Informe Anual 2016 Capítulo V méxico


Respecto a las personas migrantes



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Respecto a las personas migrantes:


  • Cumplir el conjunto de recomendaciones formuladas en el Informe Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México.

  • Elaborar un diagnóstico nacional para “caracterizar” el desplazamiento interno en México y, consecuentemente, adoptar una política nacional y las medidas tendientes a prestar una respuesta conforme a los estándares internacionales en la materia, en particular los Principios Rectores del Desplazamiento Interno.

  • Adoptar legislación específica a nivel federal y estatal para abordar el desplazamiento interno, de conformidad con los Principios Rectores del Desplazamiento Interno.

  • Asegurar que a nivel federal haya una institución a cargo de la protección de las personas contra el desplazamiento forzado.




  1. En el marco de la protección de los derechos de personas migrantes y sus derechos laborales como fue recomendado en el Informe Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México, la CIDH saluda la firma del acuerdo migratorio laboral de México con El Salvador, Guatemala y Honduras el pasado 14 de octubre de 2016337. Dicho acuerdo fija un memorando de entendimiento en materia de cooperación laboral, para la elaboración de un plan conjunto de apoyo a trabajadores migrantes, según lo informado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Mediante este programa se prevé la posibilidad de que trabajadores de los tres países centroamericanos laboren en México por un periodo no mayor de 180 días en los sectores agrícolas y de servicios durante épocas determinadas de mayor demanda. Según la información recibida, para evitar abusos en el proceso de reclutamiento y evitar posibles violaciones a los derechos humanos, los cuatro países acordaron que la relación laboral se realizará por medio de los Servicios Nacionales de Empleo338.

  2. Sin embargo, con respecto a la recomendación general de reforzar la protección a trabajadores migrantes y sus familias, la CIDH observa que la situación de trabajadores agrícolas y jornaleros que trabajan en grandes plantaciones continúa siendo uno de los desafíos más importantes en materia de política migratoria. De acuerdo con el Informe de la visita del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos a México339, estadísticas oficiales confirman que de un total de 2,42 millones de jornaleros y trabajadores agrícolas, más de 800.000 (34%) no reciben ninguna remuneración, mientras que otros 750.000 (31%) sólo ganan el salario mínimo o incluso menos. La mayoría de jornaleros agrícolas son trabajadores migrantes que migran de estados del sur hacia al norte siguiendo las temporadas de cosecha. Según el Grupo de Trabajo, la CNDH ha documentado varios casos de condiciones abusivas de jornaleros migrantes que viajan a menudo con sus hijos340. En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado indicó que la Secretaría de Trabajo y Prevención Social en colaboración con el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (INCA Rural) suscribieron en 2015 unas Bases de Colaboración para reconocer la competencia laboral en materia de jornaleros agrícolas. Del 1 de septiembre de 2015 al 30 de junio de 2016, se certificó la competencia laboral de 8.592 jornaleros agrícolas en 11 estados de la República. De este total, 2.638 fueron mujeres y 5.954 hombres341. Asimismo informó que en abril de 2016, el presidente Enrique Peña Nieto remitió al Congreso una iniciativa de reforma a la Constitución Política de México y a Ley Federal del Trabajo. Los cambios propuestos se dirigen a la modernización de la justicia laboral para fortalecer la autonomía y eficiencia de la administración de la justicia laboral342.

  3. Con respecto a la situación general de derechos de personas migrantes, durante la audiencia sobre la situación general de Derechos Humanos en México, las organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación sobre la implementación del Programa Integral para la Frontera Sur en lo que se refiere en el ordenamiento migratorio343. De acuerdo con los solicitantes debido a que el Programa Integral Frontera Sur enfatiza un abordaje del fenómeno migratorio desde un enfoque de seguridad nacional y de control de flujos migratorios en lugar de un enfoque de protección de los derechos de las personas migrantes344, la militarización de la Frontera Sur ha llevado a respuestas inapropiadas a la crisis migratoria pues los agentes militares no tienen facultades para la verificación de asuntos migratorios bajo criterios diferenciados en particular con respecto al uso de la detención migratorio que afecta desproporcionalmente a niños, adolescentes, mujeres y solicitantes de asilo.345 Igualmente, de acuerdo con Amnistía Internacional, la implementación del Programa Frontera Sur ha llevado a un incremento de las expulsiones y detenciones de personas migrantes que ingresan a México al punto que el número de expulsiones de personas migrantes provenientes de Centroamérica superó a Estados Unidos346.

  4. La Comisión observa que, de acuerdo con información recibida de parte de organizaciones de la sociedad civil, los operativos de control migratorio han incrementado sin que las autoridades mexicanas mejoren sustancialmente su capacidad para identificar las necesidades de protección de migrantes ni la investigación de los delitos en contra de migrantes en tránsito en el país347.

  5. En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado informó que actualmente operan 22 Grupos Beta de Protección a Migrantes conformados por 154 integrantes de los tres niveles de gobierno (114 federales, 11 estatales y 29 municipales)348. Asimismo indicó que el Instituto Nacional de Migración otorgó 87 autorizaciones de ingreso a representantes de la sociedad civil para realizar visitas de supervisión en estaciones migratorias y estancias provisionales. El Estado informó que la CNDH remitió en 2016, 546 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos atribuibles a servidores públicos adscritos al Instituto Nacional de Migración, de los cuales concluyó 300 expedientes y en uno se encontraron violaciones en la materia349.

  6. Durante la visita en 2015, la CIDH constató en terreno que la situación de inseguridad y violencia que atraviesa el país tiene un grave y desproporcionado efecto sobre personas desplazadas internamente. Como señaló la CIDH en su informe “Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México” de 2013, la violencia relacionada con el crimen organizado también ha conllevado a que miles de personas se hayan visto forzadas a desplazarse internamente en México durante los últimos años350. A la fecha de aprobación del Informe de México 2015, el desplazamiento interno no había sido documentado y analizado de forma integral por el Estado, lo que constituía el principal obstáculo de cara a la respuesta integral. En ese sentido, la CIDH reitera su preocupación por la falta de información oficial sobre el desplazamiento interno.

  7. En la audiencia “Situación de derechos humanos de las personas afectadas por el desplazamiento interno en México”, realizada en Panamá el 7 de diciembre de 2016, las organizaciones participantes informaron que continuaría un panorama alarmante de desplazamiento en México, debido a la continuidad de serios hechos de violencia, desastres naturales, entre otras causas351. Indicaron que durante el año 2016, se habrían presentado 25 episodios masivos de desplazamiento que han impactado a un aproximado de más de 10,000 personas, principalmente, en los estados de Guerrero y Sinaloa. Asimismo señalaron que las autoridades estatales no estarían adoptando las medidas necesarias para prevenir y atender dicha problemática; no se habría incluido una perspectiva de atención para personas que enfrentan desplazamientos en México en la elaboración de la Ley de Víctimas; y miles de personas desplazadas, principalmente mujeres y niños, se ven obligados a quedarse en albergues que no estarían preparados para proporcionar una atención integral. Por su parte, el Estado informó que el tema de desplazamiento es de principal relevancia y que se han impulsado una serie de estrategias integrales, con un enfoque de derechos humanos, para prevenir las causas y consecuencias del desplazamiento; se estaría implementando una serie de acciones de infraestructura, salud, reparación de viviendas, seguridad, entre otras, a fin de atender a la población desplazada; actualmente se encontraría pendiente el estudio de una reforma a la Ley de Víctimas a fin de atender la situación de personas desplazadas en México.

  8. El Estado informó a la Comisión que el fenómeno del desplazamiento interno responde a acontecimientos ni sistemáticos ni generalizados de violaciones a los derechos humanos, y cuando se ha advertido este tipo de movilizaciones de personas, las autoridades en el marco de sus atribuciones atienden las situaciones específicas de la población víctima o de violaciones a sus derechos humanos352. El Estado asimismo señaló que analizando cada uno de los elementos que integran el desplazamiento interno forzado así como la naturaleza de las movilizaciones causadas por la violencia, “se advierte que el fenómeno de desplazamiento interno en México no responde a ninguno de los elementos del desplazamiento forzado interno, por lo que se considera que la atención correspondiente debe ser a través de la figura de víctima del delito y de violaciones a los derechos humanos353.

  9. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (en adelante “CNDH”) publicó un Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno el pasado 11 de mayo que la CIDH saluda. Dicho informe es el primero emitido por un órgano del Estado mexicano para abordar esta problemática, en el que ofrece una aproximación a la situación de vulnerabilidad de este sector poblacional. La CNDH identifica como principales causas del desplazamiento, la violencia generalizada resultado de la estrategia de seguridad y el clima de corrupción e impunidad que deriva en múltiples violaciones a los derechos humanos. El Informe destaca que existen aproximadamente 35.433 víctimas de desplazamiento forzado, siendo Tamaulipas el estado que reporta un mayor porcentaje de víctimas con el 60% del total354.

  10. De acuerdo con información aportada por la CNDH, en la actualidad no existe un censo sobre la población desplazada que provea de información desagregada respecto de la causa del desplazamiento, el lugar de origen y destino, la edad y el sexo de las personas desplazadas. Igualmente, la CIDH destaca que según la información aportada, la cifra de desplazamiento pudiera ser mucho más alta que la registrada en el Informe de la CNDH. la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos afirma según el monitoreo realizado que en México hay al menos 287.358 personas desplazadas al interior del país355.

  11. La CNDH destacó en su informe la ausencia de un diagnóstico y la escasa información oficial. Asimismo, no existe una institucionalidad que tenga dentro de sus facultades la atención a personas desplazadas que se encuentran en situación de desprotección y con la posibilidad de ser re-victimizadas356. El Estado informó que a nivel estatal se cuenta con dos entidades federativas que han emitido leyes en materia de desplazamiento interno forzado – sin especificar cuáles. El Estado asimismo indicó que no se cuenta con información de los mecanismos que hayan sido aplicados en algún caso en particular357.

  12. La más importante recomendación realizada por la CNDH al gobierno mexicano es el reconocimiento oficial de la existencia del problema del desplazamiento forzado interno y la adopción de medidas para su atención desde una perspectiva humanitaria. En el mismo tenor que la respuesta presentada a esta Comisión, en la información remitida por la Secretaría de Gobierno para la elaboración del informe mencionado se concluye que, de acuerdo con estándares internacionales, no se acreditan la existencia de ninguno de los elementos necesarios que configuren una situación de desplazamiento forzado pues “si bien existe movilidad humana por causa de la violencia, ésta no es de carácter generalizado”358.

  13. La CIDH reitera su recomendación de elaborar un diagnóstico nacional y oficial sobre el alcance del desplazamiento interno en México que permita obtener los elementos de análisis necesarios para el diseño de una política pública de atención a la población desplazada, así como la implementación de protocolos de atención que se ajusten a los estándares internacionales en la materia, en particular los Principios Rectores del Desplazamiento Interno.



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