Corte suprema de justicia


IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE



Descargar 136.52 Kb.
Página5/8
Fecha de conversión14.08.2020
Tamaño136.52 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

4.1. El artículo 180 de la Ley 906 de 2004 señala que el recurso de casación fue instituido para la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías fundamentales de los intervinientes, la reparación de los agravios inferidos a éstos y la unificación de la jurisprudencia.

Es por eso que la admisión de este mecanismo extraordinario de impugnación supone, además de la oportuna interposición del recurso, la debida presentación de la demanda, en la que el censor está obligado a consignar de manera precisa y concisa las causales invocadas y sus fundamentos (artículo 183 del Código de Procedimiento Penal del 2004).

Al demandante le corresponde, entonces, acreditar la afectación de derechos fundamentales y justificar la necesidad del fallo de casación de cara al cumplimiento de alguno de los fines atrás mencionados, lo cual no se consigue de cualquier manera; pues, acorde con el artículo 184, inciso 2° ídem, no será admitida la demanda cuando (i) el impugnante carezca de interés, (ii) prescinda de señalar la causal o (iii) no desarrolle adecuadamente los cargos de sustentación. Tampoco, (iv) si se advierte la irrelevancia del fallo para cumplir los propósitos del recurso.

Por consiguiente, en ausencia de alguno de dichos elementos, la Corte habrá de abstenerse, motivadamente, de seleccionar la demanda, por cuanto la casación no es un mecanismo de libre configuración, ni -se insiste- está concebida para prolongar el debate fáctico o jurídico culminado en las instancias, tampoco para persistir en todos aquellos aspectos que fueron objeto de controversia, con miras a obtener un pronunciamiento distinto y favorable a los intereses del impugnante.

Esto, debido precisamente a la naturaleza extraordinaria del recurso, característica fundada en las presunciones de acierto y legalidad inherentes a los fallos de instancia, a partir de las cuales se asigna al censor la carga de acreditar que con la sentencia se causó un agravio, apoyándose para ello en las causales taxativamente consagradas en la ley, conforme a los principios de lógica y debida sustentación.

4.2. En punto de la causal primera de procedencia de la casación, prevista en el artículo 181 de la Ley 906 de 2004, la Corte (CSJ AP, 4 May. 2006, Rad. 25250) tiene precisado que la falta de aplicación, interpretación errónea, o aplicación indebida de una norma constitucional, del bloque de constitucionalidad, o legal, llamada a regular el caso, recoge los supuestos de la que se ha llamado a lo largo de la doctrina de esta Corporación como violación directa de la ley material.

Este quebrantamiento consiste en que la proposición normativa –o premisa mayor- fijada por el juez es equivocada, bien integralmente o en su antecedente -supuesto de hecho- o en el consecuente -consecuencia jurídica-, y para su demostración debe permanecer incuestionada la proposición fáctica del fallo, -la premisa menor-, pues si esta permanece en discusión, no tiene sentido, ni es lógicamente posible determinar si hubo violación directa, toda vez que sólo a partir de la existencia cierta de un referente fáctico inamovible puede seleccionarse o proponerse sin ambages el derecho aplicable al caso. En este orden de ideas, si el demandante no satisface esa condición, su argumento inexorablemente será ambiguo e incomprensible.

La falta de aplicación ocurre cuando el juez no emplea la norma que regula el caso concreto, porque ignora, desconoce o desatiende el texto jurídico que la contiene. En la aplicación indebida el fallador se equivoca en la proposición jurídica, por razón de que selecciona algún texto normativo que no estaba llamado a gobernar el asunto. La interpretación errónea se configura si, escogido correctamente el enunciado de la Ley, el juzgador le asigna algún sentido o significado que no le corresponde.

4.3. En relación con la causal segunda de casación, por “desconocimiento del debido proceso por afectación sustancial de su estructura o de la garantía debida a cualquiera de las partes”, cuya configuración necesariamente daría lugar a declarar la nulidad del trámite procesal o de parte del mismo, la Sala2 tiene precisado que los motivos de ineficacia de los actos procesales -señalados en el Libro III, Título VI, artículos 455 y siguientes de la Ley 906 de 2004-, no son de postulación libre, sino que se hallan sometidos al cumplimiento de precisos principios, sin los cuales no pueden operar.

En este sentido, la jurisprudencia ha señalado que solamente es posible alegar las nulidades expresamente previstas en la ley –principio de taxatividad-; no puede invocarlas el sujeto procesal que con su conducta haya dado lugar a la configuración del motivo invalidante, salvo el caso de ausencia de defensa técnica, -principio de protección-; aunque se configure la irregularidad, ella puede convalidarse con el consentimiento expreso o tácito del sujeto perjudicado, a condición de ser observadas las garantías fundamentales –principio de convalidación-; quien alegue la nulidad está en la obligación de acreditar que la irregularidad sustancial afecta las garantías constitucionales de los sujetos procesales o desconoce las bases fundamentales de la investigación o el juzgamiento –principio de trascendencia-; no se anulará un acto cuando cumpla la finalidad a que estaba destinado, pues lo importante no es que se ajuste estrictamente a las formalidades preestablecidas en la ley para su producción, dado que las formas no son un fin en sí mismas, sino que a pesar de no cumplirlas estrictamente, en últimas se haya alcanzado la finalidad para la cual está destinado sin transgresión de alguna garantía fundamental de los intervinientes en el proceso –instrumentalidad- y; además, que no existe manera de subsanar el yerro procesal -residualidad-.

De modo que en sede de casación, no basta solamente con invocar la existencia de un motivo de invalidación de lo actuado, sino que es carga del demandante precisar el tipo de irregularidad que alega, demostrar su existencia, acreditar cómo su configuración comporta un vicio de garantía o de estructura, y la trascendencia del error para afectar la validez del fallo cuestionado.

Tampoco puede olvidarse que si lo que se persigue con la casación es denunciar la presencia de varias irregularidades, cada una de ellas con entidad suficiente para anular la actuación o parte de ella, resulta indispensable que se sustenten en capítulos separados y de manera subsidiaria si fueren excluyentes, pues sólo así puede acatarse la exigencia de claridad y precisión en la postulación del ataque y respetarse los principios de autonomía y de no contradicción de los cargos en sede extraordinaria.

4.4. Señalados los presupuestos de admisión de la demanda, procede la Corte a verificar su satisfacción:

4.4.1. En lo que atañe al primer reproche, la queja se centró en que el fallo fue proferido en trámite viciado de nulidad por transgresión del debido proceso en razón de haberse vulnerado el derecho de defensa técnica del acusado, toda vez que el apoderado de DAZA CHAMORRO en la audiencia de formulación de imputación “no realizó un análisis claro y detallado acerca de todos y cada uno de los elementos materiales que fueron aportados por la Fiscalía al momento de la audiencia de formulación de imputación y se limitó a asistir únicamente a las audiencias preliminares”, omisión por la cual no advirtió que la emisión de las resoluciones 222-1 del 17 de agosto de 2011, 236 del 1 de septiembre de 2011 y 263-1 del 4 de octubre del mismo año “estaban acordes con la ley”.





La censura parte del supuesto de que los medios de convicción en los que se basó la Fiscalía para formular imputación fueron descubiertos en el acto, lo cual realmente no tuvo ocurrencia, ni el ente acusador estaba obligado a ello, conforme lo señala el numeral 2 del artículo 288 del Código de Procedimiento Penal de 2004, con lo cual, de entrada, decae la aducida omisión de la defensa técnica.

Cabe precisar que la revelación de elementos de conocimiento tuvo lugar en oportunidad procesal posterior, es decir, después de haber sido aceptada la imputación, para efectos de la sustentación de la medida de aseguramiento, lo cual pone en evidencia la incorrección material de la demanda.

Señala el libelo que “el Acuerdo No. 016 del Concejo Municipal de Ipiales del 21 de mayo de 2001 en la Comisión y luego en Plenaria del 25 de mayo de 2001 adicionó el artículo 1 así: Que el ejecutivo considere prioritarias dentro del marco legal (sic) y en cuanto al peculado por aplicación oficial diferente no se probó de ninguna manera cómo se atentó contra la inversión social que es uno de los elementos estructurales del tipo penal (…)”.

Obsérvese que el impugnante en lugar de acreditar con presupuestos serios y reales, verificables en la actuación, que su asistido estuvo desprovisto de asistencia profesional, se dedicó: (i) a manifestar su opinión fáctica sobre uno de los elementos de conocimiento, concretamente el Acuerdo 016 del Concejo Municipal de Ipiales del 25 de mayo de 2001, sin siquiera enseñar integralmente su contenido o su verdadera dimensión, sino un pequeño fragmento que, al ofrecerlo en solitario, también prescindió de la objetividad que el mismo revela3; y (ii) a criticar la deficiencia probatoria relacionada con el perjuicio de la inversión social” de los recursos públicos objeto de los peculados por aplicación oficial diferente; cuestión que además de ajena a la censura propuesta, desconoce que el imputado al aceptar los cargos, estando asistido de abogado, renunció válidamente a sus derechos de no autoincriminación y a tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con inmediación de las pruebas -de lo cual fue oportunamente informado por el Juez de Control de Garantías-, y relevó a la Fiscalía a continuar con la investigación, en tanto con el allanamiento se entiende que lo actuado es suficiente como acusación (artículo 293 del C.P.P).

La discrepancia con el fallo, como se ve, el demandante no la funda en la denuncia de una concreta irregularidad procesal trascendente que vicie de nulidad la actuación, sino con la determinación fáctica de la sentencia, aspecto sobre el cual no tiene interés alguno para impugnarla, en virtud de que, además de haber DAZA CHAMORRO aceptado la imputación, estuvo conforme con la misma, pues no fue apelada por la parte pasiva, motivo por el cual ese aspecto no fue abordado en la sentencia del Tribunal.

Señala la demanda que el apoderado en la audiencia de formulación de imputación, después de haber verificado los elementos de conocimiento, debió solicitar “la aclaración fáctica y jurídica de lo enrostrado a JOSÉ MANUEL DAZA CHAMORRO (…) y alegar atipicidad de la conducta antes de que precisamente al indiciado le fuera otorgado el uso de la palabra para que tomara la decisión de si acepta o no los cargos (…)”.

Ciertamente, en la hipótesis de que la Fiscalía formulara algún cargo que por su descripción fáctica la conducta resultara atípica, al cual se allanara el imputado y terminara condenado, estaríamos frente a un evento en el que la Sala debería pronunciarse para la satisfacción de los fines de la casación. No obstante, la atipicidad aducida en la demanda, el censor no la predica de la imputación llevada a cabo por el fiscal, sino de su opinión respecto de los hechos, formada a partir de su personal percepción sobre uno de los elementos de conocimiento base de la imputación y la condena (el Acuerdo Municipal de Ipiales 016 de 2001).

Por consiguiente, la actuación que el impugnante echa de menos de la defensa técnica, consistente en que en la audiencia de formulación de imputación debió “alegar atipicidad de la conducta”, se observa absolutamente alejada del procedimiento que corresponde a esa diligencia (artículos, 286, 287, 2884 289 y 290 del C.P.P. de 2004), porque en la misma no tiene cabida debate probatorio alguno.

En este sentido, la demanda tampoco señala en cuál punto concreto de la imputación no hubo una comunicación efectiva, de manera que al entonces apoderado le surgiera el deber de solicitar su aclaración. Además, escuchado el registro de la audiencia, se advierte que la Fiscalía fue cuidadosa en indicarle a DAZA CHAMORRO cada uno de los hechos objeto de investigación, así como su calificación jurídica y las consecuencias establecidas en la ley.

Señala la demanda que la falta de asesoramiento a su defendido generó que fuera condenado siendo inocente de la mayoría de los cargos que le fueron formulados, porque “las sentencias que componen para estos efectos la unidad jurídica inescindible –omitieron- considerar los elementos materiales presentados por la Fiscalía”.

Para que la censura por violación del derecho de defensa técnica tuviera alguna oportunidad en sede extraordinaria, el demandante debía demostrar que el procesado careció totalmente de asistencia profesional durante la actuación, o que pese a contar nominalmente con abogado, el mismo desatendió por completo los deberes del cargo, al punto de generar una situación real de abandono frente a la parte acusadora.

En este orden de ideas, con el fin de denotar con mayor rigor la incorrección material de la protesta, cabe señalar que del registro de la audiencia de formulación de imputación, se observa que el entonces apoderado, tras escuchar la intervención detallada del fiscal, pidió un tiempo para asesorar a DAZA CHAMORRO, lo cual es indicativo de que la asistencia técnica tuvo ocurrencia, máxime cuando así se lo manifestó el imputado al Juez de Control de Garantías, y que el profesional conocía tanto el procedimiento como la trascendencia de la manifestación que aquél adoptaría.

Ahora, en punto específico del contenido de la orientación profesional ofrecida por el defensor al imputado, particularmente durante el lapso del receso que le fue concedido, ello queda en el ámbito de privacidad entre éste y aquél, en el cual no puede incursionar el juez, concretamente en lo que atañe a los presupuestos que consideraron para optar por la aceptación de los cargos; por tanto resulta especulativo cualquier queja respecto del sentido en que debió haberse dado el asesoramiento.

Adicionalmente, la juez de primer grado, contrario a lo manifestado en la demanda, verificó la existencia de un mínimo de elementos de convicción que permitiera inferir la autoría de DAZA CHAMORRO en las conductas endilgadas en su contra y su tipicidad, las cuales indicó haberlas hallado en “el cuaderno principal”. De otra parte, si bien en la sentencia de segunda instancia no fueron examinados los aspectos fácticos de la decisión, ello ocurrió porque tal cuestión no fue objeto de apelación.

El recurrente en casación desconoce que la jurisprudencia se ha orientado por indicar que el abogado, sea de confianza, de oficio o vinculado al servicio de la defensoría pública, en ejercicio de la función de asistencia profesional, goza de total iniciativa y que no por estar en desacuerdo con la estrategia asumida, o haber sido infructuosa, hay lugar a sostener que el derecho de defensa técnica ha sido violado por ausencia de defensor idóneo, pues la ley no le impone derroteros en torno a la estrategia, contenido, forma o alcance de sus propuestas, ni la aptitud de sus gestiones se establece por sus resultados.5

En síntesis, el demandante no logró demostrar que la garantía a que alude en la demanda hubiese sido conculcada, porque los motivos que apuntaron a señalar falta de defensa técnica, como viene de verse, o son desatinados, o la actuación no los corrobora, lo que impide que la demanda sea admitida a trámite para el estudio de fondo de la censura propuesta, sin que, en este punto, tampoco resulte necesario superar sus defectos para cumplir con los fines de la casación mediante la emisión de un fallo de mérito.

4.4.2. El segundo reproche, formulado de manera subsidiaria, se dirige a cuestionar violación directa de la ley sustancial “por interpretación errónea” del artículo 68A del Código Penal, modificado por el artículo 28 de la Ley 1453 del 24 de junio de 2011, vigente para la época de los hechos, basado en que el Tribunal entendió que “los sustitutos y subrogados penales en casos de delito (…) de prevaricato por acción” estaban excluidos en todos los casos, cuando realmente la “disposición” lo permite “en el evento de allanamiento a cargos; y en este asunto el acusado se acogió a dicho instituto.

La Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto en la sentencia impugnada señaló lo siguiente:

[P]ara la época de los hechos había entrado en vigencia la Ley 1453 del 24 de junio de 2011, que a su vez había modificado (…) el artículo 68A del Código Penal, que consagraba la prohibición de conceder sustitutos y subrogados en caso de delito de prevaricato por acción, entre otros, norma esta que ha sido desatendida y que a la letra indica:


: corte -> wp-content -> uploads -> relatorias
relatorias -> Corte suprema de justicia sala de casación penal magistrada Ponente: maría del rosario gonzález muñOZ
relatorias -> Corte suprema de justicia sala de casación penal gustavo enrique malo fernández magistrado Ponente sp1402-2017 Radicación N° 46099
relatorias -> República de Colombia
relatorias -> Acción reivindicatoria
relatorias -> República de Colombia
relatorias -> José francisco acuña vizcaya magistrado Ponente stp13470-2017 Radicación n.° 93570
relatorias -> Fernando alberto castro caballero
relatorias -> Reporte de consulta
relatorias -> Reporte de consulta
relatorias -> Exequátur–Homologación parcial de decisión judicial que decreta la existencia de un contrato de trabajo y condena por prestaciones sociales a consulado de Colombia en Mérida -venezuela. Análisis de la época de presentación de la demanda


Compartir con tus amigos:
1   2   3   4   5   6   7   8


La base de datos está protegida por derechos de autor ©odont.info 2019
enviar mensaje

    Página principal