La Ley Online



Descargar 42.77 Kb.
Fecha de conversión12.08.2020
Tamaño42.77 Kb.

La Ley Online

Ver Voces: ASOCIACIONES SINDICALES DE TRABAJADORES ~ CONTRATO DE TRABAJO ~ DESPIDO POR FALTA O DISMINUCION DE TRABAJO ~ EMBARGO PREVENTIVO ~ HOMOLOGACION ~ OPONIBILIDAD ~ PROCEDIMIENTO LABORAL ~ PROCEDIMIENTO PREVENTIVO DE CRISIS

 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán, sala laboral y contenciosoadministrativa(CSTucuman)(SalaLaboralyContenciosoadministrativa)



 

Fecha: 21/12/2007

 

Partes: Amaya, Walter Osvaldo y otros c. Establecimiento La Mariposa S.A.



 

Publicado en: LLNOA 2008 (abril), 263 - DJ 28/05/2008, 295 - DJ 2008-II, 295

 

SUMARIOS:



En virtud de lo previsto en el art. 103 inc. a de la ley 24.013 (Adla, LI-D, 3873), la homologación del acuerdo pactado, entre la empresa empleadora y las autoridades sindicales, en el marco de un procedimiento preventivo de crisis, tiene la misma eficacia que un convenio colectivo de trabajo, y por ende, resulta oponible a todos los trabajadores de aquélla.

 

 



Si el organismo administrativo encargado de homologar el acuerdo pactado en un procedimiento preventivo de crisis se pronuncia expresamente dentro del plazo de diez días, dicho procedimiento concluye a la fecha del dictado del pronunciamiento, en cambio, si el mencionado organismo deja transcurrir el plazo legal sin emitir una decisión al respecto, el acuerdo debe tenerse por homologado tácitamente.

 

 



El estado contable acompañado por la demandada no alcanza para acreditar la suficiencia de los bienes ofrecidos en embargo por cuanto, aquél no refleja el valor real de mercado de los bienes sobre los cuales recae la medida.

 

 



TEXTO COMPLETO:

San Miguel de Tucumán, diciembre 21 de 2007.

El doctor Estofán dijo:

1. Contra la sentencia dictada por la Sala IV de la Excma. Cámara del Trabajo en fecha 15/8/2006 (fs. 784/790), la parte actora y la firma demandada dedujeron recurso de casación, que fueron concedidos mediante sendas resoluciones emitidas en fecha 21/8/2007 (ver fs. 892 y 893). Consta en informe actuarial obrante a fs. 900, que ninguna de las partes ha presentado el memorial facultativo del art. 137 CPL.

2. El Tribunal considera que en autos, la rescisión laboral se produjo mediante la comunicación remitida por la demandada, en donde se les informó a los actores que prescindía de sus servicios por aplicación de las normas de la ley 24.013, sobre procedimiento preventivo de crisis de empresa convenido con sus representantes gremiales y homologados por la SET.

El fallo abunda en consideraciones relativas al procedimiento preventivo de crisis. Señala que el acuerdo al que se arriba en el marco de dicho procedimiento configura un negocio bilateral constitutivo de relaciones obligatorias, y que su homologación es un acto administrativo que le confiere la misma eficacia que un convenio colectivo de trabajo, con lo cual se torna oponible a todas las partes involucradas. Refiere que los acuerdos homologados ante la autoridad administrativa del trabajo que han adquirido firmeza por su irrecurribilidad, gozan de estabilidad, y su contenido tiene efectos y valor de cosa juzgada, no pudiendo abrirse un nuevo proceso sobre la misma materia contenida en tal acto.

La Cámara considera que en el caso, el contenido del acto homologatorio versa sobre la existencia de crisis de la empresa como causal de despido según el art. 247 LCT, por lo que concluye en que la causa invocada por la empleadora para las extinciones dispuestas resulta justificada.

En virtud de tales razones, la sentencia resuelve el rechazo de la demanda interpuesta por los actores Amaya y Orellana, absolviendo a la demandada del pago de los rubros reclamados. Sin embargo, la demanda es admitida respecto de los actores Llauhra y Herrera, por cuanto sus despidos no resultan ajustados a derecho al encontrarse amparados por la tutela sindical, declarando procedente la demanda por los conceptos consignados en el punto I resolutivo, por un total de $ 124.964,63.

3. La parte demandada planteó recurso de casación en contra de la sentencia dictada por la Cámara, solicitando que se proceda a casar dicho fallo en mérito a las razones expresadas en el escrito de fs. 828 a 857.

Tendiente a afianzar el monto a cuyo pago condena la sentencia, se ofrecieron en embargo bienes de uso de propiedad de la misma, indicándose que de acuerdo al estado contable del 31/10/2005, ellos totalizan la suma neta de $ 1.726.863,95. La recurrente solicitó que la medida fuera trabada hasta cubrir la suma de $ 124.964,63, y manifestó que la persona facultada para denunciar bienes suficientes, era la Dra. María del Carmen Domínguez y/o quien ella designe.

La medida de embargo consta haber sido concretada en presencia de la letrada facultada, y trabada sobre una caldera marca "Salco Caren", modelo ER 225, serie N° 823, año de fabricación 1974; y también sobre una caldera marca "Gonella", modelo 3PH60/10, N° de serie 1847, año de fabricación 19/6/1971 (ver fs. 879).

De lo normado por el art. 133 CPL, no sólo surge que el afianzamiento debe ser cumplido, sino que también debe ser trabado sobre bienes suficientes, razón por la cual resulta exigible la demostración de que el valor real y actual de los bienes objeto de la medida de embargo, alcanza a cubrir el monto de la condena. La carga de demostrar este extremo, recae naturalmente en cabeza del recurrente, pues es él quien resulta interesado en la concesión del recurso, sin que corresponda a este Tribunal efectuar intimaciones de ningún tipo a los efectos de suplir la falta de acreditación de la suficiencia del afianzamiento.

En el caso que nos ocupa, la demandada únicamente adjuntó el estado contable correspondiente al ejercicio cerrado en fecha 31 de octubre de 2005 (ver fs. 820/827), por lo que corresponde analizar si dicho instrumento alcanza o no para tener por cumplida la carga de demostrar la suficiencia del afianzamiento que pesa sobre el recurrente.

Sobre el particular, expreso mi opinión, en el sentido de que el estado contable acompañado por el recurrente, no alcanza para demostrar la suficiencia del embargo concretado, toda vez que el mismo no refleja el valor real de mercado de las calderas sobre las cuales recae la medida. En efecto; en el mencionado instrumento, sólo se consigna el valor de origen de dichas maquinarias, las amortizaciones sufridas por ellas, y —como resultante de la diferencia entre ambos valores— el respectivo valor neto. Lo señalado evidencia que el valor que se les asigna a las calderas en el estado contable, no tiene en cuenta diversos parámetros que resultan imprescindibles para establecer su valor de venta, tales como el estado en que se encuentran las mismas, si ellas se encuentran o no en funcionamiento, etc.

En mérito a lo expuesto, cabe concluir que los recurrentes no han acreditado la suficiencia del bien ofrecido en embargo, ya que en el expediente no consta agregada una valuación de los bienes ofrecidos, y sólo se acompañó un estado contable, mediante el cual no se logra demostrar el valor real de venta de los bienes objeto de la medida de embargo.

Al respecto, esta Corte —mediante criterio que comparto— ha sostenido que "el ofrecimiento y concreción tempestiva del afianzamiento que prevé el artículo 133 del Código Procesal Laboral, constituye una carga procesal que debe cumplirse por la parte recurrente, que debe considerarse incumplida cuando el interesado omite demostrar que el valor de los bienes ofrecidos, resulta suficiente para afianzar el monto de la condena" (CSJTuc, sent. N° 566 del 03/7/2001).

A mayor abundamiento, asumiendo la hipótesis de que se considerara el estado contable para evaluar la suficiencia o no del afianzamiento, es preciso señalar que en el mismo no consta específicamente cuál es el valor que se le asigna a la caldera marca "Salco Caren" que fuera embargada por el oficial de justicia. Es cierto que allí sí figura una caldera (sin especificación alguna), a la cual se le reconoce un valor contable actual de $ 128.747,28, pero no existe ningún dato que permita identificarla con la caldera sobre la cual recayó la medida de embargo. De allí que, si por vía de hipótesis consideraramos el estado contable para analizar la suficiencia del afianzamiento, sólo podríamos atenernos al valor que se le asigna a la caldera marca "Gonella", incluyendo sus mejoras, pudiéndose advertir que dicho valor no alcanza para cubrir el monto de $ 124.964,63 a cuyo pago condena la sentencia.

Por lo demás, se advierte que el instrumento acompañado tampoco acredita el valor actual de los bienes objeto del afianzamiento, toda vez que el mismo refiere al valor de los bienes de uso al 31/10/2005 (fs. 857 vta.), y la fecha de presentación del recurso de casación es más de un año posterior a esa época (ver cargo a fs. 857 vta.).

Consecuentemente, el incumplimiento de la carga que recae sobre el recurrente, en orden a la acreditación de la suficiencia de los bienes ofrecidos en embargo, determina que se tenga por no cumplido el requisito de admisibilidad de la casación contemplado en el art. 133 y sigtes. CPL.

4. En orden a la admisibilidad de la casación presentada por los actores, se advierte que existe una interposición tempestiva del recurso, la impugnación se dirige a atacar un pronunciamiento definitivo, se invocan de un modo suficiente motivos jurídicos y el vicio de arbitrariedad de sentencia, y no es exigible el afianzamiento por ser la parte actora quien recurre. Consecuentemente, encontrándose cumplidos los requisitos exigidos por los arts. 130 a 133 CPL, corresponde abordar el análisis de procedencia de la vía impugnativa intentada, aclarándose que los agravios se encuentran dirigidos a revertir únicamente lo decidido por la sentencia con respecto a los actores Walter Amaya y Miguel Orellana.

4.1. En primer término, los actores recurrentes se agravian de que la sentencia impugnada haya hecho aplicación de la cosa juzgada administrativa, pues sostienen que en oportunidad de contestar demanda, la accionada opuso la excepción de cosa juzgada prevista en el art. 65 inc. d) CPL, la cual fue rechazada por el juez de conciliación (fs. 392) y confirmado su rechazo por sentencia de la propia Cámara (ver fs. 418/419). Señalan que las resoluciones judiciales firmes y consentidas adquieren el carácter de cosa juzgada judicial, y la cuestión resuelta no puede ser discutida de nuevo, por lo cual interpretan que en el caso, la Cámara se encontraba vedada de considerar nuevamente la excepción de cosa juzgada administrativa.

Para decidir sobre el planteo efectuado en este punto, corresponde tener en cuenta que la Sala IV de la Excma. Cámara del Trabajo se pronunció, en grado de apelación, sobre la excepción de cosa juzgada que fuera planteada en el responde por la parte demandada (ver fs. 418/419).

En dicha oportunidad, si bien el Tribunal se pronunció por el rechazo de la excepción deducida, el motivo que funda el decisorio no se refiere a la inexistencia de cosa juzgada administrativa, sino a que dicha excepción no puede considerarse incluida dentro del régimen de excepciones previas (art. 65 inc. "d" de la ley 6.204). Debe señalarse también, que en la sentencia se considera expresamente que la firmeza o no del pronunciamiento administrativo, sería develada —si correspondiere— en el transcurso del presente juicio.

De los términos de la sentencia de fs. 418/419, se desprende que a la Cámara no le estaba vedado pronunciarse en la sentencia definitiva sobre la existencia de cosa juzgada administrativa, ya que lo que resolvió el Tribunal en la instancia de apelación, fue que no correspondía su tratamiento como excepción previa, lo cual no implica que esta cuestión no pueda ser decidida al momento de dictar la sentencia de fondo, máxime cuando tal posibilidad fue dejada a resguardo expresamente por la Cámara.

Por ello, a tenor de las consideraciones expuestas, corresponde el rechazo del agravio examinado.

4.2. En segundo lugar, sostienen los actores que ellos no fueron parte del proceso administrativo, y que por lo tanto los efectos de la cosa juzgada administrativa le son inoponibles. Se explayan además alegando que a ellos no se los notificó de la resolución homologatoria dictada en el proceso de crisis, y que la demanda laboral fue deducida antes de que la mencionada resolución fuera notificada al sindicato, por lo que interpretan que la misma no adquirió los efectos de cosa juzgada administrativa.

En el caso, la empresa demandada llevó a cabo un procedimiento de crisis de empresa por causas económicas, previsto en los arts. 98 a 105 de la LNE, en el cual la autoridad administrativa del trabajo dictó la resolución N° 140/1-SET del 17 de abril de 1997 (ver fs. 378/379), por la que se homologó el acuerdo arribado entre la empresa y las autoridades sindicales del sector. En dicho acuerdo, ambas partes reconocieron la situación de crisis de la empresa empleadora y acordaron una reducción gradual de personal como medio de preservar la fuente de trabajo, con pago de la indemnización prevista en el art. 247 LCT (fs. 375).

En cuanto a los efectos que acarrea la homologación de este acuerdo pactado en el marco del procedimiento de crisis de empresa, el art. 103 inciso a) de la LNE, es claro en señalar que el acuerdo homologado tiene la misma eficacia que un convenio colectivo de trabajo. Según lo tiene dicho esta Corte, su eficacia de convenio colectivo le confiere oponibilidad en relación a todas las partes involucradas, y su contenido se diferencia del contenido de los convenios colectivos de trabajo, en que estos últimos están destinados a reglar con alcance general las relaciones jurídicas entre trabajadores y empleadores, mientras que los acuerdos arribados en un procedimiento de crisis tienen un alcance particular, referido a la situación determinada de una empresa (cfrme. CSJTuc., sent. 1142 del 28/12/2000).

A la luz de lo considerado, se advierte que el acuerdo pactado entre la empresa empleadora y las autoridades sindicales del sector, al haber sido homologado por la autoridad administrativa en los términos del art. 103 in fine LNE y también mediante resolución N° 140/1-SET, les resulta plenamente oponible a los trabajadores de la empresa, atento a la expresa disposición contenida en el art. 103 inc. a) LNE.

Por lo demás, resulta claro que tanto la autoridad sindical del sector como Establecimiento La Mariposa S.A., fueron notificados de la resolución 140/1-SET (fs. 383/384), y al no haber sido recurrida esta resolución por ninguna de las partes, el acuerdo homologado ante la autoridad administrativa del trabajo adquirió firmeza, lo que le confiere los efectos y el valor de cosa juzgada, y torna inmutables los términos del acuerdo, el cual —como ya se dijo— es oponible a los trabajadores involucrados (arg. art. 103 inc. a LNE).

De conformidad con lo señalado, corresponde confirmar la sentencia recurrida en este punto, y rechazar los agravios deducidos por la parte actora.

4.3- Por último, los actores sostienen que el art. 104 LNE le impone al empleador la obligación de no ejecutar las medidas objeto del procedimiento de crisis (despidos o suspensiones) hasta el momento en que el mismo concluya. Interpretan que la conclusión del procedimiento se produce con la notificación de la homologación del acuerdo, y esgrimen que como todos los despidos producidos en autos fueron realizados antes de este momento, se produjo una infracción al artículo citado.

Para resolver adecuadamente el planteo efectuado en este punto, resulta decisivo determinar preliminarmente en qué momento se produce la conclusión del procedimiento preventivo de crisis, pues lo que la Ley Nacional de Empleo prohíbe mediante su art. 104, es justamente la prohibición de ejecutar las medidas objeto del procedimiento antes de que el mismo concluya.

Adelanto mi opinión en relación a este interrogante, en el sentido de que cuando existe un acuerdo entre partes —tal como sucede en el caso— la conclusión del procedimiento de crisis está dado por la homologación o el rechazo del acuerdo, situación que se encuentra prevista por el art. 103 LNE.

Dicha disposición establece que "si las partes, dentro de los plazos previstos en este capítulo, arribaren a un acuerdo, lo elevarán al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quien dentro del plazo de diez (10) días podrá: a) Homologar el acuerdo con la misma eficacia que un convenio colectivo de trabajo; b) Rechazar el acuerdo mediante resolución fundada. Vencido el plazo sin pronunciamiento administrativo, el acuerdo se tendrá por homologado".

De acuerdo con la norma transcripta, si el organismo administrativo encargado de efectuar la homologación se pronuncia expresamente dentro del plazo de diez días, ya sea disponiendo la homologación o el rechazo del acuerdo, el procedimiento preventivo de crisis concluye a la fecha del dictado de este pronunciamiento. En cambio, si el mencionado organismo deja transcurrir el plazo legal sin emitir un pronunciamiento administrativo al respecto, el acuerdo debe tenerse por homologado tácitamente, y por lo tanto debe considerarse que el procedimiento ha concluido en ese momento.

Ahora bien, según surge de las constancias del caso traído a consideración de esta Corte, las partes arribaron a un acuerdo ante la SET en fecha 11 de diciembre de 1996 (fs. 375). En esa misma fecha, atento al pedido de homologación del acuerdo que surge de las actuaciones, las mismas fueron remitidas a conocimiento de la Dra. Bisdorff —asesora legal de la SET— (fs. 376), quien emitió un dictamen en fecha 12 de febrero de 1997, en donde aconsejó la homologación del acuerdo, haciendo constar que en dicho momento ya se encontraba vencido el plazo previsto en el art. 103 primer párrafo de la ley 24.013 (fs. 377). En fecha 17 de abril de 1997 se procedió al dictado de la resolución N° 140/1-SET, mediante la cual, atento a la intervención producida por asesoría letrada, se dispuso homologar el acuerdo celebrado entre Establecimiento La Mariposa S.A. y el Sindicato Jabonero (fs. 378/379). Dicha resolución fue dada a conocer a las partes en fecha 21/5/97 (fs. 383/384).

La reseña efectuada en el párrafo precedente, permite sostener que en el presente caso, el procedimiento preventivo de crisis tramitado concluyó con la homologación tácita del acuerdo, que se debe tener por operada al haberse dejado vencer el plazo de 10 días previsto legalmente, sin que se dispusiera su homologación.

La homologación tácita del acuerdo operada a esa fecha, fue tenida en cuenta por la empleadora al momento de comunicar la extinción de los contratos de trabajo, situación que se desprende de que en las comunicaciones cursadas (fs. 12/13), la accionada hizo expresa referencia a que lo acordado en el procedimiento de crisis se encontraba homologado por la SET.

Encontramos además una referencia específica a la homologación tácita del acuerdo en el informe de asesoría legal, y otra alusión tangencial a la misma en la resolución N° 140/1-SET, en donde la decisión se emitió atento a la intervención producida por asesoría letrada.

Con esta óptica mediante la cual se asume que en el caso existió una homologación tácita del acuerdo operada en los términos del art. 103 in fine LNE, sólo resta agregar que la resolución 140/1-SET tiene un mero sentido ratificatorio de la homologación producida con anterioridad, y sólo constituye una simple formalidad que contribuye a dar certeza a los plazos recursivos, sin que pueda ser tomada como el momento conclusivo de la tramitación del procedimiento de crisis.

Por lo tanto cabe concluir, en respuesta al interrogante planteado al comienzo de este punto, que el procedimiento de crisis concluyó en el caso con la homologación tácita del acuerdo operada hacia fines del mes de diciembre de 1996.

Ello así, teniendo en cuenta la fecha de conclusión del mencionado procedimiento (diciembre de 1996), y considerando que los propios recurrentes esgrimen como fechas de despido el 25 de enero de 1997 y el 27 de febrero de 1997, cabe concluir que los despidos se produjeron con posterioridad a la conclusión del procedimiento preventivo de crisis, razón por la cual no se ha configurado la infracción al art. 104 LNE que denuncia el recurrente.

Consecuentemente, el agravio examinado en este punto también resulta improcedente, por lo que cabe decidir su rechazo.

5. En cuanto a las costas, considero que cada una de las partes deberá hacerse cargo de las que fueron generadas por la interposición de su propio recurso, al haber resultado vencidas en ellos (arts. 49 CPL y 106 CPCC).

Los doctores Goane y Gandur dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Antonio Daniel Estofán, votan en igual sentido.

Y Visto: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, resuelve: I. Declarar inadmisible, y por ende mal concedido, el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, en contra de la sentencia dictada por la Sala IV de la Excma. Cámara del Trabajo en fecha 15/8/2006. II. No hacer lugar al recurso de casación deducido por la parte actora, en contra de la sentencia dictada por la Sala IV de la Excma. Cámara del Trabajo en fecha 15/8/2006. III. Costas conforme se considera. IV. Diferir pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.— Antonio D. Estofán.— René M. Goane.— Antonio Gandur.



 

 © La Ley S.A. 2008


Compartir con tus amigos:


La base de datos está protegida por derechos de autor ©odont.info 2019
enviar mensaje

    Página principal