Programa paisajes sostenibles de la amazonia



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4.1 Evaluación social de los pueblos y los territorios indígenas directamente vinculados a actividades de la Iniciativa

4.1.1 Instrumentos para la protección de los derechos individuales y colectivos de comunidades y pueblos indígenas

El Estado colombiano, y toda su institucionalidad, tiene el deber de garantizar los derechos fundamentales, colectivos e integrales de los pueblos indígenas del país, consagrados en la Constitución Política y en los desarrollos legales y jurisprudenciales, en armonía con el marco internacional de los derechos humanos y de los derechos de pueblos indígenas. Al respecto, el convenio 169 de 1989 de la OIT y la Declaración de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas establecen que “Los pueblos indígenas y los indígenas como individuos son titulares de todos los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos en los diversos instrumentos internacionales sin obstáculos ni discriminación.”8


Los derechos de los pueblos indígenas han sido objeto de una dinámica evolución. Con la promulgación de la Constitución Política de Colombia en 1991, se establece que Colombia es un “Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.” El carácter pluralista se desarrolla, entre otros, con el reconocimiento taxativo de los pueblos indígenas en el artículo 7 de la Carta, de acuerdo con el cual “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana”. En esta forma se da al traste con la visión hegemónica y de asimilación consignada en la Ley 89 de 1890 que dictaba “la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada.” Dicho reconocimiento se complementa con la obligación del Estado de proteger las riquezas culturales y naturales de la nación, establecida en el artículo 8 de la Constitución.
En desarrollo de estos principios, se reconocen a los grupos étnicos un conjunto de derechos fundamentales colectivos e integrales que pueden sintetizarse de la siguiente manera:
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