Corte suprema de justicia


III. SÍNTESIS DE LA DEMANDA



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III. SÍNTESIS DE LA DEMANDA

Después de resumir los hechos e identificar las partes intervinientes en el trámite y la sentencia materia de impugnación, con apoyo en las causales segunda y primera de casación, respectivamente, el recurrente formula dos cargos –principal y subsidiario- contra la sentencia del Tribunal.

3.1. En la primera censura, el demandante sostiene que el fallo fue proferido en trámite viciado de nulidad por transgresión del debido proceso en razón de haberse vulnerado el derecho de defensa técnica del acusado, pues no obstante que contó con apoderado, éste “no realizó un análisis claro y detallado acerca de todos y cada uno de los elementos materiales que fueron aportados por la Fiscalía al momento de la audiencia de formulación de imputación y se limitó a asistir únicamente a las audiencias preliminares”, pues, de haberlo hecho, hubiese advertido que la emisión de las resoluciones 222-1 del 17 de agosto de 2011, 236 del 1 de septiembre de 2011 y 263-1 del 4 de octubre del mismo año “estaban acordes con la ley”, “porque el Acuerdo No. 016 del Concejo Municipal de Ipiales del 21 de mayo de 2001 en la Comisión y luego en Plenaria del 25 de mayo de 2001 adicionó el artículo 1 así: Que el ejecutivo considere prioritarias dentro del marco legal (sic) y en cuanto al peculado por aplicación oficial diferente no se probó de ninguna manera cómo se atentó contra la inversión social que es uno de los elementos estructurales del tipo penal (…)”.

En ese sentido –continuó-, el entonces defensor en la audiencia de formulación de imputación debió solicitar “la aclaración fáctica y jurídica de lo enrostrado a JOSÉ MANUEL DAZA CHAMORRO (…) y alegar atipicidad de la conducta antes de que precisamente al indiciado le fuera otorgado el uso de la palabra para que tomara la decisión de si acepta o no los cargos (…)”.

La falta de asesoramiento a su prohijado generó que fuera condenado siendo inocente de la mayoría de los cargos que le fueron formulados, porque “las sentencias que componen para estos efectos la unidad jurídica inescindible –omitieron- considerar los elementos materiales presentados por la Fiscalía”.

3.2. En la segunda censura, formulada de manera subsidiaria, el demandante señala que el fallo del Tribunal revocó la suspensión condicional de la ejecución de la pena concedida en primera instancia, en el entendido de que el artículo 68A del Código Penal, modificado por el artículo 28 de la Ley 1453 del 24 de junio de 2011, vigente para la época de los hechos, prohibía “los sustitutos y subrogados penales en casos de delito (…) de prevaricato por acción”. Sin embargo, -plantea el impugnante- con esa determinación incurrió en interpretación errónea, porque “la disposición (…) permite, en el evento de allanamiento a cargos, como en el caso concreto sucedió, la viabilidad del subrogado penal y en ningún caso prohíbe conceder sustitutos y subrogados en caso de delitos como el prevaricato por acción.


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