Tratamiento farmacologico con inhibidores en la intervención sobre la delincuencia sexual



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InhibidoreshormonalesDEF 16/01/2018



TRATAMIENTO FARMACOLOGICO CON INHIBIDORES EN LA INTERVENCIÓN SOBRE LA DELINCUENCIA SEXUAL.

En el debate penal actual se plantea con insistencia la posibilidad de incrementar la intervención en condenados por delitos de naturaleza sexual, en orden a evitar la reincidencia tras la recuperación total o parcial de la libertad. En ese marco, se han propuesto tratamientos dirigidos a inhibir el impulso sexual, respecto de los cuales el Grupo de Estudios de Politica Criminal formula las siguientes consideraciones:


1. Consideraciones generales y régimen jurídico.
La propuesta se ha centrado en el tratamiento farmacológico con inhibidores de la testosterona, consentido y con efectos reversibles cuando se abandona su administración. Por tanto, debe rechazarse la tremendista y extendida expresión “pena de castración química”, que no sólo no se corresponde con la realidad, sino que favorece el sensacionalismo. Asimismo, el tratamiento farmacológico puede limitarse, si así está indicado, a medicamentos psicoactivos sin repercusiones hormonales, que deben someterse a los mismos principios.
En tanto que tratamiento médico, la administración de inhibidores se encuentra sometida a las disposiciones sobre consentimiento informado y voluntariedad que contiene la Ley 41/2002 de 14 de Noviembre básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica (Ley de Autonomía del Paciente), del mismo modo que lo están los tratamientos con medicamentos psicoactivos incidentes en factores emocionales eventualmente utilizables. Por otra parte, la administración del tratamiento farmacológico vinculado al cumplimiento de una pena privativa de libertad, lo sitúa en las previsiones sobre el tratamiento penitenciario de la Ley Orgánica General Penitenciaria (arts. 59 ss.) y su Reglamento, que ya hoy prevé tratamientos específicos para la delincuencia sexual (art. 116).
Por tanto, con la legislación vigente, hoy ya es posible aplicar dichos tratamientos como prestaciones sanitarias y con la mera exigencia de consentimiento informado. Tal concepción como prestación sanitaria sometida a las normas generales puede resultar adecuada en situaciones en que no se impone la privación de libertad. En cambio, la situación de privación de libertad condiciona de tal modo las decisiones del afectado que, en estos casos, no cabe legitimar la aplicación de estos tratamientos exclusivamente en la prestación formal de consentimiento informado. Para evitar que la mera aplicación de las reglas generales sobre el consentimiento de los tratamientos esconda situaciones de aceptación viciada de los mismos, su administración en prisión requiere mayor cautela y debe contemplar especiales exigencias y garantías, que hoy no contienen las normas vigentes.
2. Eficacia y orientación a la reinserción
La eficacia de dichos tratamientos en orden a evitar la reincidencia sólo es apreciable si

se conciben como un elemento coadyuvante del tratamiento psico-social, bien en el marco del tratamiento penitenciario, bien en el de la asistencia social post-penitenciaria. Igualmente, debe tenerse en cuenta que en determinadas formas de delincuencia violenta con importantes déficits psicosociales, la eficacia del tratamiento con inhibidores hormonales es muy inferior. Pero en todo caso, no cabe acudir al tratamiento farmacológico como una forma de eludir o sustituir la obligación de mejorar los instrumentos generales de tratamiento y asistencia, así como de los medios personales y materiales que los sustentan.


Teniendo en cuenta dicho carácter secundario y complementario de los tratamientos farmacológicos, éstos pueden constituir un instrumento para la reinserción. Pese a la alarma social y mediática que desata la reincidencia en la delincuencia sexual, las investigaciones sobre el tema demuestran que es sensiblemente menor a la media de la reincidencia en el total de delitos y, aun más, que el porcentaje disminuye ostensiblemente con la aplicación de un tratamiento integral orientado a la etiología del delito que eventualmente incluya tratamiento con inhibidores. La configuración y aplicación de los tratamientos estará orientada a la reinserción, con la que resultan incompatibles las propuestas inocuizadoras que rechazan el cumplimiento de la pena en libertad o semilibertad. Obviamente, no son asumibles las propuestas que llegan a reivindicar el internamiento perpetuo.
3. Aplicación vinculada a la privación de libertad.
El tratamiento farmacológico y, especificamente, el inhibidor hormonal puede ser aplicable en las penas privativas de libertad, como parte del tratamiento penitenciario y como instrumento de preparación para la recuperación total o parcial de la libertad
El fundamento en el pronóstico de reincidencia y la exigencia de consentimiento pleno aconseja no incluir estos tratamientos en la regulación de la suspensión y la sustitución de la pena privativa de libertad, por las siguientes razones: a) porque la suspensión y la sustitución deben acordarse cuando, con sus respectivas condiciones y reglas de conducta, se consideran suficientes para evitar la reincidencia y, b) porque introducir en dichas instituciones la administración de tratamiento farmacológico supondría añadir condiciones u obligaciones acompañantes de la suspensión o sustitución, incompatibles con la exigencia de consentimiento pleno. Con todo, cabe recordar que en aquellos casos en que el delito cometido no suponga el ingreso en prisión, es posible la derivación al sistema sanitario para la oferta de tratamiento farmacológico como medida asistencial sometida a las reglas generales sobre aceptación de los tratamientos médicos y su seguimiento.
4. Pronóstico de reincidencia e indicación terapeutica
Un adecuado enfoque del tema requiere tener presente la diversidad de comportamientos punibles y perfiles de sus autores, limitando el tratamiento farmacológico a supuestos con pronóstico de reincidencia. Las técnicas de diagnóstico y evaluación de riesgos se encuentran lo suficientemente desarrolladas como para fundamentar la aplicación individualizada del tratamiento sólo en los supuestos en que esté indicado, siempre como coadyuvante del tratamiento psicosocial.

5. Principios y garantías


La admisibilidad del tratamiento con inhibidores simultáneo al cumplimiento de la pena privativa de libertad, depende del absoluto respeto a los derechos de los afectados y de la observancia de los siguientes principios y garantías:


  1. Consentimiento

El consentimiento informado y pleno del afectado no es sólo una exigencia constitucional y legal basada en la dignidad humana y los derechos con que se relaciona, sino también un requisito para la eficacia del tratamiento, puesto que sólo la plena aceptación y convencimiento del sujeto sobre su oportunidad y necesidad, puede evitar que lo abandone o contrarreste al recuperar la libertad.


En garantía de lo anterior, la aceptación o rechazo del tratamiento inhibidor no debe suponer consecuencias jurídicas positivas ni negativas para el interesado, más allá de la valoración integral del tratamiento penitenciario al que pueden coadyuvar los fármacos. Especialmente, la aceptación del tratamiento no debe condicionar cambios de régimen penitenciario ni puede buscarse mediante una oferta de adelantamiento de la libertad, sino que debe entenderse como una preparación para la misma. La motivación personal del interno debe centrarse en la mejora de las condiciones para evitar la reincidencia.


  1. Intervención mínima e individualizada

La oferta y aplicación del tratamiento inhibidor debe basarse en un diagnóstico individualizado y una prescripción evaluadora de la necesidad y utilidad del mismo para evitar la reincidencia. En el medio penitenciario cerrado, su carácter mínimo y preparatorio para la libertad, aconseja limitar su aplicación al periodo previo a los primeros contactos con el exterior.




  1. Seguimiento

Tanto la administración del tratamiento como el control de su efectividad y la evolución médica del sujeto requieren la intervención del equipo de tratamiento en el medio penitenciario y de los recursos asistenciales necesarios en el medio externo. El seguimiento debe mantener la vinculación con la intervención psico-social a la que coadyuva la administración de fármacos.




  1. Modificaciones del tratamiento

Consecuentemente con la exigencia de consentimiento pleno, el tratamiento puede ser rechazado por el afectado durante su administración. Igualmente, los órganos de seguimiento deben poder modificarlo o suspenderlo en función de la evolución médica del sujeto.


6. Cumplimiento de la pena y extinción de la responsabilidad criminal.
Debe distinguirse entre el tratamiento simultáneo al cumplimiento de la pena privativa de libertad y el posterior a la extinción de la responsabilidad criminal. En el primer caso, afecta a las situaciones de semi-libertad y libertad condicional , sometiéndose a las reglas generales de seguimiento de la ejecución penal, además de las específicas a este tipo de intervención. En el segundo, extinguida la responsabilidad penal por el cumplimiento de la condena, la administración de tratamientos farmacológicos debe inscribirse en el marco general de las prestaciones sanitarias y de asistencia social post-penitenciaria, que deben contener previsiones específicas para estas situaciones. La asistencia social post-penitenciaria es el ámbito idóneo en el que intervenir, si así se requiere, tras el cumplimiento de la condena. En este sentido, las propuestas que prolongan el internamiento bajo la forma de medida de seguridad como medio para evitar la reincidencia, están renunciando a fortalecer instrumentos adecuados en la línea de aunar los fines de la pena con la mínima afectación a los derechos fundamentales del infractor.

7. Reforma legislativa.


En sentido estricto, no es imprescindible una reforma legal para la aplicación del tratamiento farmacólogico. La Ley Orgánica General Penitenciaria establece los principios generales del tratamiento penitenciario y participación en el mismo (arts. 59 y ss), mientras el Reglamento Penitenciario, en su art. 116 (Programas de actuación especializada), dedica el número 4 al tratamiento específico para condenados por delitos contra la libertad sexual, en el que se exige diagnóstico previo y voluntariedad. Por otra parte, en tanto que tratamiento médico, se encuentra afectado por la Ley de Autonomía del Paciente en lo que se refiere al consentimiento informado.
Sin embargo, teniendo en cuenta el carácter especialmente sensible de tales tratamientos, es posible proponer las siguientes modificaciones , tendentes a la mayor exigencia y claridad de las garantías , así como al compromiso de la asistencia social post-penitenciaria.
Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) y su Reglamento
Artículo 66 LOGP (tratamiento penitenciario)
Se propone añadir un número 4, con el siguiente texto:
En aquellos casos en que se establezca un tratamiento farmacológico como coadyuvante del programa de tratamiento constará, previamente, un diagnóstico específico y el consentimiento informado y pleno del interno. Instaurado el tratamiento, se seguirá y controlará su evolución médica”
MOTIVACIÓN: Se pretende reforzar las garantías que deben rodear la instauración de un tratamiento farmacológico, llevando a la Ley la exigencia de diagnóstico específico y consentimiento que ya consta en el art. 116.4 del Reglamento Penitenciario y añadiendo la exigencia de control de la evolución médica.
Artículo 74 bis LOGP (asistencia social post-penitenciaria)
Se propone el siguiente texto:
Los órganos indicados en el artículo anterior prestarán la necesaria asistencia y seguimiento a los internos y a los liberados condicionales o definitivos en la aplicación de los tratamientos farmacológicos a que se refiere el número 4 del artículo 66 de la presente Ley”.

MOTIVACION: En materia de asistencia social penitenciaria regulada en el art. 74 de la LOGP es conveniente hacer mención expresa al compromiso de asistencia también en el seguimiento de los tratamientos farmacológicos.


Artículo 116 Reglamento penitenciario
Se propone añadir un número 5 con el siguiente texto:
En los casos señalados en el número anterior y basándose en un diagnóstico específico sobre su necesidad y utilidad para evitar la reincidencia, la Administración Penitenciaria puede ofertar al interno, como medio de preparación para la libertad, un tratamiento farmacológico como coadyuvante del programa de tratamiento establecido.
Su aplicación debe contar con el consentimiento pleno e informado del interno, sin que su aceptación o rechazo pueda conllevar consecuencias positivas o negativas para su situación penitenciaria.
El seguimiento de la aplicación de dicho tratamiento se llevará a cabo por el equipo de tratamiento y los órganos competentes en la asistencia sanitaria penitenciaria”.
MOTIVACION: En tanto en cuanto el número 4 del mismo artículo menciona, en general, los tratamientos aplicables a condenados por delitos contra la libertad sexual, conviene añadir este número 5 concretando las exigencias específicas de los tratamientos farmacológicos, especialmente en relación a la orientación del diagnóstico y la plenitud del consentimiento.

Madrid, 12 de noviembre de 2009.









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