Informe Anual 2016 Capítulo V méxico


Ataques, amenazas e intimidaciones a periodistas y medios de comunicación



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Ataques, amenazas e intimidaciones a periodistas y medios de comunicación.

  1. El 6 de enero el periodista y director del medio Rotativo Digital en Tacámbaro, Michoacán, Martínez Castañeda, fue hospitalizado debido a las lesiones propiciadas presuntamente por el hijo de un empresario de esa localidad. De acuerdo con la información disponible el hijo del empresario gasolinero agredió al periodista cuando paseaba con su nieto en una plaza pública de Tacámbaro. La agresión tendría relación con las notas publicadas por el periodista sobre irregularidades cometidas presuntamente por la familia del empresario para evitar competencia en el negocio de las gasolineras. A finales del 2015, Martínez Castañeda ya había recibido amenazas de otro miembro de dicha familia404.

  2. De acuerdo con la información disponible en medios de comunicación el agresor habría sido aprendido y puesto a disposición de un juez que determinó adelantar el proceso penal por lesiones agravadas. Tanto al comunicador como a su familia se le habrían ofrecido medidas de protección405.

  3. En el mes de enero se conoció a través de diferentes medios de las amenazas así como de los procesos iniciados en contra del periodista Víctor Badillo corresponsal de CNN en Monterrey. Badillo estaba adelantando una investigación sobre corrupción en la Secretaría de Salud de Nuevo León (SSNL) en los que estaría involucrado el empresario Cano Sánchez en su calidad de proveedor de la SSNL. El 30 de diciembre de 2015 la familia del periodista recibió mensajes amenazantes en sus teléfonos móviles, la información disponible señala que el periodista actualmente es beneficiario del mecanismo de protección federal406.




  1. El 3 de febrero la periodista Paula Carrizosa responsable de la sección cultural de la Jornada de Oriente fue intimidada por Francisco Trejo, director de la Unidad de Comunicación de Puebla Comunicaciones (organismo público de televisión, radio y tecnologías digitales del estado de Puebla). La periodista había sido invitada por Trejo a nombre del Gobernador del estado a un evento en el Museo Internacional Barroco (MIB), en la ciudad de Puebla. En el lugar la periodista se encontraba tomando notas por lo cual el funcionario le habría señalado en forma desafiante y amenazante que recordara que no podía publicar nada porque se trataba de un evento informal. Diferentes organizaciones denunciaron estos hechos y exigieron se impongan las sanciones del caso. De acuerdo a información disponible el diario la Jornada del Oriente tendría una línea editorial crítica hacia el gobierno de Rafael Moreno Valle Gobernador de Puebla407.

  2. El periodista Ezequiel Flores Contreras corresponsal de Proceso en el estado de Guerrero, fue amenazado por el ex diputado Roger Arellano Sotelo el 10 de febrero. De acuerdo con la información disponible, el periodista se encontraba participando en una manifestación en el Congreso de Guerrero en Chilpancingo para exigir justicia por el asesinato de la periodista Anabel Flores, cuando el ex diputado se acercó en su vehículo y amenazó de muerte al periodista408. La organización Artículo 19 denunció las amenazas que a través de Twitter recibieron los periodistas Álvaro Delgado, de Proceso, y Aranzazú Ayala, de Lado B, quienes también exigían justicia en el caso de la periodista Anabel Flores a través de la mencionada red social409.

  3. El 6 de abril los periodistas Salvador Adame y Frida Pardo director y propietaria del medio 6 TV Tu Canal, fueron detenidos por unas horas mientras cubrían una manifestación en el municipio de Múgica, Michoacán. Junto con los periodistas, 17 mujeres que participaban en la protesta fueron detenidas. Los periodistas se encontraban documentando una protesta en el ayuntamiento de Múgica debido al cambio de sede del proyecto social Ciudad Mujer otorgado a dicho municipio en 2014 y recientemente reubicado al municipio de Huetamo. La manifestación fue desalojada por lo cual los periodistas grabaron la llegada de un convoy integrado por el presidente municipal, Salvador Ruiz Ruiz; el Subsecretario de Seguridad Pública del estado, Carlos Gómez Arrieta y fuerzas especiales del Mando Único Policial. Tras realizar el desalojo y arrestar a las mujeres que participaban en la protesta, los efectivos policiales habrían detenido a Frida Pardo pese a que ella se identificó como periodista, luego arrestaron a Salvador Adame, todos los detenidos fueron conducidos en patrullas policiales en dirección a Morelos. Los periodistas fueron puestos en libertad unas horas después y las manifestantes fueron puestas en al día siguiente410.

  4. El diario La Vanguardia de Saltillo, capital del estado de Coahuila, hizo público el 5 de mayo un historial de agresiones ocurridas desde enero de 2016 alertando a la comunidad periodística y a las autoridades. Entre las agresiones mencionadas se encuentran la creación de páginas en redes sociales para insultar y difamar al medio y a sus periodistas y un ataque cibernético al servidor del diario. El 3 de mayo un vehículo permaneció estacionado frente a las instalaciones de La Vanguardia; el 4 de mayo el mismo vehículo siguió a la periodista Roxana Romero en todo el trayecto hasta su casa, el vehículo se aproximó y paso repetitivamente junto a la vivienda, por lo cual la periodista se habría ausentado de su trabajo temporalmente. Roxana Romero junto con La Vanguardia habrían sido previamente demandados ante la justicia civil por Humberto Moreira Valdés, ex gobernador de Coahuila y ex líder nacional del PRI, quien alegó daño moral por una nota publicada tras su liberación el pasado 23 de enero de una prisión en Madrid, España411.

  5. El 6 de mayo efectivos del grupo elite de seguridad “Fuerza Coahuila” dependiente de la secretaria de gobierno estatal, irrumpieron en la vivienda del director de Vanguardia ubicada en Saltillo, estado de Coahuila, en cumplimiento de una orden de desalojo decretada por el Poder Judicial de la Ciudad de México por supuestas deudas, el medio y organizaciones de la sociedad civil calificaron el despliegue de fuerza y el uso de la misma como desproporcionado para los objetivos. El gobierno de Coahuila sostuvo en una declaración que la policía había actuado en pleno cumplimiento de la ley412. Por su parte La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una solicitud de medidas cautelares al Secretario General de Gobierno del Estado de Coahuila413.

  6. El 8 de junio la periodista Estrella Pedroza, reportera de Regional del Sur y corresponsal del portal La Silla Rota, habría sido agredida por efectivos de la policía en Morelos, estado de Cuernavaca. De acuerdo con la información disponible, se encontraba grabando con su celular un acto de presunto abuso de poder por parte de policías cuando uno de ellos se le acercó para cuestionar lo que estaba haciendo, pese a identificarse como periodista el policía le señalo que no registrar nada de lo que estaba ocurriendo, tras lo cual arrojó a la calle el celular de la reportera y al intentar levantarlo el oficial le habría pegado en la cara. La periodista interpuso una queja en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Comisión de Derechos Humanos de Morelos inició una investigación sobre el caso. Posteriormente la Secretaria de Seguridad negó los hechos denunciados por la periodista. Por su parte, el Congreso de la Unión exhorto a la fiscalía de Morelos para que investigue a los agentes involucrados414.

  7. La Relatoría Especial también conoció de casos en los que los periodistas fueron víctimas de robo del material periodístico, de acuerdo con la información disponible desconocido habrían ingresado a los domicilios de los foto periodistas Germán Canseco (Revista Proceso) 415 y Jonathan Rosas Ramírez (Imagen del Golfo y Unión de Medellín, estado de Veracruz) 416, extrayendo únicamente sus equipos de trabajo y dispositivos en los que almacenaban la información periodística. Igualmente, se conoció de las amenazas de muerte recibidas por el columnista del diario El Universal Héctor Muleón417 en la Ciudad de México, así como contra un periodista del Diario Noroeste en el estado de Sinaloa418. Por su parte, la periodista Ana Espinosa Rosete (Crónica Hoy) 419 habría sido agredida por agentes de la Policía mientras cubría manifestaciones en la Ciudad de México.

  8. En el mes de agosto el periodista Noe Zavaleta director del diario la Crónica de Xalapa y corresponsal de Proceso en Veracruz tuvo que dejar el estado de Veracruz tras recibir amenazas en redes sociales. Las amenazas habrían ocurrido a raíz de la publicación del libro “El infierno de Javier Duarte”, en el cual el periodista denuncia actos de corrupción del gobernador del estado de Veracruz Javier Duarte y contratos por altas sumas de dinero celebrados entre el gobernador Duarte y el periódico El Buen tono. Además de las amenazas, en redes sociales se habría realizado una campaña en contra del periodista en la cual se lo señalaba de ser parte del cartel de Los Zetas. De acuerdo con la información disponible el periodista denuncio las amenazas y tras un par de meses regresó a Veracruz. Desde ese episodio el periodista cuenta con medidas de protección del Mecanismo Federal de Protección. El Estado informó a la Relatoría Especial que la Fiscalía General de Veracruz se encuentra a cargo de la investigación420.

  9. En el mes de agosto las organizaciones Freedom House y Artículo 19 denunciaron actos de hostigamiento y amenazas contra el periodista Jaime Nava en la capital del estado de San Luis de Potosí. Nava es periodista de La Jornada de San Luis y según la información disponible habría publicado una investigación sobre presuntos actos de corrupción a través de una proveedora de medicamentos en la alcaldía de San Luis de Potosí. De acuerdo con las organizaciones denunciantes Nava no sería el único periodista hostigado, el también periodista José Guadalupe González también habría sido víctima de hostigamientos, amenazas y violencia institucional, los hechos se habrían estado presentando desde el mes de abril cuando fue publicada la investigación421.

  10. La CIDH recuerda la obligación de los Estados de adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas, incluyendo el reconocimiento de la labor periodística y la condena pública respecto de los asesinatos y toda violencia física contra periodistas, omitiendo cualquier declaración que pueda elevar el riesgo para los y las periodistas; y a adoptar programas de entrenamiento y capacitación, así como formular e implementar guías de conducta o directrices, para los funcionarios públicos y en especial de las fuerzas policíacas o de seguridad sobre el respeto a los medios de comunicación, incluidos aquellos relacionados específicamente con cuestiones de género.

  11. Asimismo, el Estado debe asegurar que se adopten medidas de protección, efectivas y concretas, en forma urgente, para garantizar la seguridad de quienes se encuentran sometidos a un riesgo especial por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, ya sea que las amenazas provengan de agentes del Estado o de particulares. Las medidas deben garantizar a los y las periodistas la posibilidad de dar continuidad al ejercicio de su actividad profesional y de su derecho a la libertad de expresión. Del mismo modo, el Estado debe adoptar las medidas necesarias para que quienes trabajan en medios de comunicación y debieron desplazarse o exiliarse por estar en una situación de riesgo, puedan regresar a sus hogares en condiciones de seguridad. Cuando no fuese posible que estas personas regresen, los Estados deben adoptar medidas para que puedan permanecer en el lugar que elijan en condiciones dignas, con medidas de seguridad y con el apoyo económico necesario para conservar su trabajo y la vida familiar.

  12. De acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, el Estado mexicano no solo está obligado a garantizar que sus agentes no cometan actos de violencia contra periodistas, sino también a prevenir razonablemente las agresiones provenientes de particulares cuando sabe o debiera saber del riesgo. El noveno principio de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, de la CIDH, establece que: "El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".




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