Informe Anual 2016 Capítulo V méxico


Respecto del Mecanismo de Defensores y Periodistas la Comisión recomienda al Estado mexicano



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Respecto del Mecanismo de Defensores y Periodistas la Comisión recomienda al Estado mexicano:


  • Requerir a las autoridades competentes tomar en consideración los parámetros internacionales en materia de protección, especialmente, las consideraciones desarrolladas en el “Segundo Informe sobre la situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en las Américas” y el “Informe Violencia contra periodistas y trabajadores de medios de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH”.

  • Proporcionar todo el apoyo político necesario para el adecuado funcionamiento del mecanismo de protección, el cual incluya los recursos económicos necesarios para que puedan desarrollar eficientemente sus competencias en materia de protección y el mismo sea sostenible en el tiempo.

  • Adoptar todas las medidas necesarias para asignar y capacitar a todo el personal necesario para su operación adecuada.

  • Garantizar que los estudios de riesgo y la implementación de las medidas de prevención y de protección sean realizados de manera adecuada y atendiendo la urgencia de los asuntos. Por tanto, que en los procesos de valoración de riesgo, asignación de esquemas de protección y revisión sobre su idoneidad, se garantice una adecuada participación, comunicación y concertación con las personas amparadas por el mecanismo de protección, así como beneficiarios de medidas cautelares solicitadas por la CIDH.

  • Realizar la evaluación y adopción de medidas de protección diferenciadas para mujeres, líderes indígenas y defensores ambientales.

  • Exhortar al Estado a implementar estrategias para que las diferentes instituciones, en los diversos niveles federales y estatales, trabajen de manera articulada a fin de proporcionar una respuesta integral en todos los temas relacionados con la protección de las y los defensores de derechos humanos, así como también de periodistas.

  • Alentar al mecanismo de protección a implementar una estrategia de difusión sobre sus competencias, los requisitos para ingresar al programa, entre otra información necesaria, con el objetivo de que defensores de derechos humanos y periodistas conozcan sobre la protección que puede proporcionar el mecanismo. De igual forma y de acuerdo a estándares internacionales, proporcionar acceso a la información necesaria sobre el mecanismo de protección, a fin de proporcionar mayor transparencia sobre el trabajo que se está desarrollando.

  • Alentar al mecanismo de protección a adoptar un procedimiento que le permita ordenar medidas de protección de oficio en aquellos casos que por su gravedad y urgencia las requieran de forma inmediata.

  • Instar al Estado a duplicar esfuerzos para investigar los hechos que motivan el ingreso y permanencia de las personas amparadas por el mecanismo de protección, con el propósito de establecer como política de Estado la investigación como medida de prevención.

  • Alentar al mecanismo a adoptar herramientas que le permitan realizar mediciones sobre la efectividad de las medidas implementadas, así como incrementar la transparencia de todo lo actuado para incrementar la confianza de los beneficiarios. Lo anterior deberá acompañarse del desarrollo de una política de prevención y de participación de la población objetivo.




  1. En su informe de país, en el capítulo relativo al Mecanismo de Protección, la CIDH destacó los esfuerzos realizados por el Estado para proteger a personas expuestas a una situación de riesgo, en el contexto de los serios hechos de violencia ocurridos como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y el ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo en México en los últimos años. Particularmente, la Comisión consideró de especial importancia la creación del “Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas” (en adelante “el Mecanismo ” o “el Mecanismo de Protección”) del año 2012, la emisión de marcos normativos específicos, la erogación de fondos para el funcionamiento del programa de protección, implementación de procedimientos para atender a las personas que acuden al Mecanismo para requerir medidas de protección y el considerable número de personas protegidas, entre otras acciones implementadas con el objetivo de crear lazos de confianza sobre la efectividad del Mecanismo440. Al respecto, y en vista de la información recibida a través de los distintos mecanismos de monitoreo de la CIDH, incluyendo medidas cautelares, la Comisión formuló una serie de recomendaciones al Estado en este ámbito específico.

  2. En seguimiento a dichas recomendaciones, la Comisión Interamericana valora los esfuerzos y el compromiso asumido por el Estado para proteger a un creciente número de personas beneficiarias del Mecanismo de Protección, entre las que se encuentran beneficiarios de medidas cautelares solicitadas por la CIDH y medidas provisionales de la Corte Interamericana. De acuerdo a datos oficiales del Estado, a septiembre de 2016, se recibieron 90 solicitudes de protección y se han incorporado 79 personas. Desde su creación en 2012 el Mecanismo ha brindado medidas de protección a un total de 612 personas beneficiarias, actualmente 501 beneficiarios tienen sus medidas vigentes, de los cuales 321 son defensores y defensoras de derechos humanos y 180 son periodistas441. Por su parte, organizaciones que trabajan con personas defensoras de derechos humanos y periodistas han señalado que se vienen implementando medidas para reducir el atraso en la atención de casos pendientes, las autoridades competentes han mostrado mayor apertura para participar con la sociedad civil en la evaluación del desempeño del Mecanismo y debatir formar de abordar sus limitaciones442.

  3. La CIDH ve como un paso importante la decisión de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección en el sentido de emitir el 11 de agosto de 2016 una alerta temprana destinada a prevenir agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas del estado de Chihuahua, en 2015 se había usado el mismo mecanismo para el estado de Veracruz. Según diversas organizaciones, esta decisión “constituye un avance significativo, ya que reconoce expresamente la gravedad de la situación de riesgo a la cual se enfrentan personas que desempeñan una labor de defensa de derechos humanos o el periodismo en Chihuahua, una de las entidades federativas con el mayor número de agresiones en contra de personas defensoras y con mayor número de periodistas asesinados”443. La decisión se adoptó tras la solicitud realizada por un grupo de 25 organizaciones defensoras de derechos humanos de Chihuahua. En este sentido la CIDH valora el esfuerzo realizado por el Mecanismo de Protección en la elaboración del diagnóstico sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Chihuahua publicado en julio de 2016, el cual expone algunas de las causas de las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas así como los principales tipos de agresiones a los cuales están expuestos y a su vez retoma las recomendaciones que desde la CNDH y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua se habían realizado a las diferentes instancias gubernativas involucradas en la prevención y protección de ataques contra las poblaciones objetivo444. La Comisión espera que todas las autoridades involucradas tanto federales como estatales cumplan a cabalidad con los compromisos adquiridos, así como también espera que tanto periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos como sociedad civil puedan participar de manera efectiva, activa y con plenas garantías en el desarrollo y monitoreo del Sistema de Alerta Temprana.

  4. El Estado informó a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión sobre la implementación del “Convenio de Colaboración Interinstitucional para Instrumentar el Programa de Políticas Públicas a Favor de las y los Periodistas que desarrollen el Ejercicio de la Libertad de Expresión en el Estado de Veracruz” firmado en noviembre de 2015 entre la Junta de Gobierno del Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y el Gobierno del estado de Veracruz, el cual fue adoptado como un mecanismo de alerta temprana tras la solicitud de un grupo de periodistas debido a la grave situación de seguridad que enfrentan los periodistas endicho estado. De acuerdo con la información aportada por el Estado, el convenio ha permitido la capacitación del personal institucional en derechos humanos y libertad de expresión y una cooperación permanente entre el mecanismo federal y las autoridades del estado de Veracruz. Además, se habrían elaborado mapas y estadísticas tendientes a la identificación de las zonas y población en riesgo, al mismo tiempo que se le ha dado seguimiento a las investigaciones abiertas por ataques cometidos contra periodistas445.

  5. Durante la visita in loco de la CIDH el Mecanismo de Protección anunció una evaluación de la efectividad del botón de pánico como medida de protección. En ese sentido el Estado informó que entre diciembre de 2015 y marzo de 2016 se llevó a cabo  un proceso de evaluación de dicha medida por parte de la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis (UPSA). El estudio arrojó como resultado que el 55% de los beneficiarios de esta medida lo habrían utilizado al menos en una ocasión, el 70% de las llamadas realizadas fue por una emergencia. Como resultado de dicha evaluación se realizaron una serie de recomendaciones entre ellas, se destaca la de las capacitaciones a los beneficiarios del esta medida por parte del mecanismo así como, por parte de la empresa privada que maneja los dispositivos446.

  6. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Interamericana ha continuado recibiendo información sobre importantes demoras en los procedimientos de valoración de riesgo y en la implementación de medidas materiales de protección debido a la falta de recursos humanos y económicos447, circunstancias que se verían agravadas en varios estados del interior del país448. Al respecto, tal cual lo ha reiterado la CIDH, a través de los dos informes sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas, corresponde a los Estados el deber de brindar los recursos presupuestarios y logísticos necesarios para garantizar la efectividad de los programas protección. Sobre este particular el Estado en sus observaciones al proyecto del presente informe señalo que, “se ha trabajado de manera coordinada con la PGR en la revisión de los lineamientos, criterios, metodologías y procedimientos del Mecanismo, aprobados por la Junta de Gobierno. Lo que ha tenido como resultado un aumento del número de casos revisados y aprobados, al pasar de 4 casos por sesión en 2012, a un promedio de 38 casos por sesión en 2016, que permitió abatir el rezago. Con una aprobación unánime de los planes de protección en el 98% de los casos”449.

  7. Uno de los principales temas que afecta, de manera transversal, toda la política institucional de protección es la persistente falta de articulación entre las diferentes instituciones a nivel estatal y federal450. En este escenario, miembros de la sociedad civil han manifestado que el número de personas que acuden a requerir protección del Mecanismo no es equivalente, a la magnitud e intensidad, de las situaciones de riesgo que diariamente enfrentan un alto número de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México451. Estas circunstancias guardarían relación con el nivel de desconfianza que subsiste, al día de la fecha, sobre la efectividad del Mecanismo y que fue identificado por la CIDH en su informe de país del año 2015452. Sobre este particular el Estado informó a la CIDH en las observaciones al presente informe, que la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección celebró Convenios de Cooperación con 31 de las 32 entidades federativas. En dichos convenios la federación y los estados se comprometen a i) investigar y sancionar las agresiones de las que sean objeto las personas defensoras de derechos humanos y periodistas por las actividades que realizan; ii) desarrollar e implementar Medidas de Prevención con la finalidad de evitar potenciales agresiones; y iii) promover las reformas y adiciones necesarias en la legislación para mejorar la situación de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas453.

  8. El Estado informó que el Fondo para la Protección de personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual opera a través de un fideicomiso desde 2012, ha erogado un total de $68.928.868,71 pesos mexicanos (4,162 millones de dólares) en la implantación y operación de las medidas de protección. El total disponible en el Fondo al 31 de mayo de 2016 era de $290.166.747,01 pesos mexicanos (14.120.010 dólares)454.

  9. En el marco del mecanismo de medidas cautelares de la CIDH, si bien la Comisión ha tomado nota de la buena disposición de las autoridades competentes de atender las decisiones de otorgamiento de medidas cautelares y celebrar reuniones de concertación sobre las medidas de protección, se ha recibido información sobre serias dificultades en la implementación de las medidas de protección implementadas por las autoridades competentes, entre ellas aquellas que forman parte del Mecanismo de Protección. Particularmente, a lo largo del año 2016, se ha continuado recibiendo información sobre: i) la falta de implementación de medidas de protección desde una perspectiva colectiva, con un enfoque diferencial y culturalmente adecuada455; ii) demoras injustificadas en la implementación de medidas materiales de protección456; iii) desafíos en la implementación de medidas de protección destinadas a atender riesgos específicos, entre ellos, respecto de la situación de periodistas457; iv) precariedad en la asignación de fondos a fin de implementar las medidas materiales de protección, entre ellas, falta de combustible para que los agentes de seguridad puedan realizar los rondines, limitación respecto del número de efectivos de seguridad asignados a beneficiarios, botones de pánico y teléfonos satelitales con desperfectos458; entre otras situaciones que afectan la situación de seguridad de diversos beneficiarios de medidas cautelares y del Mecanismo Nacional de Protección459. Sobre la subsistencia de dichas falencias, la Comisión Interamericana estima importante recordar que toda medida de protección que se implemente debe ser adecuada, por lo que debe ser idónea para proteger a la persona ante la situación de riesgo, y efectivas, en tanto debe producir los resultados esperados460. Por tanto, los Estados deben diseñar políticas que les permita monitorear la efectividad de las medidas y proporcionar un constante seguimiento a su implementación, frente a la situación de riesgo que los beneficiarios puedan enfrentar461.

  10. En el caso de los defensores y periodistas desplazados a consecuencia de su trabajo, quienes han solicitado protección desde el lugar donde han sido reubicados, miembros de la sociedad civil han manifestado que las evaluaciones de riesgo y la implementación de medidas de protección se han realizado en su nueva ubicación, en lugar de en el área de la cual fueron desplazados. “Esto dificulta la posibilidad de retornar y continuar con su trabajo de derechos humanos, y no logra reducir el nivel real de riesgo que enfrentan”462. Sobre el particular, la Comisión exhorta al Estado a doblegar esfuerzos a fin de fortalecer el Mecanismo de Protección, teniendo cuenta los riesgos específicos que enfrentan las personas beneficiarias del programa y a fin de que las mismas puedan continuar con sus labores como defensores de derechos humanos y periodistas.

  11. Por otra parte, miembros de la sociedad civil han continuado señalando su preocupación sobre la falta de una estrategia de prevención y sanción de los responsables de los ataques que continúan enfrentando personas defensoras de derechos humanos y periodistas463, los cuales perpetúan los ciclos de violencia y limitan el desempeño de sus labores. En palabras de una organización de la sociedad civil mexicana, “[u]na de las principales falencias que tienen las instituciones […] es su escaso trabajo en materia de prevención, llevando a cabo una labor meramente reactiva”464. En esta línea, en relación con la investigación de los hechos que motivan el ingreso y permanencia de las personas amparadas por el Mecanismo de Protección, así como de personas beneficiarias de medidas cautelares, la CIDH observa con preocupación que no ha recibido información sobre las medidas - a corto, mediano y largo plazo - que las autoridades competentes estarían implementando con el propósito de establecer como política de Estado la investigación como medida de prevención. El Estado, en sus observaciones al presente informe reconoció la importancia de reforzar su capacidad para generar políticas públicas de largo plazo a fin de lograr que sean las autoridades encargadas de la procuración de justicia las que prevengan e investiguen de forma efectiva los delitos cometidos contra la población objeto de protección por parte del Mecanismo465. La Comisión considera que la falta de investigación de los hechos que motivan las situaciones de riesgo genera un contexto de impunidad que reproduce, de manera constante en el tiempo, la repetición de hechos de violencia que afectan las labores de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Por tanto, como fue señalado de manera enfática en el informe de País del año 2015466, la Comisión Interamericana recuerda que “el medio más eficaz para proteger […] es investigar eficazmente los actos de violencia y sancionar a los responsables”. Por consiguiente, reitera nuevamente un llamado al Estado a fin de que emprenda investigaciones exhaustivas e independientes sobre los ataques sufridos por todas las personas vinculadas con los programas de protección, incluyendo aquellas personas beneficiarias de medidas cautelares de la CIDH.

  12. La CIDH alienta los esfuerzos del mecanismo tendientes a llevar estadísticas de las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos, segregadas por género, entidad federativa y agresor. En ese sentido la CIDH y su Relatoría especial para la libertad de expresión conocieron que la Unidad de Prevención, seguimiento y análisis del Mecanismo Federal a septiembre de 2016467 disponía de las estadísticas concernientes a solicitudes de incorporación al mecanismo, personas o colectivos beneficiarios, tipos de agresiones, medidas cautelares, medidas de protección, acciones legales, expedientes concluidos, sesiones de la junta de gobierno y solicitudes de información pública; lo anterior se estaría dando gracias a la construcción de una base de datos y de un mapa de georreferenciación los cuales permitirían hacer la sistematización de la información recabada por la Unidad de Prevención a través del monitoreo nacional de las agresiones contra periodistas y medios de comunicación.



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