Informe Anual 2016 Capítulo V méxico


a.Acceso a la información



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a.Acceso a la información:


  • En cuanto a la atribución que le confiere la ley de Acceso a la Información a la Consejería Jurídica de la presidencia, se recomienda reglamentar dicha facultad de acuerdo a los principios internacionales referidos a acceso a la información pública y seguridad nacional.

  • Fortalecer las leyes, políticas y prácticas para asegurar que las autoridades judiciales tengan pleno acceso a la información relevante cuando investigan y procesan casos de violaciones a los derechos humanos atribuidas a miembros de las fuerzas de seguridad.

  • Adoptar las medidas pertinentes para que los cuerpos de seguridad recopilen, sistematicen y publiquen periódicamente la información referida a afectaciones a la vida e integridad, como consecuencia de la lucha contra el crimen organizado. La información relativa a tales afectaciones deberá hacer una descripción del lugar donde ocurrieron, la fecha, los datos de la unidad del sector seguridad que hubiera estado presente cuando ocurrieron, información sobre su mandato y control. Así mismo, cuáles fueron las causas de la afectación y de la incapacidad para impedirlas.




  1. En su informe Situación de los derechos humanos en Mexico la CIDH valoró la aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que muestra un compromiso del Estado mexicano con la transparencia y el derecho de acceso a la información. Sin embargo, manifestó su preocupación por la información recibida sobre los obstáculos que existirían para garantizar el acceso a la información relacionada con violaciones a Derechos Humanos. En especial la CIDH y su Relatoría Especial manifestaron su preocupación respecto de la facultad en cabeza de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República para apelar cualquier decisión de desclasificar información, realizada por el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que ponga en riesgo los intereses de seguridad nacional432. Además la CIDH durante su visita in loco tomó nota de un progresivo retroceso en la política de transparencia activa e información pública de las muertes de civiles y militares en operativos de seguridad, en particular cuando intervienen las fuerzas armadas433. En el 2016 la CIDH y su Relatoría Especial conocieron de diferentes pronunciamientos del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), en los cuales se ordenó a las autoridades encargadas de la seguridad nacional brindar información sobre hechos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos.

  2. La CIDH valora la iniciativa del INAI junto con organizaciones de la sociedad civil, consistente en el desarrollo del proyecto denominado “Memoria y Verdad”. De acuerdo con la información aportada por el Estado, el proyecto consiste en una plataforma virtual dedicada a la divulgación de información de casos de presuntas violaciones a los derechos humanos y la probable comisión de crímenes de lesa humanidad. El objetivo de esta iniciativa es “promover las garantías de no repetición, el derecho a la verdad, facilitar el acceso a la información a víctimas, instancias investigadoras, órganos jurisdiccionales y/o garantes de los derechos humanos, tribunales y cualquier otro interesado”. La información que se encuentra disponible para consulta está relacionada con los casos de Acteal, Aguas Blancas, Apatzingan, Atenco, Ayotzinapa 2011, Ayotzinapa 2014, Cadereyta, Campo Algodonero, El Halconazo, San Fernando 2010, San Fernando 2011, Guerra Sucia, Tlatelolco y Tlatlaya. A fin de generar un conocimiento público útil, tras ser localizada la información fue clasificada, sistematizada y analizada de acuerdo con la categorización de presunta violación y temática434.

  3. El 22 de junio el INAI decidió en un recurso de revisión interpuesto ante la negativa de la Secretaria de Seguridad Nacional (SEDENA) de entregar documentos escritos y audiovisuales que fueron recogidos por militares la noche del 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de iguala, cuando desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, la solicitud había sido realizada por un particular. La SEDENA respondió que dicha información era inexistente pero que en cumplimiento del principio de máxima publicidad se ponía a disposición un disco compacto con 4 fotografías tomadas por militares esa noche. Ante dicha respuesta el solicitante presento el recurso de revisión ante el INAI bajo el argumento de que era de público conocimiento la versión de un militar en la cual se señalaba la existencia de fotos y videos tomados esa noche.

  4. El INAI consideró que la respuesta entregada por el SEDENA fue imprecisa, toda vez que se señaló la inexistencia de la información pero al mismo tiempo se puso a disposición documentos como los que se habían solicitado. Además considero que la respuesta no brinda certidumbre sobre el carácter exhaustivo realizado para encontrar la información requerida. En ese sentido hizo una recopilación de los documentos públicos sobre el caso, así como el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en donde se da cuenta de la existencia de videos y fotografías realizados por militares. El INAI recuerda en su resolución que el caso de la desaparición de los 43 estudiantes fue declarado de interés público por tratarse de un caso de graves violaciones a los derechos humanos y por lo cual esa misma autoridad ya había ordenado a la PGR la creación de una versión pública del expediente que se lleva en la investigación del caso. El Instituto instruyó a la SEDENA para que realice una búsqueda exhaustiva de conformidad con las disposiciones de la ley, para localizar los documentos escritos y audiovisuales recabados la noche del 26 de septiembre de 2014 y señaló que “las autoridades han explicado los argumentos jurídicos que justifican esta decisión; sin embargo, pueden reforzarlos a través de la transparencia. La mejor forma de demostrar que el Ejército mexicano no se relaciona con las violaciones graves a derechos humanos en el caso Ayotzinapa, es atendiendo las demandas de información puntualmente y garantizando que en todo momento se actúa conforme a lo dispuesto en la legislación de la materia. Los mexicanos tenemos derecho a saber y valorar si el Ejército cumplió con sus atribuciones”435.

  5. El 13 de julio el INAI resolvió el recurso de revisión interpuesto contra la respuesta proporcionada por la Policía Federal en el sentido de negar el acceso al expediente sobre la investigación interna, respecto de la muerte de civiles en Apayzingán, Michoacán el 6 de enero de 2015. En la respuesta la Policía Federal había señalado que la información solicitada se encontraba como clasificada por un periodo de diez años, por la existencia de un proceso deliberativo pendiente de resolver.

  6. El INAI determinó que no se acreditaba ninguna de las causales de reserva dispuestas por la ley, la información no comprometía la seguridad nacional, no hace parte de un proceso adversarial sino que los elementos recabados en esa investigación determinaran el inicio de un procedimiento sancionatorio ante el Consejo Federal de Desarrollo Policial. En ese sentido, la consejera ponente aclaró que la información solicitada hace referencia a posibles faltas administrativas cometidas por agentes de la Policía Federal y no a violaciones de derechos humanos, aunque ese sea el origen de la investigación adelantada por asuntos internos. El INAI exhortó a la autoridad policial para que entregue la versión pública del expediente omitiendo los nombres de aquellos agentes que han actuado como testigos dentro de la investigación a fin de no afectar el desarrollo de la misma436.

  7. El 2 de marzo se conoció la decisión de la Suprema Corte de Justicia en un recurso de amparo interpuesto por dos familiares de víctimas de la masacre de migrantes en San Fernando ocurrida en 2011, contra la PGR que se había negado a permitirles el acceso al expediente de la investigación. La Suprema Corte ordenó a la PGR permitir el acceso al expediente y realizar copias del mismo por parte de las víctimas437.

  8. El 27 de junio, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del distrito Federal resolvió que la información de la averiguación iniciada por la Procuraduría General de Justicia Militar, por delitos militares presuntamente cometidos en el municipio de Tlatlaya, estado de México era reservada. La Solicitud de información se había realizado en 2015 por Aristegui noticias y Artículo 19 a la SEDENA y posteriormente se había llevado a instancias del INAI. En junio de 2015 el INAI había determinado que la información había sido clasificada como reservada por un periodo de dos años o hasta que se emitiera sentencia en el caso. Los solicitantes interpusieron un recurso de amparo contra la decisión del INAI y en noviembre de 2015 el Juez Primero en Materia Administrativa otorgó el amparo para que se revelara la información en cuestión, entre otras porque considero que al tratarse de información relativa a graves violaciones de derechos humanos no podía ser objeto de reserva. El INAI interpuso el recurso de revisión contra la decisión y la SEDENA y la PGR, quienes se constituyeron como terceros interesados dentro del proceso, también lo hicieron. Posteriormente el INAI en un comunicado manifestó que el instituto desistía del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia, no obstante el trámite del recurso continuo derivado del que la PGR y la SEDENA también lo interpusieron438.

  9. La CIDH recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos “ha establecido que en casos de violaciones de derechos humanos, las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la investigación o proceso pendientes. Asimismo, cuando se trata de la investigación de un hecho punible, la decisión de calificar como secreta la información y de negar su entrega jamás puede depender exclusivamente de un órgano estatal a cuyos miembros se les atribuye la comisión del hecho ilícito. De igual modo, tampoco puede quedar a su discreción la decisión final sobre la existencia de la documentación solicitada”439.

  10. La CIDH reitera su recomendación al Estado Mexicano en el sentido de Fortalecer las leyes, políticas y prácticas para asegurar que las autoridades judiciales tengan pleno acceso a la información relevante cuando investigan y procesan casos de violaciones a los derechos humanos atribuidas a miembros de las fuerzas de seguridad. Igualmente adoptar las medidas pertinentes para que los cuerpos de seguridad recopilen, sistematicen y publiquen periódicamente la información referida a afectaciones a la vida e integridad, como consecuencia de la lucha contra el crimen organizado. En ese sentido el INAI como órgano garante debe asegurar a través del cumplimiento de su mandato constitucional y legal que las autoridades cumplan con sus obligaciones de transparencia y acceso a la información.



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