Informe Anual 2016 Capítulo V méxico



Descargar 0.97 Mb.
Página8/25
Fecha de conversión21.06.2020
Tamaño0.97 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25
Apatzingán


  1. La Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó el 24 de noviembre de 2015 la Recomendación No. 3VG/2015, sobre la investigación de violaciones graves a los derechos humanos por el uso excesivo de la fuerza atribuida a la policía federal, con motivo de los hechos ocurridos el 6 de enero de 2015 en Apatzingán, Michoacán135. La CNDH concluyó que en virtud del contexto general de los hechos y de acuerdo con las evidencias (…) “se acreditó el uso excesivo de la fuerza que derivó en la privación de la vida de seis personas, así como la ejecución extrajudicial de una persona por parte de elementos de la Policía Federal”, también se verificó que no hubo preservación del lugar de los hechos y se acreditó que hubo dilación en la solicitud de auxilio por parte de la Policía Federal para que personal médico atendiera a los heridos136.

  2. Asimismo, la CNDH recomendó al Comisionado Nacional de Seguridad la investigación de las personas que fueron detenidas, que se investigue e identifique a los responsables de la privación de la vida de seis personas, se adopte las medidas necesarias para reparar los daños ocasionados a los familiares de las personas que murieron y las que sufrieron lesiones, y se inscriba a las víctimas fallecidas en el registro nacional de víctimas, a fin que de que sus familiares tengan acceso al Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación Integral137. En sus observaciones al proyecto del presente informe el Estado manifestó que las investigaciones siguen su curso y que la recomendación emitida por la CNDH fue aceptada por la Policía Federal con el fin de colaborar en la investigación y reparar a las víctimas138.

  3. Durante el 2016, la CIDH nota con particular atención el caso de cinco jóvenes entre 16 y 27 años de edad reportados inicialmente como desaparecidos el 11 de enero de 2016 en Tierra Blanca, estado de Veracruz por miembros de la policía estatal tras ser detenidos por éstos cuando regresaban de un fin de semana en el puerto de Veracruz139. Según declaraciones oficiales, las víctimas fueron “levantadas” por policías estatales porque eran “sospechosas”, y venían en un automóvil con placas foráneas140. Según la declaración de uno de los miembros de la policía estatal detenidos, las víctimas fueron ejecutadas y desaparecidas en el rancho El Limón141. En junio de 2016, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación dijo públicamente que la búsqueda concluyó cuando se comprobó que las víctimas fueron calcinadas y trituradas142. Asimismo señaló que la investigación continúa abierta y que a la fecha se han detenido a 21 personas, ocho de las cuales son policías143. Según información de público conocimiento, sólo se identificaron los restos de una víctima, después de que las autoridades encontraran más de 3,000 fragmentos óseos en el rancho El Limón, en el municipio de Tlalixcoyan, al sur de Veracruz. Uno de los policías estatales detenidos declaró a las autoridades que todas las víctimas fueron torturadas y asesinadas en complicidad con presuntos integrantes del Cartel Jalisco Nuevo Generación144.

  4. En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado aportó información sobre las 5 personas desaparecidas forzadamente por parte de elementos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz. El Estado informó que durante las investigaciones se recolectaron evidencias biológicas que coincidieron con el perfil genético de Bernardo Benitez Arroniz y Jose Alfredo González Díaz por lo que se determinó la muerte de los mismos. A la fecha se cuentan con 19 personas - entre elementos de la policía y civiles pertenecientes a la delincuencia organizada - sujetas a procedimiento penal por la comisión de desaparición forzada. El Estado asimismo indicó que viene impulsando investigaciones contra mandos superiores. También informó que los familiares han tenido acceso pleno a las actuaciones ministeriales, se les ha mantenido informado sobre las investigaciones y se les decretó una medida de protección145.

  5. En su Informe de 2016 sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias acerca del seguimiento de su misión a México, el Relator Especial de las Naciones Unidas señaló que a pesar de los progresos en relación a algunas recomendaciones del informe y de la realización de reformas, México sigue afrontando diversas dificultades en relación con la protección del derecho a la vida. En palabras del Relator:

(…) Los actos de violencia cometidos por agentes estatales y no estatales siguen afectando a la vida, en particular, de las personas vulnerables. Las medidas de protección de los grupos en situación de riesgo siguen siendo insuficientes e ineficaces. A pesar de una serie de reformas jurídicas e institucionales, la falta de rendición de cuentas por las violaciones del derecho a la vida sigue siendo un grave problema que fomenta la percepción pública de impunidad y alimenta el ciclo de la violencia. Las víctimas siguen sin recibir una reparación adecuada. Deben adoptarse medidas adicionales para aplicar plenamente las recomendaciones anteriores del Relator Especial a fin de garantizar mejor la protección del derecho a la vida146.

  1. Por otro lado, la CIDH reitera su preocupación por que las Fuerzas Armadas no registran cifras sobre personas muertas y heridas en sus operaciones. En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado indicó que a partir del 2012, con motivo de los criterios del Pleno de la SCJN así como la reforma al Código de Justicia Militar, el Fuero Militar no es competente para conocer casos en los que existan víctimas civiles por violación a sus derechos humanos, consecuentemente, indicó que tampoco lo es para registrar cifras sobre personas muertas y heridas en operaciones. Asimismo indicó que no obstante, en los casos en que las fuerzas de seguridad pública hayan posiblemente cometido violaciones a los derechos humanos, la acción penal se ejerce en tribunales civiles147. La CIDH considera que dicha información es indispensable para medir el uso de la fuerza en enfrentamientos y como consecuencia de ello poder implementar las acciones correctivas en caso sea necesario. La CIDH urge al Estado atender esta recomendación.

  2. Respecto a la creación de una unidad nacional autónoma de servicios forenses, el Estado informó que en el Senado se han presentado diversas iniciativas para proponer la creación de un Instituto Nacional de Servicios Forenses, con la intención de que el mismo tenga competencia federal y local. Estas iniciativas han sido turnadas a la comisión correspondiente para su estudio148. La CIDH reitera que es prioritario que el Estado mexicano considere la creación de un Instituto Nacional Forense, independiente de injerencias políticas y de otra índole, y que se rija estrictamente por criterios técnicos y científicos149. En su informe sobre derechos humanos de 2015, la CIDH indicó que el Estado había informado que el Anteproyecto de Ley General para Combatir la Tortura de la PGR contempla la creación de un Instituto Nacional de Ciencias y Servicios Forenses, el cual contaría con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, y no dependería jerárquicamente de la agencia de investigación criminal150. Nuevamente la CIDH reitera que de materializarse, la creación de este instituto sería un paso fundamental hacia el funcionamiento de un servicio forense efectivo y podría resultar determinante en el combate a la impunidad en México151. Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también recomendó la creación de una institución nacional forense que sea autónoma e independiente con suficientes recursos, que pueda dar servicio a todos los órganos de administración de justicia, incluyendo los tribunales, autoridades de procuración de justicia y representantes legales152.

  3. Por otro lado, en su Informe de País, la CIDH abordó los hallazgos de fosas clandestinas y fosas en cementerios y panteones con decenas de cadáveres en diversas zonas de México, en muchos casos por parte de los familiares, quienes asumieron la búsqueda de sus seres queridos ante la falta de accionar del Estado. Asimismo quedaron al descubierto múltiples fallas y vacíos en el manejo e identificación de cadáveres, y en la asistencia y protección de los familiares de las víctimas. El Estado informó a la Comisión que el proyecto de Ley General sobre desaparición forzada contempla la creación de un Registro Nacional Forense así como un Registro Nacional de Fosas Clandestinas153.

  4. Durante el 2016, la CIDH ha tenido conocimiento por la prensa sobre diversos hallazgos de fosas en territorio mexicano. Llama especial atención de la Comisión la exhumación de 117 cuerpos en fosas supuestamente clandestinas en Tetelcingo, estado de Morelos, ocurrido este año, entre los que se encontraron cuerpos de dos niños. En el marco de las atribuciones establecidas en el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 27 de junio de 2016, la Comisión solicitó información al Estado mexicano sobre estos hechos154.

  5. Oliver Wenceslao Navarrete Hernández desapareció en mayo de 2014 y su cadáver fue encontrado en una de las fosas en Tetelcingo a pesar de que había sido plenamente identificado por sus familiares nueve meses antes. Las denuncias de sus familiares sobre presuntas irregularidades en dichas fosas fue el motivo por el que se iniciaron las exhumaciones y las investigaciones155.

  6. El Estado en su respuesta indicó que el 23 de mayo de 2016 se exhumó el predio con las garantías debidas y se encontraron 117 cadáveres156. Señaló que la PGR, la Policía Federal Científica, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Fiscalía General del Estado obtuvieron muestras de genética para establecer la identidad de los cuerpos, las que estarían siendo procesadas. Además, la Fiscalía General del estado de Morelos inició investigaciones al respecto, vinculando a proceso a un funcionario público que se ampliarán a otros probables imputados por los delitos contra el respeto a los muertos y violación a las leyes de inhumación y exhumación de cadáveres157. El Estado asimismo indicó que la Comisión Ejecutiva a Víctimas (CEAV) ha atendido a víctimas indirectas que acudieron a la diligencia de exhumación, para lo cual brindó asesoría legal y psicológica. Asimismo se dio acompañamiento a las víctimas en las investigaciones y para que se les tomaran muestras de ADN158.

  7. Según las investigaciones realizadas por la Comisión Científica de Identificación Humana de la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM), las autoridades incurrieron en varias irregularidades en la inhumación159. De los 117 cadáveres, 34 no tenían o no estaban vinculados con un expediente de investigación. Algunos cuerpos no tenían necropsia, algunos cuerpos presentaban huellas de tratos inhumanos y degradantes, incluyendo mutilaciones; otros presentaban heridas por proyectil de arma de fuego; algunos cuerpos mantenían sus ropas y pertenencias personales. Habían también cuerpos identificados con nombre y apellidos, sin existir información sobre las acciones realizadas por la Fiscalía para ubicar los familiares160. Asimismo, de los 117 cadáveres exhumados, el 93% no estaría identificado161. Según las investigaciones, se omitió localizar a familiares de cadáveres con datos de identificación antes de la inhumación; muchos de los cadáveres fueron depositados en posiciones inapropiadas –(en forma vertical) con el riesgo de pérdida de elementos óseos; no se utilizaron materiales apropiados para la rotulación de etiquetas, entre otros162.

  8. La CNDH emitió recomendación respecto de este caso. En su recomendación indicó que se habría violado el derecho a la verdad en agravio de las victimas inhumadas en calidad de desconocidas como consecuencia de una inadecuada procuración de justicia, no se llevaron a cabo diligencias para la investigación o posible identificación de las víctimas y sus familiares para la identificación oficial y para la entrega de los cuerpos, así como para el esclarecimiento de los hechos en los que perdieron la vida163. Asimismo indicó que el terreno en Tetelcingo, habilitado como panteón y en el que el 28 de marzo de 2014 la Fiscalía General del Estado (FGE) inhumó diversos cuerpos supuestamente en calidad de desconocidos, no contaba con los permisos correspondientes para estar legalmente constituido y funcionando como tal164. Asimismo, corroboró que no se cumplió con ninguno de los requisitos exigidos por escrito para que el predio estuviese en condiciones de brindar un servicio adecuado a las necesidades de la población165. En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado indicó que actualmente se encuentran en trámite diversas investigaciones a nivel estatal y federal sobre las irregularidades durante las exhumaciones e inhumaciones ocurridas en 2014. Adicionalmente indicó que se ha brindado apoyo psicológico y legal a los familiares de las víctimas166. La CIDH monitoreará las investigaciones realizadas respecto de las irregularidades señaladas.

  9. Por otro lado, según información en los medios, en el estado de Veracruz, mujeres integrantes del colectivo “Solecito” – colectivo formado por un grupo de 50 madres de personas desaparecidas - hallaron 75 fosas clandestinas en el predio Colinas de Santa Fe, en el puerto de Veracruz. Indicaron que según la información procesada por la Policía Científica de la Policía Federal, en 8 de las 75 fosas se encontraron 28 “cuerpos enteros” algunos de los cuales presentaban signos de tortura167. Asimismo, la Brigada Nacional de Búsqueda encontró en 15 días de trabajo, 15 fosas clandestinas con cientos de restos humanos sin identificar en San Rafael Calería, municipio de Córdoba y en Amatlán de los Reyes. Estos hallazgos se habrían realizado con información anónima168.

  10. Según el diario Animal Político, conforme a una solicitud de información oficial realizada, en los últimos cuatro años, la Policía Federal ha confirmado el hallazgo de 6 fosas clandestinas con 51 restos humanos en el estado de Veracruz, en contraposición con los grupos de ciudadanos que entre abril y agosto han encontrado 90 fosas con cientos de restos humanos169. Por su parte, el diario señaló que al consultar vía transparencia a la PGR, la PGR reportó solo 2 fosas en 6 años en el estado de Veracruz170.

  11. Por otro lado, en el estado de México, la Brigada Nacional de Búsqueda de Familiares de Personas Desaparecidas, habría encontrado una fosa con cuerpos humanos en el municipio de Huehuetoca. Esta fosa habría sido descubierta por casualidad por trabajadores ferrocarrileros y supuestamente policías municipales habrían movido los cuerpos a otro lugar171. Según las autoridades del estado, personal de la municipalidad encontró 12 bolsas de plástico con restos óseos y ropa durante trabajos de limpieza de un lumbrera, en un depósito clandestino de 30 metros de profundidad172.

  12. Respecto a la identificación de restos, una investigación realizada por la revista Animal Político basada en información obtenida del Estado a través de una solicitud de información vía transparencia gubernamental, estableció que la PGR tiene el ADN de 9.394 cuerpos o restos de personas sin vida aún no identificados, frente a 764 casos identificados entre el 2009 y 2016 con pruebas de ADN a las víctimas y familiares173. Según dicho medio “por cada víctima que los peritos de la PGR ha identificado hay 12 que siguen en calidad de desconocidos aun cuenta se cuenta con el ADN de ellos”174. Asimismo, la Agencia de Investigación Criminal contaría con un equipo de 1.495 peritos de los cuales únicamente 44 estarían especializados en materia de genética forense. Es decir, se contaría con un especialista por cada 212 perfiles genéticos de cuerpos no identificados175.

  13. Por otra parte, respecto del Trabajo de la Comisión Forense para la Identificación de Restos que se encuentren en las rutas de migrantes, en su Informe de País la CIDH resaltó avances que ha logrado el Estado mexicano en la identificación de migrantes desaparecidos y no identificados a partir del trabajo de la Comisión Forense. A febrero de 2016, la Comisión Forense había identificado los restos de 23 personas migrantes de El Salvador, Honduras, Guatemala y México. Asimismo, las familias han recibido explicación puntual del procedimiento de identificación y una copia del dictamen en seguimiento a un protocolo176 preestablecido. En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado indicó que se ha realizado la identificación de 88 cuerpos y se continúan con las diligencias de identificación respecto de los 32 cadáveres restantes177.

  14. De acuerdo con un Informe alterno178 presentado en febrero de 2016 por organizaciones sociales ante el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU en seguimiento a sus recomendaciones de 2015, existen obstáculos para el avance del trabajo de la Comisión Forense. De acuerdo con este documento, “la Comisión no cuenta con copias completas de los expedientes de la masacre de 2010 en San Fernando y de los hechos ocurridos en Cadereyta a pesar de haberlas solicitados en múltiples ocasiones” 179, igualmente, se han presentado irregularidades en el acceso al expediente de fosas clandestinas de San Fernando que finalmente se obtuvo en julio de 2015. Tampoco se ha extendido el mandato de la Comisión Forense para conocer de otros casos de personas migrantes desaparecidas.

  15. Durante el 2016, la CIDH no conoció de información pública sobre el avance de las investigaciones de la Comisión Forense con respecto a los casos de Tamaulipas y Nuevo León. Por otro lado, las organizaciones señalaron que persisten carencias estructurales en materia de localización, exhumación de restos de personas migrantes, así como identificación y restitución a sus familiares en otros casos. En este sentido, la CIDH reitera la recomendación realizada al Estado mexicano para que continúe y amplié el trabajo de la Comisión Forense en los demás casos que se encuentren en las rutas de migrantes en México, especialmente, teniendo en cuenta el alcance transnacional que tienen los delitos y violaciones de derechos humanos de las personas migrantes180.

  16. Con respecto a la creación de una Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra Migrantes a nivel Federal, la Comisión celebra181 la creación de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes (UIDPM) mediante el Acuerdo A/117/15 del 18 de diciembre de 2015182. En su último Informe sobre México, la CIDH destacó los esfuerzos de la PGR en el diseño de un Mecanismo de Apoyo Exterior de búsqueda e investigación consistente en un conjunto de acciones y medidas tendientes a garantizar el acceso a la justicia a personas migrantes o sus familias que se encuentren en otro país y para la búsqueda de personas desaparecidas migrantes. Finalmente, en febrero de 2016, la CIDH destacó183 mediante comunicado, la creación de dicho Mecanismo adscrito a la UIDPM184.

  17. Aunque la adopción de ambos mecanismos significa un avance importante en la protección de los derechos de personas migrantes y sus familias, según información recibida, su implementación dista de ser efectiva185, especialmente porque las autoridades no han incluido las observaciones de la sociedad civil para su adecuado funcionamiento186. A septiembre de 2016, la Unidad sólo había iniciado 123 averiguaciones previas, mientras que en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio se han iniciado seis carpetas de investigación187.

  18. En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado hizo referencia a la creación del Grupo de Trabajo de Prevención Social de la Violencia y Protección de Personas Migrantes en México del Consejo Consultivo de Política Migratoria de la SEGOB el 28 de junio de 2016. Dicho Grupo está conformado por diversas dependencias federales e instituciones encargadas del tema migratorio, representantes de la academia y de sociedad civil y tiene como objetivo principal identificar e implementar estrategias para atender y proteger a las personas migrantes en territorio nacional que se encuentren en situación de vulnerabilidad por violencia, delincuencia o amenaza del crimen organizado. Según el Estado, el Grupo dará especial atención a niños, niñas y adolescentes, mujeres y adultos mayores188.

  19. Respecto a la implementación de un mecanismo nacional que facilite el intercambio de información forense sobre restos no identificados de personas mexicanas y centroamericanas desaparecidas en México con los bancos forenses de migrantes desaparecidos que se han desarrollado en la región, tales como los de El Salvador, Guatemala, Honduras, así como otros que puedan surgir, la CIDH resalta que entre las funciones del Mecanismo de Apoyo Exterior se haya incluido la adopción de estrategias para facilitar la comparación de información genética de restos no identificados de personas migrantes con bancos de datos forenses de otros países189.

  20. Por su parte, el documento de lineamientos para el Mecanismo de Apoyo Exterior delega dicha función en el titular de la UIDPM y establece formatos accesibles para el intercambio de información190. Sin embargo, a la fecha, el Estado mexicano no ha avanzado en un mecanismo de coordinación institucional y a largo plazo con Bancos de Información Forense ya existentes en varios países Centroamericanos, por lo que el intercambio de información forense dependerá de cada caso al interior del Mecanismo de Apoyo Exterior. Por su parte, el Estado informó que el 28 de junio de 2016 se instaló el Grupo de Trabajo de Prevención Social de la Violencia y Protección de Personas Migrantes en México, del Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación191.

  21. Por todas las consideraciones antes expuestas, la CIDH reitera al Estado las recomendaciones señaladas en esta sección. La CIDH exhorta al Estado a establecer un registro nacional sobre la localización de restos no identificados y la búsqueda de fosas clandestinas en los términos señalados en sus recomendaciones. Asimismo, el Estado debe asegurar que todos los procesos de exhumación e identificación de restos se sujeten a los estándares en la materia con especial atención en el trato digno a los familiares. Nuevamente reitera la necesidad de que las Fuerzas Armadas registren las cifras sobre personas muertes y heridas en operaciones, e investiguen con la debida diligencia requerida cualquier acto donde haya privación al derecho a la vida por integrantes de las fuerzas de seguridad. Asimismo alienta a continuar y profundizar el trabajo de la Comisión Forense y de un mecanismo nacional que facilite el intercambio de información forense sobre restos no identificados de personas mexicanas y centroamericanas desaparecidas en México con los bancos forenses de migrantes desaparecidos desarrollados en la región.



  1. Compartir con tus amigos:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25


La base de datos está protegida por derechos de autor ©odont.info 2019
enviar mensaje

    Página principal