Centro de faenado o planta de sacrificio del municipio de amaga-contaminación del medio ambiente con residuos líquidos y sólid


c.- De la responsabilidad de las autoridades demandadas



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c.- De la responsabilidad de las autoridades demandadas.
CORANTIOQUIA. Como argumento central de su defensa, el apoderado de la Corporación Autónoma Regional de Antioquia manifestó que el hecho fundamental de la demanda, amenazante o vulnerador de intereses colectivos, consiste en que las condiciones antihigiénicas de la actividad desarrollada en el matadero de Amagá afectan los productos cárnicos que allí se manejan, destinados al consumo humano y ponen en riesgo de enfermedades parasitarias a la población de dicho municipio; por tal razón, dice CORANTIOQUIA, el interés colectivo amenazado es la salubridad pública y no el medio ambiente o los recursos naturales, de manera que la autoridad competente en este caso, quien por lo demás, no fue demandada, es el Ministerio de Salud. Además señala que en el expediente obran suficientes pruebas que demuestran el cumplimiento, por parte de CORANTIOQUIA, de sus funciones de vigilancia y control en las materias a su cargo.
Pero ocurre que, más allá de lo advertido por la demandada, los hechos no sólo se refieren a la vulneración del derecho a la salubridad pública sino también (y de manera suficientemente probada), a la afectación del medio ambiente y los recursos naturales en razón del vertimiento de aguas residuales sin tratamiento previo a la Quebrada Amagá y los malos olores producidos por el almacenamiento de pieles de animales que se sacrifican en el Matadero municipal. Al respecto, estima la Sala, la actividad de vigilancia y control desplegada por CORANTIOQUIA no ha garantizado efectivamente la protección de dichos intereses colectivos. Ello, por cuanto no resulta aceptable que desde el año 1998, cuando la Corporación advierte que el matadero municipal opera sin sistema de aguas residuales, sólo hasta el año 2004 toma las medidas preventivas necesarias. En efecto, tal como consta en el Informe Técnico de Control y Seguimiento No. SR-98-410 del 10 de agosto de 1998:

El Matadero de Amagá con su funcionamiento contamina la Quebrada Amagá pues allí vierte sus aguas residuales sin previo tratamiento.
Casi un año después, mediante Informe Técnico 99-01365 del 30 de junio de 1999, concluye la CAR Antioquia que la ausencia de sistema de aguas residuales afecta los recursos agua y suelo:
El matadero genera afectaciones al recurso suelo y agua. Al no contar con planta de tratamiento de aguas residuales industriales y domésticas contamina el recurso agua, ya que estos residuos líquidos son vertidos al río Amagá...” (fls. 37 a 38) (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Y sólo el día 21 de mayo de 2004, por medio de Resolución No. AS-2162, CORANTIOQUIA impone al municipio la medida preventiva de cierre temporal del centro de faenado, es decir, aproximadamente, seis (6) años después de conocido el hecho.
Téngase en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, el tiempo máximo que tienen las autoridades para imponer sanciones es de tres (3) años a partir de producido el acto que las ocasiona; ahora, ésta es la regla general, sujeta a excepciones que bien pueden existir en materia ambiental, pero lo cierto es que, con base en una interpretación finalística, lo que quiso el legislador fue preveer un término prudencial de diligencia en materia sancionatoria y/o de medidas coercitivas frente al incumplimiento de las obligaciones de la propia administración, máxime si se encuentra sujeta a vigilancia y control.
Además de lo anterior, se encuentra demostrado que pese a la existencia de un acto administrativo ejecutoriado (Resolución No. 2162 de 2004), por medio del cual CORANTIOQUIA ordenó el cierre temporal del matadero de Amagá, dicha disposición ha sido incumplida por la Administración Municipal (oficio 149633 de 2004 visible a folio 157), lo cual evidencia la falta de control de la demandada frente a su propio acto; ausencia que supone la falta de protección a los intereses colectivos a su cargo, conforme lo manda el artículo 31, numerales 10 y 12, de la Ley 99 de 1993.
En tales circunstancias, los cargos de la demanda contra CORANTIOQUIA prosperan y, en consecuencia, se revocará la sentencia impugnada para, en su lugar, disponer la protección de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y recursos naturales, para cuyo efecto se ordena a dicho ente de control tomar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de medida preventiva de cierre temporal del matadero de Amagá, adoptada mediante Resoluciones AS 2162 del 21 de mayo de 2004 y 2238 del 1 de julio siguiente.



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