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Resolución de la

Corte Interamericana de Derechos Humanos

de 30 de marzo de 2006*


solicitud de medidas provisionales presentada por la comisión interamericana de derechos humanos

respecto de la república bolivariana de venezuela


caso del centro penitenciario región

capital yare I Y yare II (Cárcel de yare)

VISTOS:

1. El escrito de 28 de marzo de 2006 y sus anexos, mediante los cuales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte Interamericana” o “el Tribunal”) una solicitud de medidas provisionales, de conformidad con los artículos 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”), 25 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”) y 74 del Reglamento de la Comisión, con el propósito de que, inter alia, la República Bolivariana de Venezuela (en adelante “el Estado” o “Venezuela”) proteja “a las personas privadas de la libertad que residen en el Centro Penitenciario Región Capital Yare I y Yare II [en adelante “Cárcel de Yare”] de inminentes violaciones a su vida y a su integridad personal”. La Comisión señaló que el presente asunto “ha[ía] sido registrado en la Secretaría Ejecutiva bajo el número 07/2006, y tramitado de conformidad con las disposiciones reglamentarias y procedimientos internos de la Comisión”.

2. Los supuestos hechos en que se fundamenta la solicitud de medidas provisionales presentada por la Comisión, a saber que:

a) existe una grave situación en el sistema penitenciario venezolano. Desde el 1 de enero de 2005 a marzo de 2006 se produjeron más de 400 muertes y 700 heridos en incidentes de violencia en las cárceles venezolanas;

b) debido a una serie de amotinamientos, huelgas de hambre, peleas, golpizas y castigos ocurridos durante el año de 2005 hasta el presente, los internos en la Cárcel de Yare, situada en el Municipio Simón Bolívar en el Estado Miranda, están sujetos a riesgos que se producen cada vez con mayor frecuencia;

c) desde enero del año 2005 hasta la fecha se habrían producido diversos hechos de violencia en la Cárcel de Yare, dejando un saldo de 59 muertes violentas producto de disparos con arma de fuego, heridas con armas blancas, ahorcamientos y decapitaciones, así como al menos 67 heridos graves. La última muerte por causas violentas en la cárcel ocurrió el 28 de febrero de 2006 y el último incidente violento en dónde resultó herido un interno ocurrió el 15 de marzo de 2006;

d) la Cárcel de Yare está dividida en dos secciones denominadas Yare I y Yare II. Yare I tiene una capacidad para albergar a 750 reclusos y actualmente alberga a 507 personas penadas y 13 procesadas. En Yare II, con capacidad para 680 personas, hay 158 procesados y 1 penado;

e) las autoridades han realizado varias requisas en la Cárcel de Yare, en las cuales se han incautado varias armas y granadas. Algunos funcionarios han estado supuestamente implicados en el tráfico de armas en dicha cárcel;

f) los internos en Yare I y Yare II están bajo la vigilancia de 15 y 8 custodios, respectivamente, divididos en turnos de 24 horas. Debido al control que tienen algunos grupos de internos sobre el acceso a ciertos pabellones de la cárcel, los custodios se abstienen de entrar con regularidad a éstos, haciéndolo acompañados de la Guardia Nacional, y los internos no pueden desplazarse a otros lugares de la cárcel por miedo a ser víctimas de agresiones físicas;

g) los internos viven en condiciones inaceptables, que generan o agravan tensiones, y sin las debidas medidas de seguridad y control;

h) existen alegaciones de maltratos y castigos físicos contra los internos por parte de los custodios;

i) el 19 de noviembre de 2004 la Asamblea Nacional solicitó al Poder Ejecutivo la declaración de una “emergencia carcelaria”;

j) a través del Decreto Ejecutivo No. 3.265 del 23 de noviembre de 2004, el Presidente de la República creó la Comisión Presidencial para atender la Emergencia Carcelaria, con el objeto de:
i) evaluar los centros de reclusión y sus servicios de apoyo en lo que se refiere a infraestructura, dotación y prestación de servicios para los internos;

ii) proponer y recomendar las directrices, planes y estrategias dirigidas a solucionar los diferentes problemas de los centros de reclusión;

iii) recomendar acciones al Poder Judicial que permitan garantizar el derecho a la celeridad judicial de los procesos y el acceso de los penados a los medios alternativos de cumplimiento de la pena; y

iv) proponer y recomendar medidas tendientes a garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos de la población interna, durante su permanencia en los centros de reclusión; y

k) la Comisión Presidencial adelantó un censo para conocer la situación jurídica de los internos e impulsar la disminución del hacinamiento en las cárceles y el retardo procesal.

3. Los argumentos jurídicos de la Comisión para fundamentar su solicitud de medidas provisionales, en los cuales señaló que:

a) los hechos descritos son suficientemente graves como para que la Corte intervenga de manera urgente para salvaguardar la vida e integridad de las personas objeto de la presente solicitud;

b) las medidas intentadas a nivel interno (supra Vistos 2i, 2j y 2k) no han sido efectivas para salvaguardar la vida de los internos y disuadir nuevos actos de violencia en la Cárcel de Yare;

c) la urgencia exigida por el artículo 63.2 de la Convención Americana para que la Corte ordene medidas provisionales está demostrada en la especie por la muerte de varias decenas de internos y las graves heridas recibidas por otros tantos entre enero de 2005 y marzo de 2006. Estos hechos evidencian una grave situación de peligro inminente ante las deficientes condiciones de seguridad del establecimiento y los altos índices de violencia entre internos y de los custodios contra los internos, que requiere la intervención urgente de la Corte para evitar un daño irreparable;

d) las medidas necesarias en el presente caso no pueden esperar planes de mediano o largo plazo, ya que la situación es crítica y debe ser remediada a través de acción inmediata;

e) las muertes y lesiones de varios de los internos detenidos en la Cárcel de Yare demuestran la negligencia del Estado en el cumplimiento de las obligaciones de su cuidado. Esa falta de debida diligencia crea riesgo de daño irreparable a la vida de los beneficiarios pues propicia la reiteración de situaciones violentas como las referidas y agrava la tensión y violencia entre los detenidos;

f) los continuos hechos de violencia, así como la continua falta de seguridad y control, evidencian que el Estado venezolano no ha dado pleno cumplimiento a su obligación de prevenir los ataques contra la vida e integridad de las personas privadas de libertad en la Cárcel de Yare, y que no ha adoptado las medidas de seguridad indispensables para impedir nuevos incidentes de violencia al interior del recinto en cuestión;

g) dada la situación de extrema gravedad y urgencia, y la necesidad de evitar daños irreparables a las personas, resulta suficiente que los beneficiarios sean "determinables", a efectos de otorgarles las referidas medidas de protección. En el presente caso, los beneficiarios de la protección solicitada son las personas privadas de libertad en el Centro Penitenciario Región Capital Yare I y Yare II, quienes se encuentran en situación de grave riesgo y vulnerabilidad, así como las personas que puedan ingresar en el futuro en calidad de internos al centro de detención en cuestión;

h) las medidas que se adopten deben incluir las que puedan favorecer al mantenimiento de un clima de respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad entre sí, en particular, la separación de los internos por categorías, las medidas para evitar la presencia de armas dentro de los establecimientos y las mejoras en las condiciones de detención. Asimismo, el Estado debe diseñar y aplicar una política penitenciaria de prevención de situaciones críticas, para evitar mayores riesgos;

i) la prioridad en el presente caso es la adopción de todas las medidas necesarias para garantizar que no se produzcan más muertes ni heridos y, en general, que las condiciones de seguridad en la Cárcel de Yare sean las adecuadas, a fin de evitar nuevas situaciones de violencia. Dichas medidas deberán ser adoptadas en el marco del respeto a la dignidad y los derechos de las personas detenidas; y

j) la solución definitiva de la problemática en los centros de detención venezolanos y, en particular, en la Cárcel de Yare, requiere también de acciones integrales a mediano y largo plazo. Sin embargo, la urgencia e inminencia en la situación actual demandan del Estado la adopción de acciones que desplieguen impacto inmediato en la situación de riesgo en la que se encuentran las personas privadas de libertad beneficiarias de las medidas de protección.

4. La solicitud de la Comisión Interamericana para que la Corte, con base en el artículo 63.2 de la Convención Americana, requiera al Estado que:

a) adopte sin dilación todas las medidas de seguridad y control que sean necesarias para preservar la vida e integridad de las personas privadas de libertad que residen en la Cárcel de Yare, así como de las personas que puedan ingresar en el futuro en calidad de internos al centro de detención en cuestión;

b) adopte sin dilación todas las medidas necesarias para impedir que los internos sean sometidos a maltratos y castigos físicos;

c) dote a la Cárcel de Yare de personal penitenciario de custodia en número suficiente y debidamente capacitado para impedir que se produzcan nuevos hechos de violencia;

d) informe a la brevedad sobre las investigaciones emprendidas para establecer la verdad histórica de los actos de violencia ocurridos en el interior de la Cárcel de Yare, individualizar a los responsables e imponer las sanciones correspondientes, y que continúe llevando a cabo investigaciones al respecto, las que han de ser ágiles, completas y eficaces como mecanismo de prevención para impedir la recurrencia de nuevos hechos de violencia; y

e) garantice la supervisión periódica de las condiciones de detención y el estado físico de las personas privadas de libertad, a través de un órgano independiente, y que los informes elaborados por dicho órgano sean enviados a la Corte.






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