Informe Anual 2016 Capítulo V méxico



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Impunidad

  1. En su informe Situación de los derechos humanos en Mexico la CIDH reconoció los esfuerzos del Estado mexicano por adecuar su marco normativo y sus instituciones para responder al reto que representa la impunidad, sin embargo señaló que las reformas resultan ineficaces cuando en la práctica y ante el clamor de justicia de las víctimas y de la sociedad en general no hay una respuesta y por el contrario las tasas de impunidad continúan en crecimiento en un contexto de constantes crímenes graves y agresiones a la prensa, transmiten el erróneo mensaje de la inexistencia de sanciones para quien agrede a la prensa, dejando desprotegidos a periodistas y comunicadores.

  2. La Comisión ha reconocido los esfuerzos del Estado mexicano para hacer frente a la situación de impunidad, los cuales se han visto traducidos en reformas legislativas y creación de unidades investigativas como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). En mayo de 2013, el Congreso Nacional aprobó una reforma legal para reglamentar la facultad de atracción del Ministerio Público Federal422 y la competencia de la justicia federal para procesar y juzgar los crímenes cometidos contra periodistas, personas o instalaciones, que “afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta”423. Esta reforma tuvo por objetivo superar el obstáculo legal que la FEADLE tenía para poder asumir competencia y ser más efectiva en el esclarecimiento de los casos que pueden estar vinculados al ejercicio del periodismo. Sin embargo la CIDH señaló en sus recomendaciones la necesidad de eliminar los obstáculos que en la práctica impiden que la FEADLE atraiga los casos de delitos cometidos contra periodistas y la libertad de expresión.

  3. De acuerdo con la información aportada por el Estado entre enero y septiembre de 2016 únicamente el homicidio del periodista Francisco Pacheco Beltrán fue atraído por la FEADLE en uso de sus facultades de atracción; respecto de los otros homicidios registrados en 2016 la FEADLE ha dado apertura a una capeta de investigación las cuales se encuentran en trámite424. En las observaciones al proyecto del presente informe, el Estado informó que durante el 2016 la FEADLE atrajo en total 4 casos en los que periodistas fueron víctimas de agresiones, por su parte en 2015 atrajo 14 casos y 21 casos más en 2014425.

  4. En un caso ilustrativo de los obstáculos que se presentan en el accionar de la propia FEADLE, que de forma reiterada se rehúsa a utilizar sus facultades de atracción, la CIDH y su Relatoría Especial saludan la decisión del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México en el sentido de ordenar a la FEADLE atraer la investigación del asesinato del periodista Moisés Sánchez Cerezo, ocurrido en Medellín en el estado de Veracruz en 2015 y en el cual la FEADLE se había negado de forma reiterada a asumir competencia. Dicha sentencia confirmó la decisión del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, el cual había otorgado el amparo presentado por los familiares del periodista para obligar a la FEADLE a ejercer su facultad de atracción en el caso, sin embargo la decisión habría sido impugnada por la propia FEADLE426. Para la CIDH y su Relatoría Especial es de preocupación que no sea la propia FEADLE la que en el pleno uso de sus facultades constitucionales y legales ejerza su competencia de manera eficiente y atraiga los casos de crímenes contra periodistas vinculados al ejercicio de la profesión, sino que deba darse la mediación de una orden judicial para que ello ocurra.

  5. De otro lado, durante la visita in loco realizada por la CIDH en 2015, el Estado informo que estaría en fase de revisión, publicación y autorización (i) el Protocolo de actuación sobre las primeras líneas de investigación en casos de periodismo; (ii)Protocolo de acompañamiento a periodistas; (iii) Manual de Prevención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión; (iv) Guía Básica para la investigación de Homicidios cometidos en contra de periodistas; (v) Manual Práctico de la investigación Ministerial; y (vi) Protocolo de Delitos de Alto Impacto427. El Estado informó a la CIDH y a su Relatoría en septiembre de 2016 que la FEADLE se encontraba trabajando en el Protocolo de Acompañamiento a personas periodistas, el cual está ligado a un protocolo de investigación Ministerial en el Sistema Penal acusatorio y estaría siendo revisado por la Dirección General de Normatividad428.

  6. Al respecto el Estado, en sus observaciones al proyecto del presente informe informó a la CIDH que se han realizado diversos eventos académicos para sensibilizar al poder judicial de la Federación, “de la relevancia de la libertad de expresión e imprenta, como valores democráticos de las sociedades libres y que se encuentran juzgando”429.

  7. La Relatoría Especial recuerda que uno de los factores que contribuye a mantener la impunidad en los crímenes contra periodistas es la falta de agotamiento de las líneas de investigación vinculadas con el ejercicio periodístico de la víctima, ya que ello obstaculiza la persecución penal y facilita la impunidad de los autores intelectuales430. Que los esfuerzos del Estado se centren en la condena de autores materias envía un mensaje a las víctimas de una aparente  procuración  de justicia.

  8. Por lo anterior la CIDH y su Relatoría Especial reiteran la recomendación al Estado de mantener el carácter de fiscalía Especializada de la FEADLE y dotarla de recursos económicos suficientes para cumplir su labor. A su vez, la FEADLE debe encargarse de eliminar los obstáculos que le impiden en la práctica atraer todos los casos de delitos cometidos contra periodistas y contra la libertad de expresión; en ese sentido deberán adoptarse las medidas necesarias para evitar conflictos de competencia entre la jurisdicción federal y estatal que entorpezcan o retarden las investigaciones. Igualmente, deben adoptarse protocolos especiales de investigación en virtud de los cuales se deba agotar completa y suficientemente la hipótesis de la relación del homicidio u agresión con el oficio periodístico. Debe garantizarse que las víctimas, sus familias y cuando haya lugar sus coadyuvantes, puedan participar en los procesos penales con plenas garantías, tanto para la búsqueda de la verdad y el esclarecimiento de los hechos como al momento de exigir una reparación. Sobre la participación de las víctimas el Estado, en sus observaciones al proyecto del presente informe informo que “el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, incorpora como uno de sus ejes los derechos de las víctimas. En ese marco, la FEADLE como todas las autoridades ministeriales del país de los diversos fueros, están obligadas a respetar y garantizar la participación de las víctimas directas, indirectas y sus representantes”431.



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