Consejos para acogerse al plazo extraordinario de apelación de un mes en ejecuciones hipotecarias, a partir del real decreto-ley 11/2014



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CONSEJOS PARA ACOGERSE AL PLAZO EXTRAORDINARIO DE APELACIÓN DE UN MES EN EJECUCIONES HIPOTECARIAS, A PARTIR DEL REAL DECRETO-LEY 11/2014

Estimad@ compañer@,

Esta guía pretende servir de orientación para la defensa legal de personas inmersas en procesos de ejecución hipotecaria aun no finalizados, a los cuales les sea de aplicación el plazo de un mes (hasta el 8 de octubre de 2014) establecido por el Real Decreto-Ley 11/2014 en su Disposición Final 3ª.

La fuerte movilización por el derecho a la vivienda ante a la conducta antisocial de las entidades financieras, así como las sentencias de ámbito europeo sobre defensa de los consumidores, han obligado al Gobierno a modificar sucesivamente la legislación española en materia de ejecución hipotecaria.

La última de estas modificaciones viene provocada por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de julio de 2014, asunto C-169/14 “Sánchez Morcillo y Abril García contra BBVA”. Esta resolución afirma que el sistema de ejecuciones hipotecarias en España es incompatible con el derecho a la defensa y a la igualdad de armas procesales. Además, considera que se quiebra gravemente la protección al consumidor, máxime en procedimientos que pueden acarrear la pérdida de la única vivienda del deudor.

La gravedad del caso español, dónde la “crisis habitacional” ha agravado aún más los efectos de la “crisis económica”, se ha reflejado en los datos de ejecuciones hipotecarias, registrando un promedio de 87.800 procedimientos anuales entre 2009 y 2013.1 La situación ha sido denunciada por organismos internacionales, como el Comisario Europeo para los Derechos Humanos, Nils Muiznieks, que ha alertado del impacto de los desahucios sobre familias con menores, que sufren desalojos sin alojamiento alternativo de ningún tipo.2

La Ley 1/2013, al regular el incidente de cláusulas abusivas, contemplaba que se permitiese recurrir la decisión del juez tan sólo “si esta decisión había apreciado abusos en la hipoteca”, pero no “si la decisión judicial declaró que no había cláusulas abusivas”.

Precisamente, la sentencia europea de 17 de julio de 2014, declara que esta discriminación en la posibilidad de recurrir, permitiendo en la práctica que sólo recurran las entidades financieras cuándo la decisión sea contraria a sus intereses, es incompatible con la tutela judicial efectiva, la igualdad de partes y la adecuada protección a los consumidores.

En una lectura acorde con la protección de los derechos fundamentales de las personas, el cumplimiento de la sentencia obligaría a replantearse por completo el sistema de ejecuciones hipotecarias al quedar en entredicho la tutela judicial de cientos de miles de personas en riesgo de desahucio. Sin embargo el Gobierno, una vez más, ha preferido realizar la interpretación más favorable a los intereses de las entidades financieras y publicar, de tapadillo, una modificación legal menor dentro de un Real Decreto-Ley dedicado a otras materias, sin apenas publicidad y otorgando un plazo sumarísimo para recurrir las resoluciones.

La Disposición Transitoria 4ª inaugura un plazo extraordinario de un mes desde la publicación de la ley (sirviendo el BOE como notificación a efectos procesales) para que, en los procedimientos en curso a la fecha de su entrada en vigor (7 de septiembre de 2014) los ejecutados puedan recurrir en apelación ante las Audiencias Provinciales la decisión de su Juzgado correspondiente a las cláusulas abusivas.

Tal y como se ha publicado, parece que el objetivo del Gobierno ha sido minimizar el número de personas que planteen un recurso de apelación sobre las cláusulas abusivas.

El planteamiento del recurso de apelación no significa que las personas afectadas vayan a mejorar significativamente su posición en el conflicto, aunque sí abre la posibilidad para nuevos pronunciamientos judiciales y la revisión de muchos casos. En estas condiciones, es tarea de tod@s aprovechar este plazo de un mes para la defensa de las personas afectadas difundiendo el presente “KIT 2.0 APELACIÓN” para recurrir todos los abusos que las entidades financieras han impuesto en los contratos de hipoteca que ahora están ejecutando.






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