Centro de faenado o planta de sacrificio del municipio de amaga-contaminación del medio ambiente con residuos líquidos y sólid



Descargar 126.98 Kb.
Página24/28
Fecha de conversión18.08.2020
Tamaño126.98 Kb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
Municipio de Amagá. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 311 de la Constitución Política, el municipio es la entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, a la cual le corresponde, entre otras cosas, cumplir las funciones que le asigne la Constitución y las leyes; a su turno, el artículo 314 ibídem, prevé que en cada municipio habrá un alcalde, elegido popularmente, quien será el jefe de la administración municipal y el Representante Legal del Municipio.
Ahora bien, el artículo 3 de la Ley 136 de 1994 “por medio de la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”, establece en su numeral 6:
“ARTÍCULO 3o. FUNCIONES. Corresponde al municipio.

...
6. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, de conformidad con la ley.

...” (Negrillas y subrayas fuera de texto original)
En ese orden de ideas, la competencia del municipio en materia de cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente es clara, como también lo es que, en este caso, el Municipio de Amagá, ha incumplido en forma reiterada e injustificada dicha función, tal como lo demuestran los documentos aportados al proceso, cuyos apartes pertinentes se transcribieron. En efecto, esta entidad territorial ha sido requerida por CORANTIOQUIA, en diversas oportunidades y con plazos máximos (Actos Administrativos No. 130 AB-01616 de 1999 y AB-0354 del 4 de octubre de 2001) a fin de que envíe la información correspondiente y adopte las medidas necesarias para que el Matadero Municipal obtenga permiso de vertimiento y, de esta manera, hacer cesar la vulneración de los recursos naturales suelo y agua y el derecho a gozar de un ambiente sano, afectados por el vertimiento de sus aguas residuales sin tratamiento previo a la Quebrada Amagá y los malos olores producidos por el almacenamiento de pieles.
Por tal razón, también frente a esta entidad territorial los cargos de la demanda por violación a dichos derechos colectivos prosperan y, en consecuencia, se ordenará al Alcalde Municipal de Amagá, Antioquia, cumplir efectivamente la orden impartida por CORANTIOQUIA en la Resolución No. AS-2162 del 21 de mayo de 2004, confirmada por la Resolución No. 2238 del 1 de julio de 2004, vale decir, el cierre temporal del Centro de Faenado de dicho Municipio hasta tanto reúna los requisitos exigidos por ese ente de control, para obtener el permiso de vertimiento. Por lo tanto, la Administración de Amagá, deberá abstenerse de realizar las actividades de faenado en el matadero municipal, mientras dure la medida de cierre temporal impuesta por la CAR Antioquia.
Sobre este punto y, pese a que el municipio demandado no se pronunció frente a los cargos en su contra, la Sala considera útil reiterar su postura según la cual, la falta de recursos necesarios no enerva la obligación de proteger y garantizar los intereses colectivos; así, en reciente sentencia del 6 de julio de 2004, la Sección Primera del Consejo de Estado precisó:
“... la falta de disponibilidad presupuestal no enerva la acción ante la demostrada vulneración de los derechos colectivos para cuya protección aquella se instauró, y que ante esa situación lo procedente sea ordenar a las autoridades públicas que efectúen las gestiones administrativas y financieras necesarias para obtener los recursos necesarios.

... es deber de las autoridades públicas adelantar las actuaciones de orden administrativo, presupuestal y financiero que permitan la consecución de los recursos necesarios para adelantar las obras ordenadas, aclarándose, en todo caso, que si bien dichas gestiones no pueden ser inmediatas, tampoco pueden prolongarse en el tiempo, ya que en modo alguno pueden los entes públicos dilatar indefinidamente las soluciones a las necesidades colectivas ni permanecer indiferentes ante los riesgos que amenacen los derechos y la seguridad de los ciudadanos.”1


Finalmente, para garantizar que se acatarán las medidas dispuestas en el presente fallo, se ordenará conformar un Comité de Verificación de cumplimiento del mismo, el cual estará integrado por las partes y el Ministerio Público, quienes deberán rendir informes periódicos al a quo, Tribunal Administrativo de Antioquia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.




Compartir con tus amigos:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28


La base de datos está protegida por derechos de autor ©odont.info 2019
enviar mensaje

    Página principal