Corte suprema de justicia



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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ

JOSÉ FRANCISO ACUÑA VIZCAYA

JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO

FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO

EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA

EYDER PATIÑO CABRERA

PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR

LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria






1 Cifra tomada de la parte resolutiva de la sentencia impugnada.

2 CSJ AP, 9 Jun 2008, Rad. 29092.

3 Acuerdo 016 (…). “Artículo Primero. Facúltese al alcalde municipal para invertir los recursos provenientes de la sobretasa a la gasolina en las obras y programas de connotación social relacionadas con la construcción y mantenimiento de la red vial municipal, transporte, educación, deporte, equipamiento, municipal y todas aquellas actividades que el ejecutivo considere prioritarias dentro del marco legal, propendan por el mejoramiento de la calidad de vida ciudadana y por el crecimiento y progreso del municipio”.

4 ARTÍCULO 288. Contenido. Para la formulación de la imputación, el fiscal deberá expresar oralmente:1. Individualización concreta del imputado, incluyendo su nombre, los datos que sirvan para identificarlo y el domicilio de citaciones.

2. Relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en lenguaje comprensible, lo cual no implicará el descubrimiento de los elementos materiales probatorios, evidencia física ni de la información en poder de la Fiscalía, sin perjuicio de lo requerido para solicitar la imposición de medida de aseguramiento.

3. Posibilidad del investigado de allanarse a la imputación y a obtener rebaja de pena de conformidad con el artículo 351.


5 Cfr. Casación de junio 13 de 2002. Rad. 11324

6 “El inciso anterior –que consagra la exclusión de sustitutos y subrogados- no se aplicará respecto de la sustitución de la detención preventiva y de la sustitución de la ejecución de la pena en los eventos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004 ni en aquellos eventos en los cuales se aplique el principio de oportunidad, los preacuerdos y negociaciones y el allanamiento a cargos”. (resaltado fuera de texto).

7 Artículo 63, modificado por el artículo 29 de la Ley 1709 de 2014. La ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta en sentencia de primera, segunda o única instancia, se suspenderá por un período de dos (2) a cinco (5) años, de oficio o a petición del interesado, siempre que concurran los siguientes requisitos: 1. Que la pena impuesta sea de prisión que no exceda de cuatro (4) años. 2. Si la persona condenada carece de antecedentes penales y no se trata de uno de los delitos contenidos el inciso 2o del artículo 68A de la Ley 599 de 2000, el juez de conocimiento concederá la medida con base solamente en el requisito objetivo señalado en el numeral 1 de este artículo. (…). (Resaltado fura de texto).

Artículo 68A, modificado por el artículo 32 de la Ley 1709 de 2014. No se concederán; la suspensión condicional de la ejecución de la pena; la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión; ni habrá lugar a ningún otro beneficio, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la persona haya sido condenada por delito doloso dentro de los cinco (5) años anteriores.



Tampoco quienes hayan sido condenados por delitos dolosos contra la Administración Pública; delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; (…). (Resaltado fuera de texto).

8 Corrección equivalente hizo la Corte en AP 28. Mar. 2012, Rad. 38094, frente a un defecto de la misma naturaleza observado en proceso adelantado por el trámite de la Ley 906 de 2004.


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