Informe Anual 2016 Capítulo V méxico


Ayotzinapa, Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y Mecanismo de Seguimiento



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Ayotzinapa, Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y Mecanismo de Seguimiento


  1. El 3 de octubre de 2014, la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de 43 estudiantes de la escuela rural “Raúl Isidro Burgos”, en México. De acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó al Estado de México que: a) Adopte las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero de los 43 estudiantes identificados, con el propósito de proteger sus derechos a la vida y a la integridad personal; b) Adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de los estudiantes heridos, identificados en el presente procedimiento, quienes actualmente estarían ingresados en un hospital; c) Concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y d) Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar.

  2. Mediante un acuerdo firmado en noviembre de 2014 por la CIDH, el Estado y los representantes de los beneficiarios de las medidas cautelares, se creó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI), a fin de proporcionar asistencia técnica en el seguimiento al presente asunto y apoyar en la elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales; y análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas; y emitir recomendaciones que fortalezcan las capacidades institucionales del Estado para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, así como la investigación de casos de desaparición forzada, entre otros temas relacionados.

  3. El 6 de septiembre de 2015, el GIEI emitió su primer informe denominado “Informe Ayotzinapa: Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa”. En abril de 2016, la CIDH, mediante comunicado de prensa, lamentó que el Estado mexicano haya manifestado su posición de no prorrogar el mandato del GIEI y poner fin al acuerdo, a pesar de que los objetivos del mismo permanecen incumplidos, principalmente la ubicación de los estudiantes desaparecidos90. La CIDH señaló que dada la naturaleza del acuerdo de asistencia técnica, en la que es indispensable la anuencia del Estado, no estaban dadas las condiciones para continuar el mandato del Grupo. El 30 de junio de 2016, al concluir su mandato, el GIEI presentó su informe Ayotzinapa II, Avances y Nuevas Conclusiones sobre la Investigación, Búsqueda y Atención a Víctimas, con recomendaciones al Estado sobre las rutas a seguir en la investigación y paradero de los normalistas.

  4. Por su parte, mediante comunicado de fecha 26 de abril de 2016, un grupo de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas indicó que el informe final del GIEI evidenció graves fallas en las investigaciones oficiales desarrolladas y demostró que queda mucho por hacer para lograr garantizar la justicia y reparar a las víctimas. Los expertos en derechos humanos consideraron lamentable, que en la segunda etapa de su mandato, el GIEI no haya contado con la plena colaboración del gobierno y haya sido objeto de campañas de descrédito a su trabajo y a los resultados de sus investigaciones 91”.

  5. La CIDH reconoce la gran importancia del trabajo del GIEI, sus informes y sus recomendaciones. En atención a la medida cautelar vigente, el 29 de julio de 2016, la CIDH emitió la resolución 42/16 por la cual decidió implementar un mecanismo de seguimiento especial para dar seguimiento a las medidas cautelares otorgadas MC/409-14 acordado con los representantes y el Estado y en ese marco, a las recomendaciones del GIEI formuladas en sus dos informes que derivan de la medida cautelar, hasta lograr el cumplimiento de los objetivos y recomendaciones establecidos tanto en la medida cautelar como en los informes del GIEI92. Mediante comunicado de prensa de 9 de septiembre de 2016, la CIDH anunció el inicio de la fase de implementación del mecanismo de seguimiento especial a la medida cautelar. El mecanismo de seguimiento está integrado por el Relator de País, Comisionado Gil Botero como coordinador, quien además cumplirá una función de portavoz, y personal técnico de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH. También podrán participar en el mecanismo otros Comisionados. De acuerdo a la resolución 42/16, el mecanismo de seguimiento tendrá acceso pleno a la información necesaria en los expedientes y otras fuentes de información.

  6. El Mecanismo de Seguimiento Especial realizó una primera visita a México entre el 9 y 12 de noviembre con el objeto de presentar su Plan de Trabajo. El plan de trabajo consta de cuatro objetivos fundamentales: el avance de la investigación, la búsqueda de los desaparecidos, la atención integral a víctimas y familiares, y las medidas estructurales de no repetición. El plan de trabajo detalla también el cronograma tentativo de las visitas a realizar en un periodo de doce meses, en coordinación con el Estado, así como el seguimiento a través de audiencias públicas y reuniones de trabajo93. En sus observaciones al proyecto del presente informe el Estado manifestó que la realización de esta primera visita del Mecanismo de Seguimiento es muestra del compromiso del Estado para fortalecer la cooperación con la CIDH y con el Comisionado y Relator de País, Enrique Gil Botero. Asimismo señaló que muestra el compromiso del Gobierno con los familiares de los desaparecidos para que se avance con el esclarecimiento de los hechos94. El Estado reiteró su compromiso con el esclarecimiento de los hechos, la continuidad de las investigaciones, la sanción de las personas responsables y la protección de los derechos de las víctimas. Según el Estado, “como se reiteró en su momento, la investigación sigue abierta hasta que se procese hasta el [sic] último responsable” 95.

  7. Durante la visita se realizó una reunión de trabajo respecto de la Medida Cautelar 409/14. La CIDH tomó nota de las condiciones establecidas por los familiares para continuar en una mesa de diálogo con el Estado: i) la notificación de la resolución de la investigación de control interno de la PGR respecto a supuestas irregularidades en la investigación de las desapariciones forzadas y otros hechos relacionados; 2) la ampliación de los polígonos de búsqueda con la tecnología LIDAR y 3) nuevas consignaciones de elementos de otras corporaciones policiales involucradas (municipales, estatales y federales). La Comisión exhorta al Estado a atender a la brevedad estas solicitudes con el fin de retomar este importante espacio de diálogo entre las partes.

  8. En el marco de las investigaciones en el caso Ayotzinapa y a más de dos años de haber desaparecido los estudiantes sólo se habría identificado a Alexander Mora a través de un resto óseo y el paradero de los 43 estudiantes sería aún desconocido. La CIDH observa que la Visitaduría General de la Dirección de Asuntos Internos de la PGR inició una investigación con la información aportada por el GIEI en su segundo informe de actividades, relacionada con material fotográfico y fílmico en el cual aparece el día 28 de octubre de 2014 el Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, acompañado de otros funcionarios públicos, y Agustín García Reyes – detenido – en las inmediaciones del Río San Juan. El GIEI indicó que de los videos se desprendía entre otros, que ese día se realizó una inspección del lugar con la presencia del detenido y de personal pericial, y existió contacto con posibles evidencias. Una síntesis de acuerdo de conclusión sobre la investigación de fecha 18 de agosto de 2016 fue hecha pública en el Diario Aristegui Noticias y reproducida en diversos medios.

  9. La investigación concluyó la existencia de una serie de irregularidades cometidas por el Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR y otros funcionarios públicos. Por ejemplo se indicó que Tomás Zerón habría realizado actos de investigación en las inmediaciones del Río San Juan de Cocula sin contar con el acompañamiento y aval del Ministerio Público puesto que no habría orden judicial que le permita hacer un recorrido con un presunto implicado en dicho lugar96. Asimismo se determinó una serie de irregularidades en relación con la investigación, como la falta de formalización de actuaciones ministeriales y falta de inclusión de las mismas en el expediente, alteraciones de fechas y horas del certificado médico de uno de los imputados, retenciones arbitrarias de presuntos implicados, presuntas irregularidades respecto al derecho a la defensa de los presuntos implicados, entre otros97. El documento recomendó que se inicien los procedimientos bajo la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servicios Púbicos y que remuevan a algunos funcionarios de sus cargos, entre otros98. Como producto de los señalamientos hechos en su contra, según información en prensa, la CNDH estaría investigando desde mayo de 2016 la actuación de Tomás Zerón en la AIC. Según información en prensa, el Visitador General de la Procuraduría que elaboró dicha investigación renunció a su cargo en agosto de 2016.

  10. La CIDH insta a la Visitaduría Interna de la PGR a investigar las presuntas irregularidades que han sido denunciadas, o a través de dicha publicación, o por los familiares de las víctimas, o por otras fuentes con el fin de salvaguardar la integridad de la investigación. La CIDH asimismo toma nota que el 14 de septiembre de 2016, Tomás Zerón renunció como jefe de la Agencia de Investigación Criminal. El mismo día, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado de prensa mediante el cual anunció que el Presidente de la República designó a Tomas Zerón como Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública “en reconocimiento a sus acciones y responde a la experiencia y capacidad que ha demostrado en sus encargos anteriores” sin hacerse referencia a estos graves señalamientos99.

  11. Por otro lado, la CIDH y el GIEI han sostenido la importancia de investigar debidamente los indicios de involucramiento de varias fuerzas de seguridad en los sucesos. Al respecto, la CIDH toma en cuenta la reciente publicación de “La verdadera noche de Iguala” realizada por la periodista Anabel Hernández, sobre la presunta participación de elementos del ejército en los hechos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014 así como la supuesta existencia de un documento de la PGR mediante el cual su Visitaduría General instruye la investigación de elementos del 27 Batallón de Infantería. Dicho documento hace referencia a supuestas conductas omisas por parte de elementos de la fuerza pública, e instruiría a que se amplíe la investigación a efectos de investigar presuntos actos de “encubrimiento, abuso de autoridad o cualquier otra circunstancia indebida en el ejercicio de sus funciones”100.

  12. LA CIDH observa que al día de la fecha, no se conoce el paradero o destino de los beneficiarios de la medida cautelar 409/14. A pesar de los informes emitidos por el GIEI y las recomendaciones respectivas, las acciones adoptadas por las autoridades estatales aún no han arrojado resultados concretos o avances positivos que permitan su localización. En particular, la Comisión toma nota que los informes del GIEI sugieren que no se estarían tomando en consideración la implementación de todas las medidas relacionadas con la investigación de un posible quinto bus y su implicación con el presente asunto; no se habrían tomado las declaraciones testimoniales pendientes, ente las que se encuentran las entrevistas con los integrantes del 27 Batallón del Ejército; existirían supuestos obstáculos en las investigaciones relacionadas con alegados casos de torturas encontrados y aquellos temas relacionados con presunta obstrucción de justicia; existirían serios desafíos en la implementación de pruebas científicas y periciales; entre otros temas relacionados101.

  13. Tomando en consideración la información con la que se cuenta al día de la fecha, la falta de información sobre el paradero o destino de los beneficiarios de las medidas cautelares, las circunstancias excepcionales del presente asunto y el contexto en el que se presenta, la CIDH considera que el presente asunto aún reúne los requisitos del artículo 25 su Reglamento. La CIDH considera importante reiterar las medidas cautelares y solicitar al Estado que redoble sus esfuerzos a fin de implementar todas las medidas necesarias para determinar el paradero o destino de los beneficiarios de las medidas cautelares, en los términos de la resolución de 3 de octubre de 2014102.

  14. La CIDH reitera las recomendaciones emitidas en su Informe de País. Especialmente insta al Estado a adoptar una Ley General sobre Desapariciones y Desaparición Forzada a la brevedad posible ajustada a los estándares internacionales sobre la materia. Asimismo exhorta al establecimiento de mecanismos de búsqueda inmediata, a mejorar el Registro de Personas Desaparecidas, a fortalecer los mecanismos de alerta temprana y búsqueda urgente en casos de desaparición de mujeres y niñas. Respecto a las recomendaciones del GIEI, la CIDH continuará monitoreando el cumplimiento de las mismas conforme a las atribuciones de su mandato y bajo el cumplimiento de la medida cautelar vigente.
  1. Tortura


  • Adoptar una Ley General sobre Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que tanto a nivel federal como estatal la legislación y las prácticas se ajusten a los estándares internacionales en la materia, en particular en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

  • En particular, asegurar que la Ley General sobre Tortura excluya “pruebas” y “confesiones” obtenidas mediante tortura del proceso penal de la persona torturada y de otras personas implicadas en dichas confesiones. Establecer claramente en la ley que la parte acusadora tiene la carga de la prueba para demostrar la licitud de cualquier prueba impugnada.

  • Crear un Registro Único Nacional de personas detenidas y asegurar que dichas personas sean puestas a disposición inmediata de un juez bajo riesgo de sanción.

  • Investigar casos en los que los jueces no han ordenado una investigación cuando existan denuncias o indicios de tortura o malos tratos. Asegurar que se aplique el Protocolo de Estambul a nivel nacional por autoridades competentes e independientes en forma expedita y bajo riesgo de sanción.

  • Establecer el uso obligatorio de cámaras y otros protocolos de seguridad durante los interrogatorios y en las patrullas, como medida preventiva de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

  • Establecer lineamientos de aplicación federal y estatal sobre la recopilación de estadísticas uniformes en graves violaciones a los derechos humanos. En particular, el Estado debe mejorar el sistema de recopilación de información de forma desagregada, con una metodología consistente y transparente.

  • Eliminar el arraigo y la flagrancia equiparada del ordenamiento jurídico mexicano.




  1. En su informe sobre la Situación de Derechos Humanos en México, la CIDH coincidió con otros organismos internacionales al señalar que en México la tortura es generalizada, y se presenta frecuentemente entre el momento de una detención—que suele ser arbitraria—y antes de que la persona detenida sea puesta a disposición de un juez.

  2. La CIDH nota que este año se difundió en diversas redes sociales un video sobre actos de tortura cometidos por dos militares y una agente de la policía federal en contra de una mujer. Los hechos ocurrieron en la comunidad de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero el 4 de febrero de 2015. Mediante comunicado de prensa de fecha 14 de abril de 2016, la Secretaría de la Defensa Nacional indicó que tuvo conocimiento de los actos cometidos el 10 de diciembre de 2015103. En enero de 2016 el Agente del Ministerio Público Militar integró una averiguación previa y desglosó la averiguación a la PGR a efectos de determinar en el ámbito de su competencia “las responsabilidades en cuanto a las afectaciones a la civil”104. Asimismo, en el mismo mes la Procuraduría General de Justicia Militar aprehendió a los “presuntos responsables del delito de desobediencia” quienes se encontrarían en una prisión militar105. Según información en prensa, con posterioridad a los presuntos actos de tortura, la presunta víctima fue recluida en un penal federal en donde continuaría a la fecha106. En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado indicó que los probables responsables fueron aprehendidos por la Procuraduría de Justicia Militar por el delito de desobediencia. Asimismo, informó que son investigados por la PGR por el delito de tortura a través de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura107.

  3. La CIDH destaca las disculpas públicas emitidas en abril de este año por el titular de la SEDENA, el General Salvador Cienfuegos Zepeda en un mensaje dirigido a las tropas mexicanas en el Campo Militar Número 1, como consecuencia de los hechos revelados en dicho video108. Ello contrasta con declaraciones vertidas este año por autoridades estatales en donde se sugiere que en algunos casos se interponen quejas sobre violaciones a los derechos humanos contra personal militar para obtener liberaciones o afectar la credibilidad de las Fuerzas Armadas109. Por su parte, en sus observaciones al proyecto de informe del presente informe, el Estado indicó que el 18 de abril de 2016 el Comisionado Nacional de Seguridad realizó disculpas públicas por los hechos ocurridos e indicó que asumirán las responsabilidades necesarias para lograr que este tipo de actos no se repitan110.

  4. El 29 de abril de 2016, el Senado de la República aprobó una minuta de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes que fue turnada a la Cámara de Diputados. Según algunas organizaciones de la sociedad civil, el texto aprobado cumple en lo general con los estándares internacionales sobre la materia. Entre otros, se destaca la imprescriptibilidad del delito, la creación de fiscalías especiales y la implantación de un registro nacional para dar seguimiento y visibilizar los casos. En particular se dispone que: a) la norma establece dos tipificaciones distintas, con dos penas distintas: tortura, castigada con cárcel de 10 a 20 años; y b) tratos crueles, inhumanos y degradantes, con tres meses a tres años de prisión, situación que para algunas organizaciones de la sociedad civil puede servir para no cumplir con el objeto y fin de la norma.

  5. La mayor preocupación subyace en la ambigüedad de la redacción del artículo que establece algunas excepciones para no considerar nula una prueba obtenida bajo tortura, situación que constituye un debilitamiento del lenguaje en el tema fundamental sobre la regla de exclusión. El texto establece que serán válidas aquellas pruebas cuyo “descubrimiento (de dicha prueba) fuera inevitable, se hubiere obtenido de fuente independiente o el vínculo de su ilicitud estuviese atenuado”. Esta disposición sería contraria al propio ordenamiento constitucional que establece que cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales es nula y no es consistente con la Convención Americana y la Convención Interamericana contra la Tortura111. En un contexto en donde tanto la CIDH y organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos han sostenido que la tortura ha sido utilizada para obtener confesiones, este tipo de excepciones son materia de preocupación. La CIDH espera que con las revisiones respectivas, el Congreso apruebe la Ley General a la brevedad posible asegurando que la ley excluya pruebas y confesiones obtenidas mediante tortura.

  6. En este marco, la CIDH considera importante las observaciones presentadas por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a la Cámara de Diputados respecto de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes112. En dicho documento la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desarrolla algunas consideraciones sobre la referida ley en discusión, en particular respecto a las modificaciones realizadas al Dictamen que consideró regresivas y contrarias a los estándares internacionales sobre derechos humanos. Entre éstas destacan limitaciones a la obligación de las autoridades de denunciar tortura sólo en casos cuando haya vista o denuncia, en lugar de cuando haya indicio o razón fundada; y limitaciones al registro de las presuntas denuncias de tortura para que sólo se registren las que cuenten con vinculación a proceso. Asimismo, en otros aspectos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas hizo referencia a la necesidad de fortalecer la excepción a la regla de exclusión ya abordada por la Comisión en el presente informe y a la necesidad de regular la responsabilidad del superior jerárquico en el caso de tortura más allá de lo establecido en la legislación penal nacional. En tal sentido, la CIDH acompaña la importancia de asegurar que el marco legislativo que se apruebe sea consistente con estándares internacionales aplicables.

  7. Por otro lado, la CIDH fue informada que sigue sin existir un Registro Único Nacional de personas detenidas. En este sentido, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas también recomendó recientemente al Estado que complemente esfuerzos existentes para registrar a las personas privadas de liberad mediante la adopción de una ley nacional que establezca un registro unificado de todo tipo de detenciones y personas privadas de libertad. Ello con el fin de evitar detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones113. El Estado informó a la Comisión que reafirma la intención de continuar mejorando en los registros de detención. Destacó además que puso a disposición de la población el Sistema de Consulta de Detenidos (SIRED) 114. Este sistema es un registro público en tiempo real de las personas que se encuentran a disposición de un agente del Ministerio Público de la Federación con el objetivo de prevenir las detenciones arbitrarias o forzadas. Indicó además que este sistema muestra el lugar donde se encuentra detenida la persona en un mapa georreferenciado, dirección, teléfono, autoridad que realizó la detención y la autoridad a la que se puso a disposición115.

  8. En relación a la obligación de investigar la tortura dentro del proceso penal, varias organizaciones de la sociedad civil manifestaron preocupación por la tesis aislada publicada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece que no procede reponer procesos penales para investigar actos de tortura denunciados por la defensa, a no ser que exista confesión o “autoincriminación” de la persona acusada116. Según las organizaciones, con esta decisión: “si la declaración bajo tortura de la persona acusada no es calificada como confesión; si una persona es torturada para que incrimine a otra; o si la tortura produce cualquier otra prueba distinta a la autoincriminación, podrían quedar intactas las condenas basadas en tales pruebas ilícitas”117. Conforme señalaron las organizaciones, esta tesis se encuentra en contradicción con la prohibición absoluta de dar validez a cualquier prueba obtenida mediante tortura, establecida tanto en la Constitución, en el Código Nacional de Procedimientos Penales y bajo el derecho internacional de los derechos humanos.

  9. Respecto a la aplicación del Protocolo de Estambul para documentar posibles secuelas de tortura, en su Informe sobre Situación de Derechos Humanos en México, la CIDH señaló que ésta sería inadecuada, incompleta, tardía y realizada por personal no capacitado. Organizaciones de la sociedad civil plantearon a la Comisión que se seguirían aplicando por peritos oficiales entrando en conflicto de interés al pertenecer a las mismas instituciones que formulan acusaciones penales en contra de personas denunciantes de tortura, con lo cual, frente a este tipo de situación, la probabilidad de reconocer secuelas de tortura es muy baja. Un informe de Amnistía Internacional de junio 2016 documentó que los exámenes que realiza la PGR “suelen hacerse demasiado tarde, muchos después de la tortura denunciada y que tienen varios defectos”118. Según dicha organización, la PGR informó en octubre de 2015 que realizó 185 exámenes forenses en 2014, y que había 1.600 solicitudes de exámenes pendientes119. Un informe de Open Society Initiative de 2016 sostiene que los fiscales en México citan Protocolos de Estambul negativos, interpretados en términos limitados y muchas veces mal aplicados, como la justificación “para no proseguir con otras líneas de investigación (…) desafiando el lenguaje expreso del Protocolo”. Según el citado informe, se requiere “acabar con la excesiva confianza en la investigación basada en una estrecha interpretación de los procedimientos médicos establecidos en el Protocolo de Estambul, a la casi exclusión de otras fuentes de pruebas importantes”, incluyendo aceptar conclusiones de profesionales independientes en la investigación120.

  10. Respecto a la eliminación de la figura del arraigo, la CIDH no ha recibido información en este sentido. Al respecto, el Estado afirmó que esta medida se utiliza sólo en casos excepcionales y su utilización se ha disminuido121. Indicó que en el 2015 sólo 83 personas fueron sujetas a esta medida122. En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado indicó que en enero de 2017 no se encuentra persona alguna arraigada en el fuero federal123. Con relación a la flagrancia, organizaciones de la sociedad civil indicaron a la Comisión que con la entrada del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales124, los supuestos de flagrancia se restringieron, situación que representaría un avance a hacia la eliminación del concepto de flagrancia equiparada, pero sin que se elimine el concepto de “flagrancia por señalamiento” contemplado en el artículo 146 de dicho instrumento125.

  11. Por todo lo anteriormente descrito, la CIDH llama al Estado cumplir con las recomendaciones. En particular, alienta al Estado a continuar trabajando para la adopción de una Ley General sobre Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes que se ajuste a los estándares internacionales en la materia. Asimismo exhorta al Estado a crear un Registro Unico Nacional de personas detenidas y a asegurar que se aplique el Protocolo de Estambul a nivel nacional por autoridades competentes e independientes en forma expedita y bajo riesgo de sanción.



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