la legislación vigente en la fecha de su emisión y a falta de disposición expresa, conforme a la LFPA.

De lo anterior, se advierte que el Constituyente ordenó el análisis del Agente Económico para la determinación de preponderancia, por lo que el Instituto estaba obligado a emitir las resoluciones de preponderancia.

Así, en ejercicio de sus facultades constitucionales, el 6 de marzo de 2014, mediante la Resolución de AEP, el Instituto determinó como AEP en el sector de telecomunicaciones al GIE conformado por América Móvil, S.A.B. de C.V., Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V., Radiomóvil Dipsa, S.A.B. de C. V., Grupo Carso, S.A.B. de C.V., y Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V., e impuso Medidas Móviles, Medidas Fijas, Medidas de Desagregación y Medidas de Contenidos, para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales.

Mediante la emisión de la Resolución de AEP y las Medidas se puso fin al procedimiento administrativo iniciado en 2013 en cumplimiento a lo dispuesto en las fracciones III y IV del artículo Octavo Transitorio del Decreto. La referida Resolución de AEP y las Medidas constituye una resolución definitiva que tuvo por objeto determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones, así como establecer las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales, tan es así, que la misma fue impugnada en diversos juicios de amparo como los juicios de amparo 19/2017 y 20/2014, promovido por Grupo Inbursa y Grupo Carso, respectivamente, radicados en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, resueltos en revisión el primero de ellos en el RA. 80/2016 y el segundo en el RA. 80/2015 por Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República.

En ese sentido, la Resolución de AEP y las medidas como acto administrativo que goza de presunción de validez, surte todos sus efectos de conformidad con del artículo Trigésimo Quinto Transitorio del Decreto de Ley, por lo que el Instituto, en pleno ejercicio de sus facultades, emitió debidamente el Oficio de Inicio, con fundamento, entre otros, en las Medidas Septuagésima del Anexo 1, Quincuagésima Séptima del Anexo 2 y Vigésima Cuarta del Anexo 3 de la Resolución de AEP, pues efectivamente, el fundamento que da origen al presente procedimiento son las medidas mismas y no los artículos transitorios contenidos en el Decreto, pues se reitera, la evaluación bienal es un procedimiento administrativo distinto del procedimiento por el que se determinó al AEP y se impusieron las medidas en el año 2014.

Por lo anterior, resulta improcedente que las manifestantes pretendan hacer valer argumentos en contra de la determinación de AEP que concluyó con la emisión de la Resolución de AEP y las medidas, especialmente porque las empresas pertenecientes al GIE determinado como AEP tuvieron conocimiento de dicha resolución en tiempo y forma, y por tanto, del momento procesal oportuno para ejercer el medio de defensa que correspondiere.

Se corrobora lo anterior, pues las manifestantes confiesan expresamente4 en sus escritos, que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, negó el amparo solicitado a través de diversos juicios de amparo promovidos en contra de la Resolución de AEP y las medidas, lo cual permite concluir que la determinación del AEP en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones que establecía el Decreto no es materia del presente procedimiento.

Por otro lado, las manifestantes señalan que las medidas, únicamente le serán aplicables a Grupo Carso y Grupo Inbursa, en la medida en que tengan injerencia directa o indirecta en la utilización o control de la infraestructura, la prestación de los servicios y la utilización o control de los insumos relacionados con la prestación de los servicios de telecomunicaciones, lo cual, a su consideración, de ninguna forma se actualiza en el caso y por ende no es dable aplicarles ni las medidas ni las modificaciones que en su caso determine el Instituto.

Al respecto, sus manifestaciones son ambiguas y superficiales5puesto que se limitan a señalar que no le son aplicables las medidas y en su caso la supresión, modificación y adición a las mismas, ya que se encuentran jurídicamente incapacitadas para cumplirlas por no contar con un título de concesión, así como tener un objeto social distinto al servicio de telecomunicaciones, sin que sean argumentos tendientes a desvirtuar el contenido del Oficio de Inicio.

Asimismo, el perjuicio alegado por las manifestantes relativo a la inaplicabilidad de las medidas, por no ser concesionarias y/o tener objeto social diverso al perseguido por el Instituto, fue materia de estudio tanto en la Resolución de AEP y medidas6, así como en lo ya resuelto en diversos juicios de amparo 41/2014, 19/2014 y 20/2014, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, por lo que es posible afirmar que las manifestantes tuvieron conocimiento de la razones jurídicas por las que el Instituto las consideró como parte integrante del AEP, y pudieron interponer los medios de defensa pertinentes, por lo cual es improcedente que pretendan alegar inaplicabilidad y perjuicio en su contra respecto de la evaluación bienal.

En efecto, el Oficio de Inicio no les causa perjuicio alguno ni les impone obligaciones adicionales, al contrario, con la finalidad de brindar certeza jurídica a todos los integrantes del AEP, se consideró necesario hacer de su conocimiento el procedimiento de evaluación de impacto en términos de competencia de las medidas, a efecto de, en su caso, suprimirlas, modificarlas o establecer nuevas, puesto que el hecho que a algunas de las empresas pertenecientes al GIE declarado como AEP no les revista el carácter de concesionario, no las exime de su cumplimiento, máxime que las manifestantes tienen conocimiento de que serán destinatarias de las obligaciones establecidas, en la medida en que tengan injerencia, directa o indirecta en la utilización o control de la infraestructura, la prestación de los servicios de telecomunicaciones y la utilización o control de los insumos relacionados con tal prestación.7

Por lo anterior, resultan infundadas e inoperantes las manifestaciones realizadas por Grupo Carso y Grupo Inbursa, por no desvirtuar el contenido del Oficio de Inicio o, en su caso, demostrar el perjuicio causado por el procedimiento de evaluación de impacto en términos de competencia de las medidas impuestas mediante la Resolución de AEP.


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