Pluralismo legal y administracion de justicia comunitaria informal en america latina


Medios No Legislativos de Reconocer y Vincular a las Instituciones Informales de Justicia



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Medios No Legislativos de Reconocer y Vincular a las Instituciones Informales de Justicia

En ausencia de legislación que especifique la relación de los indígenas con la ley del estado, los estados han desarrollado otros medios de implementar el nuevo reconocimiento constitucional de la ley indígena: a través del desarrollo de jurisprudencia, al ser llevados los casos ante las cortes, y a través del desarrollo de relaciones institucionales entre el estado y los sistemas de justicia indígena.

La Corte Constitucional de Colombia ha actuado como un legislador de ipso en la ausencia de legislación implementada. Ninguna otra corte superior ha hecho esto todavía (Cabedo Mallol 1998: 7)21. Aunque a menudo contradictorio, tomar conjuntamente los fallos de la Corte ha establecido un amplio alcance para el ejercicio de la ley indígena. Debido a que cerca de todos los asuntos que puedan presentarse han alcanzado a su Corte en la última década, Colombia proporciona un modelo interesante para los estados que tratan de implementar el pluralismo legal. Discuto algunos de los casos más importantes aquí22. En Colombia, sin embargo, no todos los conflictos de jurisdicción son resueltos por las cortes. Instituciones del estado también pueden intervenir para negociar una componenda23.

Un caso de 1994 (Sentencia T-254) estableció tres importantes principios para interpretar la jurisdicción especial indígena. Primero, las tradiciones culturales deben ser respetadas en la medida que esas tradiciones han sido conservadas; eso es, a menos contacto e influencia de la cultura occidental, mayor el alcance para la autonomía cultural en la aplicación de la jurisdicción especial indígena. Segundo, las autoridades indígenas no deben violar en sus decisiones los derechos humanos internacionales o los derechos constitucionales fundamentales de mayor rango que la diversidad cultural. Tercero, la ley indígena está ranqueada por encima de la legislación ordinaria que no protege derechos constitucionales fundamentales, y por encima de la ley civil ordinaria (Van Cott 2000a: 217). El asunto de las perspectivas conflictivas del proceso correcto fue presentada en un caso de 1996 (Sentencia T-349) en el que un defensor indígena reclamo que sus derechos habían sido violados porque no se le permitió el uso de un abogado frente a las autoridades comunitarias de justicia, y porque las autoridades lo habían sentenciado a estar confinado en una cárcel estatal, una sentencia inusual para esta comunidad. La Corte decreto en contra del demandante argumentado que el uso de un abogado no era una norma en el sistema de administración de justicia de esta comunidad. En ese caso la Corte estableció una importante regla: cuando limitaciones son necesarias para defender un derecho constitucional de mayor jerarquía, estas limitaciones deben tener el menor impacto posible sobre la autonomía indígena y la integridad cultural. La Corte concluyó que estos “derechos intangibles” están limitados a “el derecho a la vida, la prohibición de la esclavitud y la prohibición de la tortura”, porque existe un “consenso intercultural” en estos derechos (traducido por Assies, citado en Assies próxima aparición: 4).

El caso de jurisdicción indígena más sensacional ocurrió entre 1996 y 1997. siete hombres fueron acusados de ser los “autores intelectuales” del asesinato de un alcalde indígena del pueblo Páez más grande, Jambaló24. El cabildo (gobierno comunitario) de Jambaló encontró a los acusados culpables y los sentenció a azotamiento con una látigo de cuero, los expulsó de la comunidad, y los despojó de sus derechos políticos como indios. El principal acusado, Francisco Gembuel, quien recibió la sentencia más dura, llevó el caso a la corte municipal del crimen en Santander de Quilichao. La corte defendió a Gembuel, dictaminando que “el cabildo había negado a los acusados la oportunidad de defenderse a sí mismos, que los jueces en el caso se encontraban prejuiciados, que el azotamiento constituyó tortura y que por lo tanto, era ilegal ante la ley internacional” (Van Cott 2000a: 219). La Asociación de Cabildos del Norte Páez apeló a una corte superior, la que afirmó el dictamen de la corte inferior. La Asociación de Cabildos llevó entonces el caso a la Corte Constitucional, la misma que dictaminó que aunque el azotamiento fue incorporado a partir de la cultura colonial española, había llegado a formar parte de la cultura Páez, y que su uso causaba daño no permanente ni serio (Sentencia T523/1997). Además, su objeto no era causar dolor o humillación, sino purificar a los acusados y, así, facilitar su reintegración a la comunidad (un argumento que está en conflicto con la expulsión simultánea de los acusados en este caso). Sánchez considera este fallo como “realmente paradigmático desde un punto de vista hermenéutico” porque reconoce un amplio alcance a la autonomía de las autoridades indígenas basado en el reconocimiento de la existencia de órdenes simbólicos no occidentales que dan significado a culturas no occidentales (Sánchez Botero 2000: 232).

En respuesta a la emergencia de esta jurisprudencia de derechos indígenas, y a la necesidad de coordinar los sistemas legales estatales e indígenas, ha aparecido una enorme bibliografía en la última década en el campo de la antropología jurídica25. Uno de los mayores depositarios y generadores de esta bibliografía es la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica (RELAJU), creada en un encuentro en Quito, Ecuador, en 1997 (Castro Lucic y Sierra 1998: 10). Adicionalmente, dos seminarios internacionales han sido organizados en el tema de atender el problema de coordinar las jurisdicciones indígena y estatal, resultado en la publicación de dos gruesos volúmenes editados (Alvarez y Vacaflor 1998; varios autores 1999).

Otra forma de ligar los sistemas de justicia indígena y estatal es a través de la creación de los jueces de paz comunitarios que trabajen con las autoridades indígenas a la vez que representan al Estado. Estos proyectos están en camino en Guatemala y Perú. Los jueces de paz peruanos “coexisten en 5000 comunidades campesinas, alrededor de 1000 comunidades nativas y un número similar de rondas campesinas (Arditos 2001: 1). En muchos casos, los jueces de paz van más allá de la ley del Estado en la incorporación de asuntos culturales y costumbres y normas indígenas locales en sus procedimientos y decisiones (Ardito 2001: 10). Los jueces de paz pueden dividirse el trabajo de la administración de justicia con las autoridades nativas. Por ejemplo, es común para la primera hacerse cargo de asuntos específicamente señalados por las normas del Estado, mientras la última resuelve conflictos sociales o crímenes no considerados como tales por la ley estatal. En otras partes, las autoridades tradicionales pueden manejar asuntos que involucran a miembros de la comunidad, mientras los jueces de paz manejan asuntos que involucran al menos a una persona externa a la comunidad. Donde las autoridades locales, las rondas campesinas por ejemplo, son efectivas y autónomas, como en el departamento norteño de Cajamarca, los jueces de paz pueden desempeñar un papel completamente ceremonial o una función notarial y relegar la mayoría de la administración de justicia a las rondas e incluso participar en las actividades de las rondas. En algunos casos, las autoridades comunitarias pueden delegar los casos a los jueces de paz mientras, a su vez, los jueces de paz pueden pedir a las autoridades comunitarias que actúen como garantes de sus decisiones y sanciones –por ejemplo, asegurando que el trasgresor complete su servicio comunitario- o que capturen a un miembro de la comunidad para que sea llevado ante el juez.

En Guatemala, las Naciones Unidas están auspiciando un proyecto para implementar el nuevo Código de Procedimiento Penal, artículo 552 bis. Esta norma proporciona un espacio dentro de los jueces de paz comunitarios recientemente creadas para el uso de los usos y costumbres indígenas. Estas deben ser creadas en los distritos donde no hay una autoridad administrativa oficial. Aunque añaden rapidez, oralidad y proximidad a la administración de justicia, y representan la primera vez que los jueces son escogidos de la comunidad a la que sirven, los jueces de paz comunitarios no son una parte orgánica de la organización social y política maya. También constituyen un reto a las autoridades tradicionales existentes y a los alcaldes indígenas, dado que estos habían sido previamente los que resolvían disputas locales, creando una separación de los poderes políticos y jurídicos que no existe en la cultura indígena (Murga Armas 1999: 326-341).





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