Informe Anual 2016 Capítulo V méxico


En relación con pueblos indígenas y graves violaciones a derechos humanos



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En relación con pueblos indígenas y graves violaciones a derechos humanos:


  • Adoptar medidas para que se utilice una perspectiva culturalmente adecuada y se tome en cuenta el carácter colectivo de las comunidades y pueblos indígenas, cuando éstos o sus integrantes sean víctimas de violaciones a derechos humanos.

  • Garantizar la disponibilidad de traductores en todo el territorio nacional y en todos los niveles de gobierno para que los pueblos indígenas y sus integrantes puedan tener acceso a la justicia cuando así lo requieran.

  • Adoptar las medidas necesarias para realizar consultas libres, previas e informadas en proyectos que afectan sus territorios.




  1. En su Informe sobre la Situación de Derechos Humanos sobre México de 2015, la CIDH señaló que las violaciones a los derechos humanos en contra de pueblos indígenas en México son persistentes. La CIDH en este sentido destacó en particular la violencia en el contexto de megaproyectos en tierras y territorios ancestrales sin debida consulta previa y la criminalización de defensores. Sobre el particular, la Comisión recomendó la adopción de medidas para garantizar los derechos de personas y pueblos indígenas en el marco de actividades que afecten sus territorios, o cuando éstos requieran acceso a la justicia.

  2. Con respecto a las medidas para garantizar una perspectiva culturalmente adecuada en la administración de justicia, el Estado mexicano adoptó mediante la Ley Nacional de Ejecución Penal el requisito de solicitar a las autoridades competentes un traductor o intérprete en la lengua y cultura respectiva para ejercer sus derechos de víctima o imputado283. En este marco, el Estado informó que con la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal se ha capacitado a 158 abogados indígenas en la materia284. Asimismo, la CIDH saluda que el Nuevo Código de Procedimientos Penales contenga un procedimiento especial para pueblos y comunidades indígenas en el título X que establece mecanismos especiales cuando se trate de delitos que afecten bienes jurídicos y propios de un pueblo o comunidad indígena285.

  3. A pesar de la perspectiva diferencial en políticas de acceso a la justicia, en su más reciente visita a México, el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, del 29 de agosto al 7 de septiembre, informó286 que en sus hallazgos encontró que una característica general de muchos casos que dan lugar a situaciones de conflicto derivadas de violaciones del derecho a consulta previa toman lugar en comunidades afectadas por actividades empresariales.

  4. El Informe elaborado por el Grupo de Trabajo indica que en los proyectos de los sectores de minería, energía, construcción y turismo que afectan principalmente a comunidades indígenas persiste un ejercicio inadecuado del deber de actuar con debida diligencia por parte de las empresas, y cuando se producen violaciones a los derechos humanos no existen mecanismos de acceso a la justicia y a la reparación para las víctimas287. Entre los proyectos de mayor preocupación por la falta de consulta previa se encuentra la construcción del parque eólico en Oaxaca y el proyecto de carretera, Xochicuautla, de los cuales tiene conocimiento la CIDH mediante peticiones y solicitudes de medidas cautelares.

  5. Respecto a la consulta previa, en sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado informó que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) brinda asistencia técnica y metodológica para la implementación de las consultas en calidad de Órgano Técnico para el desarrollo de protocolos específicos. Informó que a la fecha se han desarrollado 36 protocolos, de los cuales 16 han concluido con acuerdos, otorgamiento de consentimiento y conformación de comités de seguimiento para el cumplimiento de los acuerdos logrados entre las partes; cuatro se encuentran en fase de preparación; siete en proceso; ocho suspendidas por diversas razones y un proyecto nuevo. Asimismo indicó que la SCJN elaboró un Protocolo de actuación para operadores de justicia en casos relacionados con proyectos de desarrollo e infraestructura288. El Estado también manifestó que la reforma constitucional en materia energética contempló el derecho a la consulta previa de comunidades y pueblos indígenas. En la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Industria Eléctrica de 2014, se estableció la obligación jurídica de llevar a cabo procesos de consulta previa en proyectos de hidrocarburos y de la industria eléctrica que pudieran afectar los derechos e intereses de las comunidades indígenas. Según el Estado, los reglamentos de ambas leyes incluyen disposiciones específicas para normar el procedimiento de consulta previa acorde a estándares internacionales289.

  6. En la audiencia pública “Situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Yucatán, México”, realizada el 5 de diciembre en Panamá, la CIDH escuchó a diferentes miembros de comunidades indígenas de la Península de Yucatán, quienes presentaron información sobre los alegados daños ambientales producidos por las actividades de producción de palma de aceite, las afectaciones producidas por las fosas hidráulicas de absorción y la siembra de soya transgénica, entre otras problemáticas relacionadas con el macro desarrollo de zonas rurales de la región290. Los solicitantes expresaron su preocupación por la destrucción de la biodiversidad y la falta de acceso y participación en los programas de desarrollo, para el ejercicio de la agricultura sostenible. El Estado por su parte, informó sobre las gestiones que habría llevado a cabo para realizar una consulta previa, libre e informada con diferentes comunidades de la Península de Yucatán, asimismo indico la disposición del Gobierno para dialogar con los solicitantes para buscar la manera de incorporar sus preocupaciones y su participación en las actividades agrícolas. El Estado reconoció que la consulta en materia de siembra de soya no fue previa, ya que las actividades de siembra y cultivo comenzaron en el año 2000. Sin embargo, indicó el Estado que en la actualidad se estarían adelantando los procesos de consulta conforme a los estándares interamericanos de derechos humanos291.



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