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CONSIDERANDOS PRIMERO.- COMPETENCIA DEL INSTITUTO



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CONSIDERANDOS

PRIMERO.- COMPETENCIA DEL INSTITUTO


De conformidad con el artículo 28, párrafo décimo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo, la “Constitución”) el Instituto es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en la propia Constitución y en los términos que fijen las leyes.

Para tal efecto, tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. de la Constitución.

Asimismo, es autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en forma exclusiva las facultades que prevé dicho artículo y las que las leyes establecen para la CFCE y regulará de forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia.

Por otra parte, en cumplimiento con lo establecido en el artículo Octavo Transitorio, fracción III, del Decreto, mediante la Resolución de AEP, el Instituto determinó la existencia del AEP, en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones, e impuso las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales. Las medidas del Anexo 1, Anexo 2, Anexo 3 y Anexo 4 están relacionadas con información, oferta y calidad de servicios, acuerdos en exclusiva, limitaciones al uso de equipos terminales entre redes, regulación asimétrica en tarifas e infraestructuras de red, incluyendo la desagregación de sus elementos esenciales y, en su caso, la separación contable, funcional o estructural de dichos agentes.

En ese tenor, el Instituto, en aras de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto tanto por la Constitución, en las medidas Septuagésima del Anexo 1, Quincuagésima Séptima del Anexo 2 y Vigésima Cuarta del Anexo 3 de la Resolución de AEP, se comprometió a realizar una evaluación del impacto de las medidas en términos de competencia cada dos años (plazo que ha transcurrido desde la Resolución de AEP) para efectos de, en su caso, suprimirlas, modificarlas o en su caso, establecer nuevas medidas, entre las que se observan, de manera enunciativa, la posibilidad de establecer “la separación estructural, funcional o la desincorporación de activos” del AEP, para lo cual, se debe motivar que su determinación resulta proporcional y conducente con los fines que originalmente buscaba cada medida, siendo precisamente el ejercicio que se realiza sobre las medidas referidas.

Es decir, el Instituto, una vez realizada la evaluación en materia de competencia de las medidas, está facultado para modificar, suprimir o adicionar medidas, pudiendo incluir una o más de las siguientes: la separación estructural, funcional, o la desincorporación de activos del AEP. Lo anterior en aras de cumplir con lo dispuesto por el artículo 28 constitucional, es decir, regular y promover la competencia y el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones, establecer las condiciones de competencia efectiva que considere necesarias en la prestación de los servicios de telecomunicaciones.

El Trigésimo Quinto Transitorio del Decreto de Ley dispone que las resoluciones administrativas que el Instituto hubiere emitido previamente a la entrada en vigor del mismo en materia de preponderancia, continuarán surtiendo todos sus efectos.

Por lo anterior, en términos de los artículos 7, 15, fracción XVIII, 16, 17 fracción I, 265 último párrafo, 267 y 269, de la LFTR y la Resolución de AEP, el Pleno del Instituto es competente para resolver el presente asunto.



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