Acta número treinta y cinco de la sesión ordinaria celebrada el días siete y concluida el ocho de septiembre de dos mil dieciséis a las doce horas con tres minutos, en el Salón de Sesiones de Palacio Municipal



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Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco
Artículo 4. Los actos, procedimientos administrativos y toda actividad administrativa estatal y municipal, se sujetarán a los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales de Derecho Administrativo:
a) Principio de gratuidad: Las actuaciones promovidas para la impugnación de decisiones administrativas de la autoridad estatal o municipal no serán objeto de contribución o gravamen alguno. No hab condena en costas por las peticiones, denuncias y recursos;

b) Principio de legalidad: Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la

Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas;

c) Principio de igualdad: Las autoridades administrativas actuarán sin ninguna clase de

discriminación entre los administrados, otorndoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general;

d) Principio del debido procedimiento: Los administrados gozan de todos los derechos

y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo;

e) Principio de impulso de oficio: Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el

procedimiento y ordenar la realizacn o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias;

f) Principio de razonabilidad: Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando

generen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido;

g) Principio de informalismo: Las normas de procedimiento deben ser




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