Informe Anual 2016 Capítulo V méxico


En cuanto a los derechos de las mujeres la CIDH recomienda al Estado mexicano



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En cuanto a los derechos de las mujeres la CIDH recomienda al Estado mexicano:


  • Implementar y fortalecer medidas, incorporando la perspectiva de género, para cumplir con el deber de actuar con debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y discriminación contra las mujeres, incluyendo esfuerzos concretos para cumplir con las obligaciones de prevención, investigación, sanción y reparación de violaciones de los derechos humanos de las mujeres; ello comprende la capacitación y monitoreo de las autoridades encargadas desde la investigación – incluyendo los servicios de salud y en el ámbito de la justicia.

  • Adoptar las medidas necesarias para prevenir, castigar y erradicar hechos de violencia sexual y otras formas de violencia, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de las fuerzas de seguridad en contra de las mujeres, especialmente aquellas privadas de libertad;

  • Implementar protocolos homologados por parte de las autoridades de procuración de justicia para los delitos relacionados con violencia contra las mujeres, así como una debida supervisión sobre su implementación.

  • Adoptar políticas públicas destinadas a reestructurar los estereotipos sobre el rol de las mujeres en la sociedad y promover la erradicación de patrones socioculturales discriminatorios que impiden su acceso a la justicia, incluyendo programas de capacitación y políticas integrales de prevención de la violencia contra las mujeres;

  • Diseñar e implementar políticas culturalmente adecuadas, con la participación de mujeres indígenas, y aplicando un enfoque comprehensivo y holístico, que tengan como objetivo la prevención, investigación, sanción y reparación de actos de violencia y discriminación cometidos en su contra.




  1. En el Informe de México 2015, la CIDH destacó la grave situación de violencia contra las mujeres en el país. En particular, la CIDH destacó que las mujeres continúan siendo víctimas en mayor proporción de ciertos delitos. En ese sentido, la Comisión recomendó la adopción de medidas integrales dentro de un marco jurídico adecuado de protección y una aplicación efectiva del mismo, así como políticas de prevención y prácticas que permitan al Estado responder de forma efectiva ante las denuncias. En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado indicó que México cuenta con la Ley General de Acceso a las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia como marco jurídico para enfrentar la violencia contra las mujeres en los tres niveles de gobierno. A nivel estatal, señaló que las 32 entidades federativas poseen una Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia242.

  2. En temas de prevención, la CIDH ha hecho seguimiento a la declaración de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) prevista en el artículo 22 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia de 2007243. Durante el 2016, y pese a las solicitudes realizadas por organizaciones de la sociedad civil en varios estados244, a la fecha sólo se han emitido nuevas alertas para algunos municipios pertenecientes a los estados de Michoacán245 y Jalisco246 (con base en legislación estatal). A su vez, algunos organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil han cuestionado la efectividad de la declaratoria de Alerta de Género, destacando la carencia de lineamientos claros para la división de responsabilidades, actividades y metas. En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado informó que en noviembre de 2016 se declararon tres nuevas alertas de género en los estados de Chiapas, Nuevo León y Veracruz247.

  3. El Estado informó que en julio de 2016 se realizó la XXXV Sesión Ordinaria de la CNPJ en la que la PGR presentó los “Lineamientos de Calidad para la Atención Ministerial de la Violencia contra las Mujeres”, los cuales tiene como objetivo homologar los servicios de atención para las mujeres en situación de violencia con estándares de calidad acordes con la normativa nacional y los instrumentos internacionales248. También indicó que de junio al 15 de septiembre de 2016 se han impartido un total de 373 actividades de capacitación, incluyendo cursos, seminarios, foros, encuentros, diplomados, talleres, entre otros, a un total de 30.538 personas (16.665 mujeres y 13.873 hombres)249.

  4. Respecto a la investigación y acceso a la justicia en casos de violencia contra las mujeres, en marzo de 2015, la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, creó protocolos de investigación para los delitos de feminicidio y violencia sexual que constituyen guías de actuación y definen lineamientos con perspectiva de género250. El Protocolo de investigación con perspectiva de género para la violencia sexual251 establece las directrices básicas para la investigación de la violencia sexual252. El Estado también destacó el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género y el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o identidad de género, ambos emitidos por la Suprema Corte de Justicia253.

  5. Aunque la adopción de los protocolos es una iniciativa destacable, éstos no son obligatorios para los operadores de justicia. Por otro lado, aunque la Corte Interamericana requirió al Estado de México en el caso “Campo Algodonero” continuar con la estandarización de todos sus protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia, utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres, conforme al Protocolo de Estambul, el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas y los estándares internacionales de búsqueda de personas desaparecidas, con base en una perspectiva de género254, sólo siete estados han elaborado protocolos de investigación en sus leyes: Colima, Distrito Federal, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz255. En cuanto a la tipificación del delito de feminicidio, aunque el Código Penal Federal tipificó el delito en 2011, los estados son las autoridades responsables de perseguir la mayoría de los crímenes. Para 2016, la mayoría de los estados habían incluido el delito de feminicidio en sus legislaciones, sin embargo, cada regulación acudió a una definición del delito de acuerdo con sus
propios criterios256.

  6. Por otro lado, la CIDH destaca los esfuerzos realizados por la Procuraduría General de la República, en particular por la FEVIMTRA, para avanzar en la formación de funcionarios públicos de diferentes entidades en el tratamiento de denuncias de violencia contra la mujer y delitos en materia de trata de personas257. El Estado asimismo indicó que de agosto de 2012 a mayo de 2016 la PGR ha realizado 1.457 actividades que han impactado a 50.403 funcionarios públicos. Asimismo el 11 de mayo de 2016 se creó el Código de Conducta de la PGR que incluye la obligación de promover, difundir, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, promover la igualdad y no discriminación por motivos de género en atención a los principios del Nuevo Sistema de Justicia Penal258. En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado informó sobre la creación y fortalecimiento de Redes Ciudadanas e Interinstitucionales a través de la Comisión Nacional Para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM). Asimismo, se dispone de la Línea “01800 háblalo” a través de la cual se brinda orientación legal y atención psicológica, de manera gratuita y confidencial a las mujeres en situación de violencia, quienes pueden ser canalizadas a más de 6 mil instituciones públicas y privadas en las 32 entidades federativas. El Estado indicó que en el 2016 la línea brindo un total de 14.738 servicios distribuidos de la siguiente manera: 14,370 llamadas telefónicas, 288 chats y 80 correos electrónicos259.

  7. La CIDH ha seguido históricamente las denuncias de tortura sexual260. En octubre de 2016, la Comisión presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de Mariana Selvas Gómez y otras vs. México, en el que la Comisión estableció que la detención de once mujeres los días 3 y 4 de mayo de 2006 fue ilegal y arbitraria y agente estatales cometieron graves actos de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia sexual y de violación sexual que la CIDH calificó como formas de tortura física, psicológica y sexual. En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado señaló a la CIDH que tanto el Gobierno Federal como el estado de México reconocen su responsabilidad por los hechos ocurridos. Asimismo indicó que se ha logrado detener a más de 30 personas y existen 48 procesos penales en marcha. También señaló que se atienden las recomendaciones de la CIDH con la implementación de medidas para reparar el daño y evitar la repetición de hechos similares261. Como lo han señalado múltiples organizaciones de la sociedad civil262, la información recabada en informes de investigación sugiere el uso de la violencia sexual como una práctica habitual durante el arresto y el interrogatorio de mujeres detenidas263. De 100 casos examinados por Amnistía Internacional en su informe sobre “Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México”, todas las mujeres expusieron con detalle algún tipo de violencia, desde el acoso sexual y los abusos psicológicos hasta la violencia sexual. Asimismo, de las 100 mujeres entrevistadas, 72 dijeron haber sido sometidas a violencia sexual, que iba desde el manoseo de los pechos o las nalgas hasta la violación264. Para la CIDH resultan igualmente preocupantes las deficiencias en la investigación de lesiones a personas detenidas y la falta de sanción a los posibles responsables.

  8. Durante la Audiencia sobre la situación carcelaria y privatización de las prisiones265, la CIDH recibió información sobre la ocurrencia de actos de tortura y violencia sexual contra mujeres privadas de la libertad en su traslado de varios Centros Penitenciarios al CEFERESO femenil de Morelos266. En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado refirió a la aprobación del “Protocolo de resguardo de las personas privadas de la libertad en situación de vulnerabilidad”, el 29 de noviembre de 2016 y acorde a la Ley Nacional de Ejecución Penal. Dicho protocolo establece que el personal de los Centros Federales de Readaptación Social deben realizar las acciones necesarias para que las personas privadas de la libertad en situación de vulnerabilidad cuenten con las medidas que garanticen su integridad física y mental, reconociendo su origen étnico, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra, para superar toda condición de discriminación y promover un desarrollo con equidad y respeto a las diferencias267.

  9. En el Informe de México de 2015, la CIDH señaló que como resultado de la Audiencia sobre denuncias de tortura sexual y tortura de género contra mujeres en México268 llevada a cabo durante el 154º Periodo Ordinario de Sesiones, el Estado informó sobre la creación del Mecanismo de Seguimiento a Casos de Tortura Sexual cometida en contra de mujeres. Al respecto, la información aportada por organizaciones de la sociedad civil para la elaboración del presente informe dio cuenta de que el Mecanismo ha fallado en dar seguimiento a la documentación de casos que recibieron, y en consecuencia no se ha emitido un dictamen conjunto con recomendaciones sobre cada uno de los casos revisados a un año de su funcionamiento269.

  10. De igual forma, Amnistía Internacional en su más reciente informe sobre tortura sexual contra mujeres privadas de la libertad señaló que “en los meses transcurridos desde su creación, el Mecanismo avanza con lentitud en los únicos tres casos que tiene registrados actualmente” 270. Por otra parte, a pesar de que este organismo está concebido para proponer políticas públicas destinadas a prevenir y combatir la tortura, “hasta la fecha no ha emprendido ninguna actuación para alcanzar este objetivo”271. En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado indicó que respecto al avance de los tres casos que el Mecanismo tiene registrados y a partir de la metodología definida, el Mecanismo analizó el caso de Yecenia Armenta y realizó el documento de Conclusiones, así como un Addendum al mismo para el seguimiento de las líneas de acción ahí establecidas, que fueron aprobados en diciembre de 2016 por todas las instituciones y organizaciones integrantes del Mecanismo. El Estado informó que dicho documento de Conclusiones será enviado a las autoridades del estado de Sinaloa involucradas en el caso para su conocimiento y, a partir de ello, se tiene previsto realizar reuniones con cada una de ellas para establecer un plan de trabajo conjunto que permita la adecuada investigación, sanción y reparación de los actos de tortura cometidos en contra Yecenia Armenta. El Estado asimismo informó que se encuentra conformando el documento de Conclusiones del caso de Veronica Razo que se espera sea aprobado en próximas fechas por parte de las instituciones y organizaciones integrantes. También indicó que se han realizado diversas gestiones solicitadas por las organizaciones de la sociedad civil integrantes del Mecanismo, tales como la programación de una visita a Verónica Razo al CEFERESO N° 16, en el cual se encuentra privada de su libertad, así como revisiones médicas para constatar su estado de salud física y mental272.

  11. Por otro lado, la CIDH reitera la importancia de la creación de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura en octubre de 2015, así como la aprobación del Protocolo Homologado para la Investigación para este delito273. De igual forma, en octubre de 2015, la PGR actualizó su norma para exámenes forenses a fin de permitir una sensibilidad mayor y garantizar que las mujeres fueran examinadas únicamente por mujeres o por un profesional de su elección274. Aunque estos avances en materia legislativa son fundamentales, la CIDH reitera la importancia de la aplicación de una perspectiva de género en los procedimientos de investigación. Hasta el momento, la Unidad reportó la recepción de 4.526 expedientes de averiguaciones previas275 en casos de tortura, sin embargo, no se tiene conocimiento de la desagregación de estos datos por género o edad.



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