Sccr/35 Estudio actualizado y análisis adicional


Análisis complementario y conclusiones



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Análisis complementario y conclusiones


En el presente estudio actualizado y su correspondiente análisis ampliado, no se ha extraído ninguna conclusión sensiblemente diferente a lo ya constatado en el estudio anterior. En resumen, los resultados de este estudio actualizado son los siguientes.

En primer lugar, si bien en este estudio se han identificado dos formulaciones diferentes y diferenciadas aplicadas por los Estados miembros a las limitaciones y excepciones que permiten “adaptaciones” o “traducciones” (las formulaciones “adaptación o traducción” y “obra original”), ambas son en realidad aspectos complementarios de la tercera formulación, la de “utilización”, aplicada por muchos Estados miembros. Por este motivo, el número total de Estados que han adoptado las formulaciones “adaptación o traducción” y “obra original” y el número total de disposiciones relacionadas (80 Estados y 267 disposiciones), equivalen aproximadamente al total de Estados con disposiciones que recurren a la “utilización” y al cómputo de dichas disposiciones (96 estados y 283 disposiciones). Las formulaciones “adaptación o traducción” y “obra original” abordan diferentes aspectos de las cuestiones relacionadas con las adaptaciones o traducciones, que la Conferencia de Estocolmo trató inequívocamente de tener en cuenta a través de la formulación “utilización”. Por ello, a los Estados miembros les podría ser útil examinar más detenidamente esas formulaciones para determinar cuál de ellas refleja más adecuadamente el amplio abanico de actividades docentes susceptibles de beneficiarse de las excepciones y limitaciones en su legislación.

En segundo lugar, son muy pocos los Estados miembros que cuentan con disposiciones en su legislación para restringir o limitar la responsabilidad en materia de derecho de autor por parte de las instituciones docentes (4 Estados miembros y 8 disposiciones). Entre aquellos que sí cuentan con ellas, los objetivos que se pretende alcanzar son eximir a las instituciones docentes de cualquier responsabilidad ante cualquier vulneración indirecta del derecho de autor, eximir a las instituciones docentes de cualquier responsabilidad penal y limitar el riesgo ante posibles indemnizaciones por daños y perjuicios. De entre ellos, este último objetivo es el que más parece preocupar a los responsables de la elaboración de políticas de los respectivos Estados miembros, debido al carácter relativamente autóctono de la responsabilidad indirecta en materia de derecho de autor y de las disposiciones sobre daños y perjuicios contenidas en la legislación de los Estados miembros.

En tercer lugar, 15 Estados miembros cuentan con 22 disposiciones en su legislación de derecho de autor, en virtud de la cuales las cláusulas contractuales que contradigan las limitaciones o excepciones serán consideradas nulas e inválidas y carecerán de efecto. Si bien representan solo una minoría de los Estados miembros de la OMPI, la adopción de estas disposiciones parece formar parte de una apuesta por parte de los legisladores por proteger las limitaciones y excepciones frente a las licencias contractuales que tratan de invalidarlas. Se suele justificar la adopción de estas medidas como un método para propiciar un grado mayor de granularidad, certidumbre y transparencia en las condiciones de licencia, especialmente en lo que se refiere al contenido digital, cuestión esta que podría ser estudiada en el futuro.

En cuarto lugar, a partir de una revisión exclusivamente literal de las disposiciones de los Estados miembros de la OMPI sobre definiciones, en el marco del Anexo del Convenio de Berna, se ha constatado que la mayoría de las disposiciones reconocen la reproducción y publicación digitales de las obras, independientemente de si se realizan al amparo de licencias para reproducción o para traducción. Sin embargo, la mayoría de estas mismas disposiciones no reconoce la difusión digital de las obras. El motivo se debe probablemente a que el Anexo del Convenio de Berna solo menciona una licencia para “reproducir y publicar” la obra, y no hace referencia a la “difusión” de dicha obra, que puede ser “en forma de edición impresa o cualquier otra forma análoga de reproducción”.12 Dicho esto, aquellos Estados miembros cuyas disposiciones sobre licencias obligatorias permiten la difusión digital de obras, lo han logrado apartándose de la norma13 e incluyendo la “comunicación al público” en la definición de “obra publicada”. Si se pretende que el Anexo del Convenio de Berna se aplique de forma inequívoca a la difusión digital de obras reproducidas o traducidas con fines docentes, tal vez debería revisarse esa cuestión.

Por último, como ya se ha mencionado, 63 Estados miembros de la OMPI han incorporado disposiciones en su legislación nacional que contemplan flexibilidades, limitaciones y excepciones a la protección mediante medidas tecnológicas y la información sobre la gestión de derechos. De éstos, casi todos ellos (59) consideraron necesario promulgar flexibilidades, limitaciones o excepciones respecto de las medidas tecnológicas de protección con el fin de favorecer las actividades educativas, pero solo un número reducido (14) han actuado de igual modo en relación con la información sobre la gestión de derechos. Las estadísticas son reveladoras al indicar que, a pesar de la ausencia de directrices claras en el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT), los Estados miembros han considerado necesario promulgar flexibilidades, limitaciones y excepciones sobre el uso de obras para actividades docentes, sobre todo en lo que se refiere a las medidas tecnológicas de protección (y, en menor medida, a la información sobre la gestión de derechos). La legislación nacional ha intervenido en algunos lugares para colmar las aparentes lagunas en los dos tratados mencionados anteriormente, lo cual sugiere que se podría estar forjando un consenso internacional en torno a la necesidad de contar con flexibilidades, limitaciones y excepciones a las medidas tecnológicas de protección y la protección de la información sobre la gestión de derechos, sobre todo con fines docentes. Debe hallarse una nueva función para esas flexibilidades, limitaciones y excepciones, aun cuando los editores hayan venido utilizando cada vez más las medidas tecnológicas de protección y la información sobre la gestión de derechos a fin de hacer posible el uso del contenido con fines docentes en el entorno digital.

Daniel Seng

Octubre de 2017



1 Estas disposiciones fueron incluidas en el estudio anterior pero no fueron sometidas a examen, ya que no entraba dentro de su cometido.

2 Records of the Stockholm Conference, 1967, p 921-922, párr. 1565.1 y siguientes (donde se indica que el Comité Principal aprobó por unanimidad el S/248 para. (1), que afirma, en relación a los Artículos 10.1) y 10.2), entre otros, que resulta normal que las excepciones introducidas en las disposiciones referentes al derecho de reproducción deberían aplicarse también al derecho de traducción, es decir, a la versión traducida de la obra).

3 Records of the Stockholm Conference, 1967, p. 922, párr. 1570-1581, p. 926, párr. 1652.2, p. 927, párr. 1662 (donde se indica que el Comité Principal aprobó la Adición S/269, con dos abstenciones).

4 Records of the Stockholm Conference, 1967, p. 926, párr. 1652.2, 1653.1, 1655.

5 Pueden encontrarse ejemplos de limitaciones y excepciones aplicadas a actividades educativas específicas, en las disposiciones que eximen a las instituciones docentes de cualquier responsabilidad por eludir medidas tecnológicas de protección o eliminar información sobre la gestión de derechos, en cumplimiento de sus actividades docentes.

6 Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos, art. 15.

7 Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la protección jurídica de programas de ordenador, art. 8.2).

8 Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, art. 8 (que al definir el "derecho de comunicación al público" incluye "la puesta a disposición del público de sus obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija”). Véanse también las declaraciones concertadas relativas al Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor respecto de los Artículos 6 y 7, que establecen que el derecho de distribución se refiere exclusivamente a las copias fijadas que se pueden poner en circulación como objetos tangibles. Cf. Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, arts. 10, 14.

9 El resto de las disposiciones están redactadas de forma general y no pensando específicamente en las medidas de protección tecnológica o la información sobre la gestión de derechos, pero tienen el efecto de autorizar actividades específicas como la interoperabilidad, la codificación o la investigación en materia de seguridad, que no serían posibles si se aplicaran a la obra medidas de protección tecnológica o la información sobre la gestión de derechos.

10 La desviación típica es 1.33 y la mediana 0.

11 La desviación típica es 1,67 y la mediana 1.

12 Véase el Artículo 2 del Convenio de Berna.

13 Véase p.ej. el Artículo 3.3) del Convenio de Berna; Declaraciones concertadas relativas al Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, respecto de los Artículos 6 y 7.



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