Pluralismo legal y administracion de justicia comunitaria informal en america latina



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DISCUSIÓN
En esta sección retomo algunas de las cuestiones planteadas por Helmke y Levitsky: ¿Cómo podemos medir y comparar estos sistemas informales de justicia? ¿Qué impacto tienen los sistemas informales de justicia en la eficiencia, legitimidad, equidad y accesibilidad de los sistemas de justicia formales del estado? ¿Cuáles son las explicaciones de lo precedente para la calidad de la democracia, particularmente en países multiétnicos?

El problema de la medición y comparación es el más fácil. En los noventa fueron hechos numerosos estudios descriptivos de sistemas de justicia individual que pueden servir de base para la comparación de normas, procedimientos y sanciones. Se puede emprender investigación adicional en el número de reclamos llevados a autoridades tradicionales o informales relativo al número llevado a las instituciones formales, al mismo tiempo que se observa los tipos de casos destinados a cada lugar donde se reúne el jurado. Unos cuantos antropólogos han hecho esto al nivel micro para un solo sistema (e.g., Starn 1999; Ministerio de Justicia 1997a, 1997b, 1997d), pero un estudio sistemático del tema puede ser hecho por medio de entrevistas extensivas a autoridades indígenas, miembros de la comunidad y funcionarios de la justicia estatal y policía local en una variedad de sistemas, dentro de un país o más allá de las fronteras. Este esfuerzo se facilita por la tendencia de muchos sistemas informales contemporáneos a registrar cuidadosamente sus procedimientos y decisiones en actas escritas. En los casos en que el sistema informal de justicia es relativamente nuevo –como las rondas campesinas o las juntas vecinales- los datos pueden ser recogidos en el número y tipo de demandas llevadas a la policía, a las cortes locales, o los jueces de paz antes y después de la adopción de mecanismos informales, como hizo Starn en unas cuantos pueblos de Piura, Perú (1999). Sin embargo, los investigadores deben recordar que hay casos que las autoridades indígenas quieren esconder de los registros escritos y orales.

Los sistemas legales informales parecen mayormente complementar o sustituir la ley del estado. De hecho, una de las motivaciones de los constitucionalistas, los que formalmente reconocieron la ley indígena y campesina en Colombia, Bolivia y Perú, era compensar las deficiencias de la policía y cortes –extender la eficiencia, autoridad y legitimidad de la ley indígena y campesina en áreas sin ley que el estado no podía alcanzar. Adicionalmente, las instituciones de justicia informal aligeran a la policía y cortes, que están sobrecargadas y deficitarias de recursos, de casos que pueden ser resueltos con menos recursos por las autoridades informales. Aún mejor, los sistemas informales sirven a una población que tiene menos posibilidades de contar recursos financieros y seguridad cultural para llevar sus reclamos a los foros formales. Por tanto, los sistemas informales de justicia son un medio eficiente en su costo para aumentar el suministro de justicia en la sociedad latinoamericana para algunas de las poblaciones que más la necesitan. Como se anotó anteriormente con respecto a Ecuador, inclusive hay instancias en las que los no indígenas buscan justicia de las autoridades tradicionales, porque su mayor eficiencia, su legitimidad y su menor costo.

En vez de ver “complementario” y “sustitutivo” como dos categorías separadas, mi estudio de los sistemas de justicia comunitaria informal sugiere que estas categorías se ven mejor como dos polos de un continuum. En el extremo “sustitutivo”, las comunidades indígenas y campesinas están geográficamente distantes de las instituciones formales y son completamente responsables de la administración de justicia y la resolución de disputas. En el extremo “complementario”, las comunidades indígenas y campesinas trabajan de cerca con la policía y las cortes para dividirse estas responsabilidades –como en el caso descrito anteriormente de los jueces de paz peruanos que trabajan con las rondas. En el medio hay casos de instituciones informales de justicia, que coordinan su trabajo con los funcionarios estatales en la medida que sea necesario, dada la presencia de presión interna o externa y la disponibilidad de tales servicios.

Las instancias de competencia entre sistemas están disminuyendo en los países donde el reconocimiento de los sistemas informales está en proceso y las comunidades indígenas y campesinas están reformando sus propias normas y procedimientos para ajustarlos al nuevo régimen de pluralismo legal. Por lo tanto, vemos algún grado de los que Helmke y Levitsky llaman “sincretismo institucional” o “mutua transformación” (Helmke y Levitsky 2002: 16). Este es cada vez más el caso, a medida que los procedimientos informales se ponen por escrito y las autoridades indígenas están más conscientes de las normas estatales y están más ansiosas, al menos públicamente, de coordinar algunas de sus normas y procedimientos con las estatales. Como han concluido los investigadores con respecto a los sistemas de justicia rural aymara en Bolivia,

La formalización de sus procedimientos, particularmente en el Libro de Actas, que presenta un registro de cada uno de los casos resueltos, como del lenguaje utilizado por las autoridades tradicionales para inscribir los conflictos y sus soluciones, y que trata de intimidar a los representantes de la justicia ordinaria, sugiere que la justicia tradicional se está consolidando y está estableciendo vínculos de compatibilización con la justicia estatal (Ministerio de Justicia 1997a: 73).

En algunos casos, los sistemas de justicia formales, a su vez, se acomodan a las costumbres comunitarias, como cuando la policía, las cortes y las autoridades indígenas trabajan juntos para capturar a sospechosos, detenerlos, investigar sus ofensas y seleccionar un lugar donde se reúne el jurado para la administración de justicia. Por supuesto, todavía hay autoridades que son hostiles a las culturas indígenas y estados que no reconocen la ley indígena.

¿Cuáles son las implicaciones de lo precedente para la calidad de la democracia, particularmente en países multiétnicos? Los sistemas legales latinoamericanos que reconocen la ley indígena responden de mejor manera a su realidad social heterogénea; son menos discriminatorios, más flexibles y, por lo tanto, más justos (Yrigoyen 1999: 9). Además, un acceso mejorado a protección legal adecuada ayuda a construir ciudadanía a los grupos más excluidos de la sociedad, particularmente en sistemas como el de Guatemala que han sido discriminatorios e inaccesibles (Sieder 1998: 98). O’Donnell reconoce lo mismo cuando vincula la “ciudadanía de baja intensidad” a la inhabilidad del estado de establecer el dominio de la ley (1994: 159). Donde los estados son demasiado débiles para proporcionar justicia, los sistemas informales formalmente reconocidos y semi-autónomos pueden complementar los esfuerzos del estado y, así, mejorar la calidad de la ciudadanía. Aunque el reconocimiento formal me parece necesario para evitar conflictos jurisdiccionales, también parece necesario que los sistemas no estatales retengan buena parte de su “informalidad”. Es la informalidad de estos sistemas que constituye su autonomía y genera su autoridad. Y es su autonomía y su autoridad lo que los hace espacios de empoderamiento. Muchos académicos del pluralismo legal apuntan hacia esta noción cuando citan a Sally Falk Moore (1978, 1986), quien escribe sobre los “círculos de poder semi-autónomos” o los “campos sociales semi-autónomos”, y a Laura Nader, que usa el término “subalterno contra-público” para referirse a la ley informal en Africa y Méjico, respectivamente26. Citando este trabajo, Assies (2001: 93), Sieder (1996:34) e Yrigoyen (1999: 41) ven la ley indígena como espacios de autonomía de los cuales los grupos subalternos pueden tomar servicio en un diálogo intercultural equitativo con el estado y la cultura dominante. Algunos van mucho más allá, argumentando que los sistemas y normas indígenas tienen, o tendrán, si se les da el reconocimiento apropiado, un efecto positivo en la ley del estado. Sierra argumenta que la búsqueda de los pueblos indígenas por esferas autónomas de autogobierno puede servir como un modelo de democratización descentralizada para las sociedades latinoamericanas (1998: 39). Chambers sostiene que el reconocimiento de la diversidad cultural y los derechos humanos proporciona una fuente de legitimidad a los estados que han perdido el centro moral que se había derivado de las invocaciones constitucionales a Dios y el catolicismo (Chambers 1997: 426-427).



El reconocimiento de esferas autónomas de justicia, particularmente para poblaciones que han sido tan abusadas por la autoridad y sistemas de injusticia del estado, puede mejorar la calidad del dominio de la ley y de la democracia en las sociedades latinoamericanas. Como argumenta Sieder, la articulación entre los sistemas puede habilitar a que el énfasis indígena en la restitución y reconciliación penetre los sistemas del estado, los cuales enfatizan el castigo (1999: 113). Pero los abogados defensores del pluralismo legal pueden estar sobreestimando el beneficio macrosocietal: primero, porque las deficiencias en la democracia y el dominio de la ley en Latinoamérica son tan vastas que se necesitan muchas otras reformas para alcanzar un mejoramiento; y segundo, porque los sistemas de justicia informal tienen muchos defectos que reflejan los celos, falta de balance de poder, crueldad e ignorancia que son comunes a todos los grupos humanos. Conectar los sistemas de justicia informal y formal, sin embargo, ha provocado un debate intercultural constructivo sobre los defectos de ambos sistemas y su creciente mutua responsabilidad debe prestar atención a estos defectos y la necesidad de rectificarlos.




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