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25) Título de concesión


Manifestaciones de Telmex-Telnor

Manifiestan que los títulos de concesión exigieron de Telmex y Telnor, respetar los derechos de los trabajadores contratados bajo la administración del Estado, esto es, conservar un esquema de jubilación para todos los trabajadores que al llegar a cierta edad -55 años- y ciertos años de servicio -entre 25 y 30- pueden aspirar al 100% o más de su salario ajustado anualmente al igual que los trabajadores en activo, y efectuar cuantiosas inversiones a efecto de proporcionar los servicios de telecomunicaciones al mayor número posible de usuarios, incluyendo comunidades rurales de más de 500 habitantes; y sobre la base de que los ingresos provenientes como contraprestación (i) por los servicios de interconexión a los otros operadores, y (ii) por los servicios de telecomunicaciones a nuestros usuarios, serían suficientes para permitir el equilibrio económico-financiero.

Sin embargo, con los cambios efectuados ya no es cierta la premisa sobre la cual Telmex y Telnor aceptaron los títulos de concesión respectivos; subsisten las obligaciones pero se revocaron los derechos al equilibrio económico-financiero.

Adicionado al hecho de que se les impide por mandato legal, en contra del texto expreso de sus títulos de concesión, cobrar los servicios de larga distancia nacional y de interconexión de terminación. Y a que se les obliga a cobrar los servicios que presta a sus competidores a un costo integral promedio de largo plazo hipotético que no reconoce los costos verdaderos de otorgar estos últimos servicios.

Señalan que a la fecha de la expedición del título de concesión de 1990 de Telmex ya se encontraba vigente el Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y Telmex que incluye entre otras disposiciones la obligación a cargo del patrón de cubrir a todos los trabajadores jubilados una pensión vitalicia que necesariamente gravita sobre los resultados financieros de la empresa , que como ya se dijo, esa obligación gira alrededor de 65 mil empleados a la fecha.

Dicen que la forma en la que el Instituto calcula los “costos incrementales promedio de largo plazo” para determinar con base en esa métrica las tarifas de compartición de infraestructura, enlaces, desagregación e interconexión no incluyen en sus análisis el efecto de las obligaciones laborales de la empresa no obstante existe disposición expresa en el propio título en el sentido de que se deben reconocer todos los “costos” de Telmex y Telnor entre los que se encuentran los derechos de sus trabajadores.

Continúan expresando que el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones es el principal objetivo del Instituto, independientemente de lo que desde el punto de vista estrictamente de competencia económica pueda opinar la Unidad respectiva (artículo 28 Constitucional).

Indican que las medidas que se proponen no ayudan a alcanzar ese objetivo, sobre todo si se propone que ese desarrollo eficiente se mantenga como una constante en el largo plazo y se disparen las inversiones en el sector. Entendiendo inversiones como la adquisición y puesta en operación de equipos, instalaciones y tendido de líneas y no simplemente como la compraventa de acciones entre distintos grupos de inversionistas.

Expresan que las medidas que ya se impusieron, y que desde el punto de vista de participación de mercado de los competidores y de reducción de precios a los consumidores han sido extremadamente exitosas, y que no lo han sido así desde el punto de vista del equilibrio económico financiero de las concesiones de Telmex y de Telnor. Por el contrario han sido muy disruptivas, han reducido de manera muy importante los márgenes de operación (el primer semestre de 2016 la empresa obtuvo una pérdida neta) y han dañado la posibilidad de inversión a largo plazo de Telmex y Telnor, lo que a su vez les puede impedir contribuir de manera más eficiente al desarrollo eficiente de las telecomunicaciones en beneficio de los usuarios de los correspondientes servicios.

Arguyen que las medidas que se proponen pierden de vista a los otros grupos de personas que se verían afectados en caso de ser aplicadas. Esto es, toda vez que los recursos no son infinitos, el esfuerzo concentrado en uno sólo de los objetivos de la reforma constitucional (participación de mercado), puede ir en perjuicio de los otros objetivos y se compromete el interés legítimo, también protegido por la Constitución de los siguientes grupos:



  1. El de aquellas personas que aún no tienen acceso a la tecnología o a los servicios de telecomunicaciones, o lo tienen limitado, a pesar de tener un derecho reconocido y garantizado por el artículo 6º Constitucional, al concentrar todos los recursos en subsidiar y proteger a los competidores y en generar una reducción notable de los ingresos de la empresa de telefonía fija, que le imposibilitará invertir en una infraestructura con un mayor alcance geográfico;

  2. El de los empleados sindicalizados y no sindicalizados del AEP concesionario de telefonía fija cuyos derechos a la permanencia en el empleo y a conservar sus derechos adquiridos en términos del artículo 123 Constitucional y Décimo Octavo Transitorio de la Reforma a la Constitución en materia de telecomunicaciones y las condiciones 1–4 y 1–5 del título de concesión no podrán ser respetados ante la carencia de recursos económicos suficientes para aportar al fondo de jubilaciones y para conservar el número de empleados actual. Al excluir de los modelos de costos que determina el Instituto, tanto aquellos diseñados para determinar el precio que se debe cargar por los servicios de desagregación de infraestructura y de interconexión, como los relacionados con servicios prestados a los usuarios, el costo verdadero de la mano de obra genera un déficit que necesariamente generará en mis representadas la imposibilidad de cubrir todas las prestaciones legales y contractuales a que tienen derecho;

  3. El de los beneficiarios de los programas de telefonía social, y telefonía pública que no podrán ver crecer sus servicios ante la incapacidad de subsidiarlos ya que en los análisis de costos, para determinar los precios de los servicios de interconexión o desagregación, se excluye el impacto que dichos programas tienen en el costo total de la empresa;

  4. El de los pequeños inversionistas que adquirieron sus acciones en el mercado de valores suponiendo que el marco regulatorio de nuestro país protegía el estado de derecho, y los derechos adquiridos legalmente previos a cualquier reforma legal y por lo tanto el título de concesión en sus términos y que ven que el valor de su inversión se ha disminuido y seguirá perdiendo valor a medida de que se contraigan los ingresos y se aumenten los gastos de mis mandantes;

  5. El de la economía nacional en su conjunto ya que una contracción de ingresos en el sector de telecomunicaciones tendrá efectos multiplicadores en el conjunto de la economía por las repercusiones con los fabricantes de equipos, proveedores de servicios, y la cadena de valor de cada uno de ellos, y

  6. Asimismo se reduce la competitividad del AEP en materia de telefonía fija y de todos los operadores en su conjunto.

Continúan manifestando que la normativa propuesta niega condiciones específicas del título de concesión de Telmex y Telnor en las que se establece que, en el caso de Interconexión (título de concesión, apartado 5-2) “un concesionario pague el costo de todo aquello que sea necesario para establecer y mantener la conexión, con un arreglo que incluya una asignación completa de los costos atribuibles de los servicios que se han provistos” o en el caso de enlaces dedicados (título de concesión, apartado 6-12) “las tarifas para el servicio de renta de circuitos dedicados para conducción de señales estará en régimen de competencia”. Estas condiciones del título se pactaron para garantizar que Telmex y Telnor podrían operar de forma rentable sus redes, así como seguir teniendo un incentivo al despliegue y mejora de las mismas. Contravenir estas condiciones, tiene un claro impacto en la calidad de las redes y las condiciones de los productos que se podrían ofrecer en México, así como de la adopción de nuevas tecnologías, lo que podría retrasar el desarrollo tecnológico del país, incrementar la brecha digital, y disminuir la calidad de los servicios que disfrutan los ciudadanos.

Citan a manera de resumen que el cumplimiento de las medidas planteadas por el Instituto contraviene los objetivos planteados dentro del título de concesión así como varias de las obligaciones derivadas para Telmex y Telnor, poniendo en riesgo su habilidad para cumplir con sus responsabilidades y su viabilidad como concesionario sin que existan además, razones justificadas para los cambios propuestos.




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