Informe Anual 2016 Capítulo V méxico


Desapariciones y desapariciones forzadas



Descargar 0.97 Mb.
Página3/25
Fecha de conversión21.06.2020
Tamaño0.97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Desapariciones y desapariciones forzadas


  • Adoptar una Ley General sobre Desaparición y Desaparición Forzada, y adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que tanto a nivel federal como estatal la legislación y las prácticas se ajusten a los estándares internacionales en la materia.

  • Establecer mecanismos de búsqueda inmediata de personas desaparecidas en todo el territorio nacional.

  • Mejorar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas como un registro único de desapariciones y que además permita registrar a una persona como víctima de desaparición forzada. Una base de datos debe contar con información personal de las personas desaparecidas, la información personal que sea necesaria, principalmente genética y muestras celulares, de los familiares de las personas desaparecidas con su consentimiento, y la información genética y muestras celulares provenientes de los cuerpos de cualquier persona no identificada que fuera privada de la vida. Dicha información personal deberá ser protegida en el portal del Registro de acuerdo a estándares internacionales sobre acceso a la información.

  • Fortalecer los mecanismos existentes en materia de alerta temprana y búsqueda urgente en casos de desaparición de mujeres y niñas, para asegurar su aplicación efectiva a nivel federal, estatal y municipal. Asimismo, fortalecer el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, para que éste proporcione información precisa y confiable sobre las mujeres y niñas desaparecidas y desaparecidas forzadamente.

  • Atender las recomendaciones del GIEI conforme las atribuciones conferidas en su mandato, específicamente su solicitud reiterada de entrevistarse con los integrantes del Ejército, así como para visitar el Batallón 27, y continuar con las investigaciones en el caso. Considerar la utilización de mecanismos similares para otros casos de graves violaciones a los derechos humanos.




  1. En su Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en México de 2015, la CIDH señaló que recibió testimonios de familiares de personas desaparecidas de diversas entidades federativas. Las víctimas de desaparición son hombres y mujeres, niños y niñas, personas indígenas, campesinas, estudiantes, migrantes, defensoras, e incluso funcionarios estatales. El común denominador de los testimonios recibidos fue la incesante búsqueda de sus seres queridos “hasta encontrarlos” y una impunidad alarmante.

  2. La CIDH valora el reconocimiento del Estado de que “México tiene un problema relacionado con la desaparición de personas, ya sea cometida por particulares, por autoridades del Estado, o por particulares con asistencia o aquiescencia de las autoridades”63. En Audiencia Pública sobre “Situación de derechos humanos y desaparición forzada en México” realizada el 5 de diciembre de 2016 en Panamá, el Estado indicó que las desapariciones forzadas significan el reto principal que México tiene en materia de derechos humanos, porque la desaparición de personas “es un delito con un enorme impacto en el tejido social, constituye una de las más sensibles violaciones a los derechos humanos y las libertades fundamentales64.

  3. Cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revisadas al 15 de noviembre de 2016, arrojan 28.396 personas extraviadas o desaparecidas, 27.428 del fuero común (al mes de julio) y 968 del fuero federal (al mes de septiembre)65.

  4. En su Informe, la CIDH señaló la existencia de varios anteproyectos de ley sobre la Desaparición Forzada a nivel federal. El Estado indicó que el proyecto de “Ley General sobre Desaparición Forzada” que fue consultado con diversas organizaciones, fue enviado por el Presidente Enrique Peña Nieto al Congreso el 10 de diciembre de 2015 y reconoció como reto pendiente el impulsar la adopción de la Ley General así como asegurar su plena implementación66. A la fecha de elaboración del presente informe de seguimiento, y a un año de la presentación del proyecto de ley en el Congreso de la Unión, éste sigue pendiente de discusión en el Congreso de la Unión. En la Audiencia Pública sobre “Situación de derechos humanos y desaparición forzada en México” realizada el 5 de diciembre de 2016 en Panamá, el Estado mexicano se comprometió a trabajar de manera coordinada con las organizaciones y familiares de personas desaparecidas en la conclusión de este proceso que está en el Poder Legislativo67. La CIDH toma nota de este compromiso y exhorta al Estado a aprobar esta Ley a la brevedad posible, y que la misma esté adecuada a los estándares internacionales en derechos humanos. En este sentido, la CIDH en su Informe de País analizó algunas consideraciones a tener en cuenta68.

  5. Respecto al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el Estado informó que el proyecto de Ley General sobre Desaparición Forzada contempla la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas69. Este sistema estará integrado por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas y el Registro Nacional Forense para facilitar la localización e identificación de personas y en su caso de cadáveres o de restos70. Este sistema se conformará con autoridades de los tres niveles de gobierno con la participación de familiares, víctimas y organizaciones de la sociedad civil y asegurará la movilización inmediata de instancias de seguridad pública, así como las autoridades de procuración de justicia ante un reporte de desaparición71. La CIDH aborda avances y desafíos respecto a la búsqueda de fosas más adelante en el informe.

  6. El Estado señaló que a partir del Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas y no Localizadas, los familiares podrán dar seguimiento de su denuncia. Dicho registro tendrá información actualizada por hospitales, centros de detención y servicios médicos forenses federales y locales72. El Estado también hizo referencia al Registro Nacional Forense que utilizará los últimos adelantos de ciencia y tecnología para facilitar la localización e identificación de personas desaparecidas73.

  7. En la Audiencia Pública sobre “Situación de derechos humanos y desaparición forzada en México” realizada el 5 de diciembre de 2016 en Panamá, organizaciones de la sociedad civil indicaron su preocupación por las pendientes reformas institucionales, el proceso de dictaminación de la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares, la necesidad de contar con una Fiscalía Especial de Desaparición de Personas autónoma, y los riesgos que enfrentan los familiares de personas desaparecidas en el contexto de las brigadas de búsqueda. Las organizaciones solicitantes de la audiencia indicaron que las propias familias han emprendido las búsquedas de sus familiares de manera individual y colectiva ante la desesperación, frustración e incertidumbre respecto de su paradero, así como la impunidad y falta de mecanismos efectivos para lograr justicia. Indicaron que esta búsqueda no sustituye la obligación de las autoridades mexicanas de aplicar la debida diligencia en la búsqueda e investigación de todas las desapariciones. Indicaron asimismo que enfrentan una de serie obstáculos en la búsqueda de sus familiares como persecución, hostigamientos y amenazas. En este marco solicitaron coordinar sistemas de protección de familiares de personas desaparecidas en riesgo y en particular de manera preventiva en el marco de las brigadas nacionales de búsqueda.

  8. Asimismo solicitaron al Estado que entable convenios con organismos forenses especializados para que en el marco de un plan nacional de exhumaciones e identificación de personas se agilicen los esfuerzos por procesar las fosas clandestinas y comunes del país. También señalaron la importancia de iniciar un diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y de familiares sobre la creación de un instituto autónomo forense así como respecto del rol de la nueva Fiscalía General de la República. Asimismo solicitaron a la CIDH su acompañamiento cercano a través del mecanismo de seguimiento en el caso Ayotzinapa74.

  9. Respecto a la desaparición de mujeres, la CIDH expresa su preocupación sobre la falta de avances en las investigaciones, así como sobre la profunda brecha entre la normativa y las políticas públicas adoptadas y la realidad. Según información allegada a la CIDH, los casos de desaparición y desaparición forzada de mujeres y niñas que suceden en diversas áreas del país continúan. En la actualidad, según los datos del Informe de 2015 del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) presentado ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública en agosto de 2016, según los datos que obran en el Registro, al 31 de diciembre de 2015, de los 26.898 casos de personas desaparecidas o no localizadas, 7.184 corresponden a mujeres, es decir, el 26.7%. Por su parte, en el fuero federal se reportan 989 registros de personas desaparecidas o no localizadas, de las cuales el 16.7% son mujeres75. El mayor porcentaje de personas desaparecidas se ubica entre los 15 y 18 años, sin embargo, el registro no da cuenta diferenciada de la desaparición de niñas y adolescentes y es necesario que se registre dicha información. En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado reiteró la importancia de los mecanismos que coadyuvan a mejorar las investigaciones de desapariciones de mujeres como el Programa Alerta Amber. En este marco, el Estado señaló que se establecieron 119 alertas migratorias en favor de menores de edad. Asimismo, según información aportada por el Estado, del 1 de mayo de 2012 al 31 de octubre de 2016 se activaron 713 Alertas Amber y hubo 382 localizaciones. El Estado también señaló que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua proporcionó evidencia que indica que, al 31 de diciembre de 2015, en las zonas norte, centro, sur y occidente se registraron 1,112 activaciones, que implicaban a un total de 1,143 personas, de las cuales 1,120 han sido localizadas76.

  10. Además señaló que México cuenta con los Lineamientos Generales para la estandarización de investigaciones de los delitos relacionados con desapariciones de mujeres, del delito de violación de mujeres y del delito de homicidio de mujeres por razones de género77.

  11. De acuerdo con el Informe de RNDEP, en el año 2015 se dio continuidad a los trabajos de integración, depuración y actualización de los registros tanto del fuero común como del fuero federal78. Sin embargo, no aún no se refleja adecuadamente la situación de desaparición forzada de mujeres y niñas, entre otros víctimas de desaparición forzada. A su vez, el registro sigue sin contar con cifras que documenten cuántos de los casos registrados constituyen desapariciones forzadas por lo cual las cifras oficiales no resultan confiables y se constituyen en un primer obstáculo para la búsqueda de las personas desaparecidas. Como se mencionó anteriormente, el RNPEP invisibiliza no sólo a las niñas, sino a las personas migrantes y a los niños y adolescentes79. En ese sentido, la CIDH reitera su recomendación de adoptar medidas para mejorar y hacer más funcional el Registro en cuanto al desglose y homogeneidad de la información que contiene, en particular, en lo que se refiere al registro de mujeres y niñas desaparecidas. En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado indicó que continuará trabajando para mejorar el Registro en mención en cuanto al desglose y la homogeneidad de la información contenida. Asimismo indicó que el sistema se encuentra permanentemente actualizado y es de uso público y además contiene datos desagregados por sexo y edad dependiendo del caso80.

  12. En 2016, pese al cambio de Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas a Fiscalía, la CIDH ha sido informada que esta instancia carece de recursos y personal suficiente y especializado81. Asimismo, la FEBPD ha tenido serias dificultades para conformar su Unidad de Análisis de Contexto, así como poco reconocimiento y coordinación con otras instancias dentro de la PGR82. En la Audiencia Pública sobre Situación de Derechos Humanos y desaparición forzada en México, realizada el 5 de diciembre de 2016 en Panamá, el Estado indicó que la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR es una respuesta ante el reclamo de las familias. De manera periódica se realizan mesas de trabajo con diversos colectivos a nivel nacional con el fin de contar con estrategias dialogadas de búsqueda proporcionadas por los propios familiares de las personas desaparecidas. Asimismo informó que en coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja se vienen realizando esfuerzos para adoptar mejores prácticas internacionales en materia de búsqueda y localización de personas. El Estado indicó que la PGR ha liderado con diversas entidades federativas los cuestionarios ante mortem y post mortem los cuales permitirán obtener información para construir líneas de investigación. Asimismo, se está terminando de afinar un manual operativo de atención psicosocial a víctimas83.

  13. Con respecto al Protocolo Homologado de Búsqueda e Investigación del Delito de Desaparición Forzada, organizaciones de la sociedad civil han señalado que en la práctica no existen las instancias de coordinación ni personal ministerial suficiente tanto a nivel federal como estatal y que persisten prácticas de estigmatizar y criminalizar a las víctimas o pedir sumas de dinero para desincentivar la denuncia y evadir su responsabilidad de iniciar la búsqueda84.

  14. En materia de búsqueda de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas, varios estados han impulsado iniciativas relevantes. En abril de 201685 el estado de Jalisco adoptó la aplicación del Protocolo ALBA para los casos de desaparición o posibles actos de violencia contra niñas, mujeres y adolescentes. Igualmente, en el trascurso de este año, los estados de Sonora86 y Baja
    California87 aprobaron Protocolos Especializados en casos de desaparición de niños, adolescentes y mujeres. Sin embargo, la Comisión observa la falta de una estrategia articulada a nivel federal, estatal y local de mecanismos para la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas. La Comisión reconoce la importancia del Protocolo ALBA y saluda estas iniciativas como herramientas para brindar mayor atención a las desapariciones de mujeres y niñas. Sin embargo, esta Comisión enfatiza que es la implementación eficaz y oportuna de estos mecanismos que hace la diferencia. El Protocolo ALBA se relaciona con el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Campo Algodonero. En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado indicó que se encuentra comprometido con la implementación de una estrategia integral para la búsqueda de niñas desaparecidas88. El Estado señaló que entre el 2012 y 2016 la LGAMVLV tuvo cuatro modificaciones entre las cuales se encuentra la reducción del plazo de 24 a 8 horas para emitir órdenes de protección. Asimismo, el Estado manifestó que la SEGOB estableció el programa de mujeres y niñas desaparecidas Dar Contigo. Según el Estado de 2013 a 2016 se han registrado 1727 expedientes de los cuales en el 32% de los casos fueron localizadas. Asimismo indicó que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) registra una eficiencia del 100% en la atención; y respecto a la localización de niñas, niños y mujeres desaparecidas, un 79.7%89.

  15. En la audiencia pública realizada en abril de 2016 sobre “Desapariciones de niños, niñas y adolescentes en México”, las organizaciones solicitantes señalaron que la grave crisis de derechos humanos en México afecta de manera grave y desproporcionada a ciertos grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos,  niños, niñas y adolescentes (NNA). Indicaron que existe un contexto generalizado de desapariciones en el cual aproximadamente un 30% de los casos registrados hasta el 2015 corresponden a NNA, con un incremento significativo de casos de mujeres adolescentes desde 2012 hasta el presente. Sin embargo, las cifras oficiales no reflejan las dimensiones de la problemática debido a la falta de denuncia y a las dificultades en el sistema de registro. Los participantes destacaron que la respuesta estatal ha sido insuficiente e inadecuada pues no se cuentan con mecanismos efectivos, seguros y ágiles para la denuncia, investigación y búsqueda de personas desaparecidas, así como para el esclarecimiento de responsabilidades. Ello en parte, debido a que estos mecanismos operan en el orden local desconociendo que la desaparición de NNA en algunos casos se encuentra vinculada a la delincuencia organizada y/o delitos federales, además de señalar casos de colusión de autoridades del Estado con organizaciones criminales dedicadas a la trata de NNA con fines de explotación sexual. Las organizaciones de la sociedad civil propusieron la inclusión de un reconocimiento de la situación particular de NNA en el proyecto de Ley General de Desapariciones y la introducción de previsiones específicas, entre ellas la elaboración de un Protocolo Único de Actuación para NNA desaparecidos que considere la activación de alertas y la búsqueda inmediata en las primeras horas desde la desaparición.

  16. Por su parte, el Estado valoró la información aportada por la sociedad civil y las recomendaciones de organismos internacionales en la materia. Las autoridades informaron que se han dado importantes avances legislativos entre ellos la aprobación en 2014 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la progresiva implantación del sistema nacional de protección integral a nivel estatal, federal y municipal. El Estado también informó que se han presentado mejoras en la operación de los protocolos de búsqueda y en los registros de personas desaparecidas, así mismo señaló la elaboración de un Registro Nacional de Centros de Asistencia Social públicos y privados de los NNA que allí se encuentran con el objetivo de prevenir desapariciones en estos centros. El Estado se comprometió además a introducir especificaciones sobre NNA en la Ley General de Desapariciones, a la creación de un grupo de trabajo interdisciplinario para analizar los avances en materia de niñez desaparecida, y a producir información pública sobre los resultados en este tema que será remitido a la CIDH para su conocimiento y extendió una invitación a la Relatora sobre los Derechos de la Niñez para visitar el país y conocer de primera mano estos esfuerzos.




Compartir con tus amigos:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


La base de datos está protegida por derechos de autor ©odont.info 2019
enviar mensaje

    Página principal