Proyecto de ley



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UPEL - - Exp. Nº 14.269

PROYECTO DE LEY
LEY GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA
Expediente Nº 14.269
ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Los cambios producidos en las últimas décadas con relación a los flujos migratorios internacionales, entre los que se destacan el crecimiento de la población extranjera residente en el territorio nacional, la persistente presión de los movimientos migratorios irregulares y el paulatino crecimiento de nuevas corrientes de foráneos, plantean la necesidad de definir un nuevo marco de orientaciones políticas y jurídicas sobre el tema, que permitan continuar desarrollando una profunda transformación del sistema de gestión migratoria en el país.

La complejidad de las migraciones internacionales, el impacto sobre las condiciones del desarrollo nacional y los desafíos que representa, exigen disponer de una nueva visión para abordar el fenómeno, así como marcos normativos acordes a los tiempos actuales, que aseguren la aplicación eficiente y transparente de las políticas migratorias que adopte el Estado costarricense. Hoy enfrentamos una situación caracterizada por la existencia de una gran cantidad de normas que no satisfacen las necesidades de respuesta integral a la condición que vive Costa Rica, como país receptor de los desplazamientos poblacionales, principalmente intrarregionales. La Ley General de Migraciones Nº 7033 y su decreto reglamentario, responden a una realidad regional e internacional que ha cambiado y requieren ser modernizados y adaptados a las nuevas condiciones del desarrollo nacional, al contexto internacional y regional, y a las nuevas realidades migratorias del país. Los diferentes sectores sociales y la opinión pública así lo demandan.

El Poder Ejecutivo ante la situación descrita, consciente, de manera responsable, y en un esfuerzo por dotar al país de instrumentos que permitan a los gobiernos dar respuestas más efectivas frente al problema, con respeto propone a los honorables señores miembros del Congreso de la República el presente Proyecto de Ley General de Migración y Extranjería, el cual se inspira en principios fundamentales que promueven la convivencia de nacionales y extranjeros basada en valores democráticos, pleno respeto a la propiedad privada y apego a nuestro estado de derecho, donde la aplicación de las leyes migratorias no riñan con el pleno respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas, independientemente de su condición migratoria, reconociendo y fomentando las migraciones internacionales ordenadas como un importante factor de desarrollo, pero propiciando de manera paralela los mecanismos que permitan de manera efectiva prevenir y desestimular los flujos desordenados e irregulares, siendo las sanciones a quienes fomenten prácticas que alienten la irregularidad y el incumplimiento de las leyes sociales, drásticas y aplicables con rigor y eficiencia.

El proyecto que nos ocupa contiene normas que procuran dotar al Estado de mecanismos que le permitan contar con una percepción integral del tema migratorio, vinculando de manera sistemática a los entes que tienen injerencia en la materia, para el desarrollo de un esfuerzo común que permita el dictado de políticas uniformes y adecuadas, según las necesidades reales de control, estímulo y orden migratorio.

Es así como mediante este proyecto se crea un Consejo Superior de Migración, como órgano asesor del Poder Ejecutivo en materia migratoria, constituido por los Ministros de la Presidencia, Seguridad Pública, Relaciones Exteriores y Culto, Gobernación y Policía, Trabajo y Seguridad Social, y Justicia y Gracia. Con esta integración se pretende coordinar todas las materias y disciplinas relacionadas con asuntos migratorios de forma tal que pueda recomendar al Poder Ejecutivo la política migratoria nacional y las medidas necesarias para su cumplimiento, así como propiciar las modificaciones legislativas que fueren necesarias, lo mismo

que para revisar los convenios y tratados internacionales relacionados con acuerdos de naturaleza migratoria.

Se establece además un marco jurídico a la Policía de Migración y Extranjería como un cuerpo policial de control y vigilancia sobre ingreso y egreso de personas al país, así como de la permanencia de los extranjeros. Además se establece como función principal de la Policía de Migración y Extranjería, velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y de las resoluciones que dicten tanto el Ministro de Seguridad Pública, como la Dirección General de Migración y Extranjería. Para lograr la verdadera profesionalización de esta policía, de conformidad con el proyecto, su personal estará cubierto por la Ley General de Policía, lo que garantiza su estabilidad, salvo por faltas que cometa el servidor.

Se regula también, mediante una normativa específica, las potestades y deberes de los representantes consulares, como agentes de migración en el exterior, mediante la definición concreta de sus potestades y funciones migratorias; así como las responsabilidades en caso de incumplimiento de sus funciones.

Por otro lado, este proyecto contiene además una serie de normas con disposiciones generales atinentes al ingreso y egreso del territorio nacional, estableciéndose los lugares

autorizados por ley para tal fin y lo correspondiente a los puestos migratorios y mecanismos de control.

Quedan también debidamente reguladas las categorías migratorias que comprenden: la residencia permanente, la residencia temporal, los no residentes, y categorías migratorias especiales como los trabajadores transfronterizos, trabajadores estacionales y estudiantes.

En apego a principios del derecho constitucional e internacional, el proyecto regula asimismo los supuestos legales bajo los cuales se le puede brindar al extranjero el derecho al refugio debido a persecuciones por motivos de raza, género, religión, nacionalidad o grupo social, lo mismo que por motivos de violación de derechos humanos. Igualmente se establecen los supuestos legales bajo los cuales se puede dar asilo diplomático o territorial para salvaguardar la vida, la integridad personal o la vida, de conformidad con lo que establece nuestra Constitución Política y los instrumentos jurídicos internacionales aprobados por Costa Rica.

En términos generales, se intenta crear un cuerpo legal que responda a la realidad de Costa Rica, que como país receptor de migrantes, requiere y requerirá de importantes esfuerzos del sector público y de la sociedad civil para potenciar de manera positiva la contribución de las migraciones al desarrollo nacional y para integrar a los extranjeros a la sociedad con los plenos derechos y obligaciones que establece el marco constitucional. En ese sentido, instamos con todo respeto a los señores diputados, para que conozcan, discutan y aprueben el presente proyecto de ley.





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