Informe Anual 2016 Capítulo V méxico


SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES Seguridad Ciudadana



Descargar 0.97 Mb.
Página2/25
Fecha de conversión21.06.2020
Tamaño0.97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

  1. Seguridad Ciudadana


  • Desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y para la recuperación de éstas por parte de las policías civiles.

  • Fortalecer la capacidad de la policía para realizar las tareas de seguridad pública conforme con los estándares internacionales en derechos humanos.

  • Adoptar una Ley General sobre el Uso de la Fuerza conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

  • Tomar medidas para que funcionarios federales y estatales se abstengan de emitir declaraciones públicas sobre la legalidad de la actuación de las fuerzas de seguridad en casos que puedan constituir un uso indebido de la fuerza antes de contar con los resultados de una investigación.

  • Adoptar e implementar medidas de rendición de cuentas por un cuerpo independiente de todas las fuerzas de seguridad en relación a operativos y tareas de seguridad pública en donde haya privación de la vida.

  • Asegurar que en casos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y tortura, las líneas de investigación no sólo respondan a la autoría material sino que incluya la responsabilidad de la cadena de mando.

  • Crear sistemas de información, recopilación y análisis de datos respecto de la violencia que afecta a los distintos grupos abordados en el presente informe como mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas migrantes, defensoras y defensores de derechos humanos, operadores de justicia, personas LGBT, pueblos indígenas y personas privadas de libertad.

  • Reorientar el abordaje del tema de drogas en México de un enfoque de militarización y “combate frontal” usando la fuerza pública, a uno con perspectiva integral, de derechos humanos y salud pública sobre las adicciones y el consumo sin fines de distribución.




  1. En su Informe sobre Derechos Humanos en México, la CIDH manifestó que como parte de la “guerra contra el narcotráfico” iniciada a partir del 2006, las autoridades mexicanas optaron por aumentar el rol de las Fuerzas Armadas – particularmente la SEDENA y la SEMAR – en tareas de seguridad pública, incluyendo una política de confrontación contra el crimen organizado y el despliegue de operativos conjuntos entre la fuerzas armadas y las instituciones de seguridad estatales y municipales, desatándose con ello mayor violencia así como violaciones graves a los derechos humanos e impunidad11. Asimismo, y con el cambio de gobierno en diciembre de 2012 y pese al cambio en el discurso oficial que dejó de lado el concepto de “guerra” en los pronunciamientos públicos, la CIDH señaló que en la práctica no habrían cambios sustanciales en relación a las políticas de seguridad y la violencia que éstas desencadenan12.

  2. En audiencia pública realizada en abril de 2016 sobre la “Situación general de derechos humanos en México”, el Estado señaló que las Fuerzas Armadas siempre han tenido presencia en todo el terreno nacional13. Por su parte, en la 40 Sesión de Clausura del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Presidente de la República se refirió a la participación de las Fuerzas Federales en donde sean requeridas para apoyar a las policías locales de manera subsidiaria y temporal14.

  3. Según el Cuarto Informe de Gobierno, entre el 1º de septiembre del 2015 y el 31 de julio de 2016 las Fuerzas Armadas llevaron a cabo 324.783 operaciones de vigilancia del territorio, espacio aéreo y mares nacionales (SEDENA 265.114; SEMAR 59.669), lo que constituyó un aumento de 26.5% en el número de operaciones y de 10% en el número de efectivos, respecto a igual periodo anterior15.

  4. La CIDH lamenta no haber sido informada sobre planes dirigidos hacia el retiro gradual de la Fuerzas Armadas y para la recuperación de las tareas de seguridad ciudadana por parte de las policías civiles. En el mismo sentido, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias acerca del seguimiento de su misión a México, lamentó en su informe de 2016 que no hayan avances en su recomendación dirigida a la adopción de las medidas necesarias para que la defensa de la seguridad pública estuviera en manos de civiles y no de las fuerzas de seguridad militares16.

  5. El Estado señaló a la Comisión que ante los retos que enfrenta en materia de seguridad, “las Fuerzas Armadas constituyen un elemento fundamental para salvaguardar el Estado de Derecho, previéndose incluso esta actividad como parte fundamental e inherente de su existencia y atribuciones”. Paralelamente indicó que se lleva a cabo el fortalecimiento de las fuerzas policiales, por lo que la labor de las Fuerzas Armadas es de coadyuvancia con las autoridades civiles17. El Estado afirmó que esta participación será siempre de manera complementaria y a petición fundada y motivada de las autoridades civiles en el combate a la delincuencia organizada, y únicamente mientras sea necesario18. También indicó que esta participación es con estricto apego a diversas disposiciones legales y tesis de la Suprema Corte de Justicia19. El Estado destacó que la presencia de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional no es generalizada sino que obedece a necesidades específicas de ciertas zonas20. En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado indicó que las Fuerzas Armadas participan en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria y temporal en respuesta a la violencia generada por organizaciones delictivas y con el fin último de salvaguardar el Estado de Derecho y las instituciones democráticas. El Estado señaló además que la participación de las fuerzas federales en tareas de competencia local obedece a la petición y se realiza en plena coordinación con las autoridades de las entidades federativas y locales21.

  6. El Estado asimismo hizo referencia a los retos que las Fuerzas Armadas encuentran ante esta coyuntura entre los que destacó: el mejoramiento de un marco jurídico para atender la realidad operativa; reforzamiento de los procedimientos para el intercambio de información y cooperación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno en tareas de seguridad interior y la reorientación de los sistemas educativos naval y militar en torno a la defensa nacional, seguridad interior y misiones de carácter social22.

  7. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojan 39.809 homicidios entre enero y diciembre de 2016, 22.932 dolosos y 16.877 culposos, así como 1.383 casos de secuestro y 5.374 casos de extorsión23. Las cifras muestran un incremento gradual de los homicidios desde enero de 2016, con 2.863 homicidios en el mes de enero hasta llegar a 3.696 en el mes de diciembre de 2016. Las cifras muestran que al mes de octubre de 2016, los homicidios dolosos superaron los homicidios dolosos correspondientes a todo el año 2015 y el año 201424. Según el Indice de Paz México 2016, 1 de cada 5 homicidios no es reportado públicamente por las autoridades en 11 entidades federativas. Veracruz, Zacatecas y Puebla son los estados que presentan mayor opacidad25. Según el análisis, la calidad de datos obtenidos es deficiente por la cifra oculta de casos que no se denuncian, y por la falta de veracidad de los datos oficiales.

  8. Por otra parte, una investigación realizada por el Semanario Zeta indica que durante el gobierno actual a julio de 2016 hubo 78.109 homicidios dolosos en el país26. Según la información de la investigación, la cifra podría ser mayor debido a factores como la falta de certeza en el número de personas desaparecidas, homicidios dolosos que son calificados como suicidios en varias entidades federativas, situaciones en las que ocurren homicidios entre grupos armados que no se reportan y casos que se inician como lesiones y luego la persona fallece27. El estudio además apunta a que los homicidios se habrían extendido en todo el país. Como ejemplo se analiza que en 2010 Colima y Zacatecas tenían cifras muy bajas de homicidios y no figuraban entre las principales entidades federativas, y ahora Colima tiene una tasa más alta que Guerrero28.

  9. En la clausura de la 40 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Presidente de la República informó que se reforzará la seguridad en 50 municipios – correspondiente al 2% de los municipios de todo el país - que concentrarían el 42% de homicidios dolosos en el país29. Asimismo refirió cinco medidas para responder a las demandas en materia de seguridad pública: 1) implementar el número de emergencias 911 que comenzará a operar de manera gradual; 2) reforzar acciones conjuntas con autoridades estatales; 3) aplicar una nueva medida para atender el incremento de homicidios dolosos en 50 municipios que concentran el 42% de los homicidios dolosos; 4) concretar urgentemente la reforma constitucional en materia de Seguridad Pública; 5) desarrollar un Modelo Nacional de Policía de Seguridad Procesal y un esquema para supervisar las medidas cautelares en los estados; así como una estrategia para cumplir los mandatos de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

  10. En la audiencia realizada en abril de 2016 sobre la “Situación general de derechos humanos en México”, el Estado señaló que en enero de 2016 se acordó la creación de una policía estatal única, iniciativa que será propuesta ante el Senado a fines de ser elevada a rango constitucional. Asimismo, en mayo de 2016, 118 municipios del estado de México firmaron el Convenio de Mando Unico con el gobierno estatal, mientras que 7 se rehusaron. La Estrategia de Seguridad que se propone en el estado de México es: centralizar el sistema policial de los municipios al mando de la Comisión Estatal; disminuir los índices delictivos a partir del uso de la inteligencia operativa; implementar tecnologías de la información y comunicación por medio de sistemas homologados; fortalecer las capacidades institucionales de la policía y abatir la corrupción.

  11. Respecto a medidas para fortalecer a la policía para realizar tareas de seguridad pública, en sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado indicó que en abril de 2016 se suscribió el Acuerdo por el que se crea el Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento de Derechos Humanos en la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), que tiene por objeto establecer una visión estratégica en las políticas, programas y acciones que se realicen en el ámbito de las atribuciones del Comisionado Nacional de Seguridad, sus Unidades Administrativas y los Órganos Administrativos Desconcentrados. Asimismo señaló que se han capacitado a 36.284 elementos de la CNS y sus Órganos Administrativos Desconcentrados sobre derechos humanos y el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Respecto a la prevención de la tortura, refirió que se han capacitado a 2.400 elementos de la Policía Federal de enero a noviembre de 2016, a través de cursos presenciales y en línea. Asimismo, indicó que el Acuerdo A/080/2012 establece las directrices que deberán observar los agentes de la Policía Federal Ministerial para el uso legítimo de la fuerza y la legal detención30.

  12. Por otro lado, la CIDH no ha tenido conocimiento sobre avances en la aprobación de una Ley General sobre el Uso de la Fuerza conforme a las recomendaciones en su Informe de País31. El Relator de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias tras su misión a México, en su informe de seguimiento de mayo de 2016 lamentó la falta de aplicación de su recomendación en el mismo sentido así como episodios de uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales por el ejército y la policía, documentados por la CIDH en su Informe de País32. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en sus recomendaciones para México como resultado de su visita oficial al país en octubre de 2015 recomendó al Estado “adoptar una ley nacional sobre el uso de la fuerza por parte de servidores públicos en concordancia con los estándares internacionales y asegurar su efectiva implementación”33.

  13. En sus observaciones al proyecto de informe, el Estado mexicano indicó que si bien no dispone de un instrumento normativo único para la regulación del uso de la fuerza, se han realizado esfuerzos para crear lineamientos encaminados al respeto de los derechos humanos. Como ejemplo refirió al “Manual de Uso de la fuerza de Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas”, que constituye una guía para la actuación del personal integrante de las fuerzas armadas en el ejercicio de sus funciones. Asimismo indicó que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) modificó su normatividad y mecanismos de actuación en el marco de los derechos humanos, mediante el Código de “Conducta de las y los Servidores Públicos de la SEDENA” y la “Cartilla de Derechos Humanos para el Ejército y la Fuerza Aérea”. También señaló que la SEDEMA Y SEMAR realizan capacitaciones sistemáticas en derechos humanos e igualdad de género34.

  14. Un ejemplo sobre el uso excesivo de la fuerza por el Estado durante el 2016 constituyeron los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de 201635. Producto de los enfrentamientos entre fuerzas federales de seguridad y del estado de Oaxaca con miembros y simpatizantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), resultaron muertas 8 personas, 7 de ellas con disparos de armas de fuego y varias personas heridas36. Frente a los hechos, la CIDH observa que en una primera versión oficial, las autoridades declararon que la policía, tanto federal y estatal no se encontraba armada37. Posteriormente las autoridades reconocieron que la policía sí estaba armada38.

  15. En comunicado de prensa de 22 de junio de 2016, la CIDH condenó enérgicamente los graves hechos de violencia registrados instando al Estado mexicano a cumplir con su obligación de impulsar una investigación diligente sobre los hechos y a sancionar, de acuerdo a la ley, a las personas que puedan resultar responsables de estas muertes y otros hechos de violencia. Asimismo, la CIDH urgió al Estado a adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos de las personas sujetas a su jurisdicción, a través de mecanismos eficaces y razonables de prevención. Además la CIDH hizo un llamado al Estado a promover un proceso de diálogo  en el marco de la reforma educativa que permita la búsqueda de una solución en el contexto de una sociedad democrática y con pleno respeto a los derechos humanos39.

  16. El Estado por su parte informó a la Comisión que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal y la Inspectoría General de la Oficina del Comisionado Nacional vienen investigando los hechos40. En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado informó que desde el 6 de julio de 2016, la PGR atrajo la investigación iniciada por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca41. El Estado destacó la presencia permanente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el lugar de los hechos, quien también viene analizando los hechos en forma independiente. Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la Defensoría Estatal de Derechos Humanos han dado seguimiento42.

  17. El Estado señaló asimismo que la Comisión Nacional de Seguridad “ha reiterado su compromiso de respetar y hacer cumplir la ley, y que la actuación de la Policía Federal sea con estricto apego a los protocolos establecidos y el respeto a los derechos humanos de la población”. También manifestó su disposición de colaborar en la investigación que viene realizando la PGR. En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado indicó que se han realizado diversas reuniones entre autoridades del Estado y representantes de la comunidad de Nochixtlán y familiares de las personas afectadas en las que se establecieron acuerdos y medidas para la atención y reparación del daño en materia de justicia y salud43. Según comunicado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se pagó el reembolso de gastos médicos y funerarios a 81 familias que fueron declaradas como víctimas de los sucesos ocurridos44.

  18. La CNDH emitió medidas cautelares a favor de las personas que resultaron lesionadas a fin de que se les proporcione una atención médica adecuada45. El 29 de junio la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó por unanimidad el Acuerdo por el que se creó la Comisión de Seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de 2016,  con el objetivo de darle seguimiento a las investigaciones de los hechos. El 31 de agosto, se publicó el informe final de actividades y en dicho informe la Comisión de Seguimiento concluyó entre otras cosas que las autoridades no tuvieron en cuenta al momento de planear el operativo que este se iba a realizar un domingo, día en el que hay más personas en la zona en la que ocurrieron los hechos y que cerca al lugar del bloqueo había numerosas casas y por ende el riesgo de afectar a menores de edad era bastante alto. De igual forma señala el informe que existieron deficiencias en la coordinación de las responsabilidades que debían asumir las autoridades y la policía de los dos órdenes territoriales que participaron en el operativo. La Comisión de Seguimiento señaló que es importante que las autoridades competentes establezcan si existió un uso abusivo de la fuerza por parte de los agentes policiales y en ese sentido señaló que pudo constatar que sí existió uso de armas de fuego por agentes de la fuerza así como por manifestantes46.

  19. Asimismo, la CIDH y su Relatoría Especial recibieron información que señala que, miembros de la radio comunitaria La Tlaxiaqueña habrían sido denunciados penalmente por supuestamente incitar a la violencia durante los hechos del 19 de junio. La radio habría abierto ese día sus micrófonos a sus oyentes y desde muy tempranas horas estos habrían relatado los hechos de violencia que estaban ocurriendo en Nochixtlán, además pedían ayuda para atender a los heridos. Ante las denuncias realizadas en los micrófonos de la radio, muchas personas de poblaciones cercanas se desplazaron no solo para socorrer a los heridos sino también para apoyar a los manifestantes que estaban en el bloqueo. Con posterioridad habrían sido informados de la denuncia interpuesta en su contra por la radio comercial La Poderosa47.

  20. En este sentido, la CIDH observa que en el marco de la publicación del informe sobre Tanhuato de la CNDH, una de las recomendaciones emitidas por la CNDH en su informe fue que se actualicen los Lineamientos Generales para la Regulación del Uso de la Fuerza Pública por las Instituciones Policiales de los Organos Desconcentrados en la Secretaría de Seguridad Pública de 2012, y en su caso, ajustarlo a los estándares internacionales en la materia48.

  21. La CIDH en su informe enfatizó que México requiere la adopción e implementación de medidas de rendición de cuentas por un cuerpo independiente de todas las fuerzas de seguridad en relación a operativos y tareas de seguridad pública en donde haya privación de la vida. En este sentido, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en sus recomendaciones para México sostuvo que se debe “complementar los esfuerzos ya iniciados por el Gobierno para promover un enfoque de seguridad ciudadana en la seguridad pública con mayores medidas para asegurar que las políticas de seguridad pública y las instituciones que las ejecutan cumplan con los estándares internacionales de derechos humanos y garantizar una efectiva rendición de cuentas por violaciones cometidas por los miembros de las fuerzas armadas”49.

  22. Sobre el particular, el Estado ha sostenido que en aquellos casos en que las fuerzas de seguridad pública hayan presuntamente cometido violaciones a los derechos humanos, la acción penal se ejerce en tribunales civiles, los cuales son los encargados de investigar los hechos y en su caso sancionar a quienes resulten responsables50.

  23. Respecto a medidas para que funcionarios federales y estatales se abstengan de emitir declaraciones públicas sobre la legalidad de la actuación de las fuerzas de seguridad, hasta contar con los resultados de la investigación, la CIDH observa que durante el 2016, en algunos casos altos funcionarios han persistido en acusar a organizaciones de derechos humanos de fabricar versiones falsas51. En este sentido, la CNDH observó en su recomendación décimo cuarta dirigida al Comisionado Nacional de Seguridad en el caso de Tanhuato “que los servidores públicos se abstengan de hacer declaraciones públicas sobre la legalidad de la actuación de las fuerzas de seguridad en casos que puedan constituir un uso indebido de la fuerza, antes de contar con los resultados de una investigación, sin demérito del derecho a la información.52

  24. Respecto a la creación de sistemas de información, recopilación y análisis de datos respecto de la violencia que afecta a distintos grupos, la CIDH recibió información respecto de datos de mujeres. En este caso específico persiste un problema serio en el registro de mujeres y niñas desaparecidas así como en la investigación, justicia y prevención de desapariciones de mujeres.

  25. Respecto a avances en los sistemas de información, recopilación y análisis de datos respecto a la violencia que afecta a mujeres y niñas, el Estado indicó que con la reforma al Artículo 47 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), se cuenta con un registro público de los delitos cometidos contra las mujeres, protocolos con perspectiva de género para la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, y la investigación de los delitos de: discriminación, sexuales, feminicidio, trata de personas y contra la libertad. Asimismo, en el marco del Comité Técnico Especializado de Información con perspectiva de género del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), se decidió diseñar un Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres, que estará listo este año y articula al menos 28 proyectos estadísticos. También informó que ante la necesidad de tener sistemas de información integrales y homologados, se está trabajando con el Poder Judicial -federal y estatal- en la definición de procesos homologados para la integración de registros y la recolección de información, incorporando datos mucho más completos de víctimas y agresores. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (CDMX), tiene el sistema informático completo y lo ha compartido con las demás entidades federativas. Adicionalmente, para fortalecer los sistemas estadísticos e informáticos en los 32 tribunales de justicia, el Estado informó que se creó la Red de Estadísticas Judiciales, en el marco de la Comisión Nacional de Tribunales (CONATRIB). El Estado además señaló que la Asesoría Jurídica Federal tiene una base de datos sobre la atención brindada a las víctimas de delitos y de violaciones de derechos humanos, entre las cuales se encuentran los casos de trata de mujeres. Según el Estado, si bien manifiesta los esfuerzos que se han encaminado para la creación de sistemas informativos sobre la violencia en contra de mujeres y niñas, reconoce aún las asignaturas pendientes en la materia y relacionadas a la homologación de los registros, reitera su compromiso para atenderlas de forma efectiva53.

  26. Respecto de la recolección de información sobre violencia sexual, en 2016, el Comité de Violencia Sexual de la entidad estatal Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, destacó en su Diagnóstico Cualitativo sobre la atención de la violencia sexual en México, que la información “muestra una amplia heterogeneidad en los mecanismos, procedimientos y sistemas de registro” 54. De otro lado, se presentan disparidades en el tipo de información que se recolecta, pues no todos los formatos de recolección dan cuenta del sexo de las víctimas, en algunos casos, los formatos no preguntan por edad, parentesco o escolaridad.

  27. De acuerdo con la Comisión Ejecutiva, el sistema de recolección de información carece de uniformidad y de inclusión de las variables básicas para analizar la incidencia de un delito como la violencia sexual. Igualmente, la información aportada por las instituciones encargadas de la administración de justicia (tribunales) cuentan con inconsistencias e información incompleta o sin especificar el “tipo de delito o el presunto agresor”55.

  28. Por otro lado, la CIDH tomó conocimiento de la publicación del “Acuerdo por el cual se crea el sistema de datos personas Vive Segura” por parte de la entidad estatal, Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (INMUJERES, Ciudad de México), el cual tiene por objetivo “contar con un control y seguimiento de los reportes por hechos de violencia vividos por las mujeres en los espacios públicos” 56. Sin embargo, la mencionada herramienta tiene limitaciones geográficas y responde a fines específicos relacionados con el mejoramiento de la seguridad pública para mujeres en la Ciudad de México.

  29. La CIDH toma nota sobre los avances en el proceso de la construcción de un sistema de información sobre la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes57. De acuerdo con la información aportada por la Red de Derechos de la Infancia –REDIM- ha sido conformado un comité técnico especializado58 y grupos de trabajo para dar seguimiento a temas particulares. La CIDH espera que se priorice la participación de la sociedad civil en la socialización y empleo de esta información.

  30. El Estado informó a la Comisión que la PGR cuenta con el Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE) en el cual se recopila información de denuncias desagregada por sexo, edad, nacionalidad. Este sistema se encuentra en una etapa de renovación para actualizar los campos de captura con el fin de visibilizar a los grupos LGBTI, entre otros59. También indicó que la Unidad de Delitos para Personas Migrantes de la PGR diseñó y se encuentra desarrollando una base de datos interna para sistematizar información de personas migrantes y sujetas de protección internacional en territorio mexicano, así como de aquellas personas migrantes en condiciones de vulnerabilidad que estén siendo buscadas en el país60. En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado refirió que la Unidad de Política Migratoria trabaja en el diseño de la Red de Información y Estadística Migratoria (RIEM) con el objeto de concentrar y difundir información sobre los diversos programas federales y estatales vinculados a la atención de personas migrantes; del marco normativo y programático vigente; mecanismos de seguimiento y evaluación; de investigaciones y estadísticas en materia migratoria generadas por instituciones académicas, sociedad civil, organismos internacionales e instancias de gobierno federal y local; así como de campañas informativas y eventos relevantes para la vida cotidiana de las personas migrantes61.

  31. Respecto al abordaje del tema de drogas, el Estado señaló que el Poder Ejecutivo presentó en abril de 2016 al Congreso de la Unión una Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, y se reforma el párrafo tercero del artículo 195 del Código Penal Federal. De aprobarse en todos sus términos, afirmó que permitirá avanzar en la conformación de una mejor atención médica y cumplir con el derecho a la salud, que incluye tener acceso a todos los recursos terapéuticos que derivan del desarrollo científico, incluidos los desarrollados a partir del cannabis62.

  32. Por lo anteriormente expuesto la CIDH reitera al Estado las recomendaciones señaladas en esta sección. En particular espera que el Estado implemente un plan para el retiro gradual de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública a la vez que fortalezca las capacidades de la policía para realizar tareas de seguridad ciudadana conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Asimismo espera se adopte una Ley General de Uso de la Fuerza, se instalen e implementen medidas de rendición de cuentas por un cuerpo independiente para todas las fuerzas de seguridad en relación a operativos y tareas de seguridad pública y se continúe avanzando en los sistemas de información, recopilación y análisis de datos respecto a la violencia que afecta a los distintos grupos señalados en el informe de país.



  1. Compartir con tus amigos:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


La base de datos está protegida por derechos de autor ©odont.info 2019
enviar mensaje

    Página principal