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Consideraciones del Instituto



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Consideraciones del Instituto

Al respecto, no le asiste la razón a Telmex y Telnor por los motivos que se explicarán en los siguientes párrafos.

Antes de entrar a detalle, debe de tenerse en cuenta las consideraciones del Instituto vertidas en el tema “VIOLACIÓN A DERECHOS ADQUIRIDOS Y SITUACIONES PREEXISTENTES. AFECTACIÓN DE LOS TÍTULOS DE CONCESIÓN”, argumentos que por economía procesal se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen en obvio de repeticiones innecesarias, relativas a que el procedimiento que en este acto se resuelve, consistente en la evaluación bienal, en términos de competencia, constituye un acto regulatorio que puede modificar las cláusulas regulatorias contenidas en los títulos habilitantes, sin que ello signifique violación a la garantía de irretroactividad, toda vez que dicha evaluación es un mecanismo regulatorio que tiene por objeto fortalecer ciertas medidas ya contempladas en la Resolución de AEP y en su caso adicionar las medidas que aseguren la no discriminación en la provisión de servicios regulados, con el fin de alcanzar la competencia efectiva y, por ende, mejores condiciones a los usuarios finales.

Con lo anterior, queda demostrado que por lo que hace a los derechos adquiridos derivados de la concesión, no se violó en perjuicio de las manifestantes la garantía establecida en el artículo 14 Constitucional, pues tratándose de las cláusulas regulatorias contenidas en los títulos habilitantes correspondientes, se encuentran sujetas a modificaciones según lo exija el orden público e interés social, lo que en el presente caso, consiste en la necesidad de generar condiciones de competencia en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, a efecto de mejorar la oferta de dichos servicios, su calidad y los precios a los usuarios.

Ahora bien, en referencia a lo expresado por Telmex y Telnor en el sentido de que se revocaron los derechos al equilibrio económico-financiero con las medidas propuestas, no le asiste la razón, como se demostrará en los siguientes párrafos.

El artículo 6, inciso B, fracción II de la Constitución señala que las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el estado garantizará competencia, calidad, pluralidad cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.

Ahora bien, el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la necesidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar e impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno.

Así por disposiciones de orden público deben entenderse las plasmadas en los ordenamientos legales que tengan como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un mal público.

En ese orden de ideas, la Resolución AEP y la imposición de medidas, así como la presente evaluación, tienen como finalidad evitar que se afectara la competencia y libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales. Es así, que Telmex y Telnor no pueden invocar un supuesto grupo de jubilados afectados, toda vez que las medidas son un acto que traerá beneficios de una necesidad colectiva, y con ello se fomentará la competencia y la libre concurrencia.

De la misma manera, son inoperantes los argumentos relativos a que con los cambios efectuados en las medidas propuestas, ya no es cierta la premisa sobre la cual Telmex y Telnor aceptaron los títulos de concesión respectivos; dado que subsisten las obligaciones pero se revocaron los derechos al equilibrio económico-financiero, por las siguientes consideraciones.

La condición 2-1 de los títulos de concesión de Telmex y Telnor denominada “Legislación aplicable” señala:

El servicio público concesionado por medio de este Título, se rige por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Vías Generales de Comunicación, la Ley General de Bienes Nacionales y sus Reglamentos, y por toda aquella legislación que se emita aplicable a la materia; por los convenios. Acuerdos y tratados internacionales suscritos y en los que en un futuro suscriba en la materia el Gobierno Mexicano y por los términos mismos de esta concesión”.

En la condición citada, se ordena que el servicio público objeto de la concesión se regirá, entre otros, por la Constitución y por aquella legislación que resulte aplicable en la materia.

Entonces, desde que se le otorgaron los títulos de concesión a Telmex y a Telnor estuvieron de acuerdo con respetar la legislación que se emitiera en materia de telecomunicaciones, como lo es en el presente asunto, la Resolución de AEP y las medidas; máxime que con las citadas medidas se busca evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales.

De la misma manera funciona la consideración estudiada para lo señalado por Telmex y Telnor en el sentido de que la forma en la que el Instituto calcula los “costos incrementales promedio de largo plazo” para determinar con base en esa métrica las tarifas de compartición de infraestructura, enlaces, desagregación e interconexión no incluyen en sus análisis el efecto de las obligaciones laborales de la empresa no obstante existe disposición expresa en el propio título en el sentido de que se deben reconocer todos los “costos” de Telmex y Telnor entre los que se encuentran los derechos de sus trabajadores.

Si bien es cierto, en sus títulos de concesión se encuentra el cálculo de los costos incrementales promedio de largo plazo, también lo es que en la actualidad existen las medidas que son aplicables para determinar la métrica de las tarifas de compartición de infraestructura, enlaces, desagregación e interconexión. Dichas medidas deben de ser acatadas por Telmex y Telnor, toda vez que, como lo indican sus títulos de concesión, estuvieron de acuerdo con respetar la legislación que se emitiera en materia de telecomunicaciones, como lo son las medidas.

Lo manifestado por Telmex y Telnor referente a que el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones es el principal objetivo del Instituto, independientemente de lo que desde el punto de vista estrictamente de competencia económica pueda opinar la Unidad respectiva (artículo 28 Constitucional) y que por lo tanto, las medidas que se proponen no ayudan a alcanzar ese objetivo, sobre todo si se propone que ese desarrollo eficiente se mantenga como una constante en el largo plazo y se disparen las inversiones en el sector. Entendiendo inversiones como la adquisición y puesta en operación de equipos, instalaciones y tendido de líneas y no simplemente como la compraventa de acciones entre distintos grupos de inversionistas, es inoperante e improcedente como se demostrará a continuación.

De conformidad con el artículo 28, párrafo décimo quinto de la Constitución, el Instituto es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en la propia Constitución y en los términos que fijen las leyes.

Para tal efecto, tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. de la Constitución.

En términos de lo dispuesto por el párrafo décimo sexto del artículo 28 de la Constitución, el Instituto es también la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en forma exclusiva las facultades que prevé dicho artículo y las que las leyes establecen para la COFECE, y regulará de forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia.

Por otra parte, en cumplimiento a lo establecido en el artículo Octavo Transitorio, fracción III del Decreto, mediante la Resolución de AEP, el Instituto determinó la existencia de agentes económicos preponderantes, en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones, e impuso las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales. Las medidas están relacionadas con información, oferta y calidad de servicios, acuerdos en exclusiva, limitaciones al uso de equipos terminales entre redes, regulación asimétrica en tarifas e infraestructuras de red, incluyendo la desagregación de sus elementos esenciales y, en su caso, la separación contable, funcional o estructural de dichos agentes.

Como observamos de los párrafos anteriores, el Instituto en apego al mandato Constitucional ha emitido la Resolución de AEP y sus medidas, siempre velando porque se evite una afectación a la competencia y a la libre concurrencia. Por lo que no le asiste la razón a Telmex y Telnor, quienes únicamente se limitan a señalar que las medidas que se proponen no ayudan a alcanzar el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, sin que se proporcionen elementos suficientes, información precisa, datos duros justificables que auxilien a demostrar la razón de su dicho, en consecuencia, resultan ineficaces sus argumentos.

Respecto a lo manifestado por Telmex y Telnor en el sentido de que las medidas que se proponen pierden de vista a los otros grupos de personas que se verían afectados en caso de ser aplicadas, es improcedente, por las siguientes consideraciones.

Las medidas propuestas tienen como objeto evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales. Las citadas medidas serán aplicables los integrantes del AEP. Las medidas están relacionadas con información, oferta y calidad de servicios, acuerdos en exclusiva, limitaciones al uso de equipos terminales entre redes, regulación asimétrica en tarifas e infraestructuras de red, incluyendo la desagregación de sus elementos esenciales y, en su caso, la separación contable, funcional o estructural de dichos agentes.

Con lo anterior, se evidencia que la aplicación de las medidas está destinada específicamente a los integrantes del AEP, así como a las personas que sean sus causahabientes o cesionarios de sus derechos o que resulten de reestructuras corporativas o modificaciones accionarias derivadas de concentraciones de cualquier tipo a agentes vinculados con el AEP, es por ello, que este Instituto no puede ir más allá de sus atribuciones como lo pretende Telmex y Telnor, pretendiendo que se observen otros grupos de personas supuestamente afectados con la aplicación de las mismas.

Asimismo, Telmex y Telnor no aportan elementos suficientes, información precisa, datos duros justificables que auxilien a demostrar la razón del por qué se afectan los grupos que menciona, en consecuencia, resultan ineficaces sus argumentos




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