Pluralismo legal y administracion de justicia comunitaria informal en america latina



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Conflictos sobre el castigo. Aunque existe una gran variación, las sanciones impuestas por las autoridades indígenas típicamente involucran alguna combinación de un corto confinamiento, formas suaves de castigo corporal, trabajo comunitario obligatorio e indemnización a la víctima o a su familia. La expulsión de la comunidad y la muerte son consideradas los castigos más severos y están reservados para casos repetidos de las ofensas más serias, luego de que sanciones más leves han fallado en moderar el comportamiento del trasgresor. A pesar de lo onerosas que estas sanciones nos puedan parecer, los indígenas generalmente las consideran preferibles al confinamiento en una cárcel occidental19. En efecto, es más común que la familia de la víctima trate de llevar los procedimientos a las cortes estatales porque es más probable que las sanciones indígenas sean más leves. Algunos castigos pueden parecer absurdos a los occidentales. Stavenhagen relata un ejemplo de Oaxaca, Méjico, donde un hombre que mató a otro en una trifulca de ebrios, recibió la orden de casarse con la viuda de la víctima y cuidarla a ella y a sus hijos. Aunque el estado mejicano trató de interferir, la comunidad y los individuos involucrados rechazaron su interferencia y la sentencia fue respetada (Stavenhagen 1988: 100).

El estado interviene más frecuentemente cuando los defendidos u observadores reclaman que las sanciones impuestas violan los derechos humanos o constitucionales del defendido. Tales acusaciones han estado causando problemas a las organizaciones indígenas. La mayoría de ellas reconoce la autoridad de las convenciones internacionales sobre derechos humanos, y, en efectos, regularmente hacen reclamos basados en ellas (Assies, próxima aparición: 15). Las acusaciones han generado debates internos dentro de las comunidades, particularmente con respecto al rol de la mujer en los sistemas de autoridad indígena. En algunos casos, las prácticas que no han soportado un escrutinio han sido alteradas. Como observa Assies,

el reconocimiento de la jurisdicción indígena puede bien implicar que las autoridades indígenas son cada vez más tomadas como responsables por sus acciones, tanto por externos como dentro de sus jurisdicciones. Las características frecuentemente enfatizadas de los sistemas de justicia indígena son que estos son predominantemente orales, flexibles e integrales (de alguna manera como “hechos sociales totales”), que las decisiones son tomadas de manera colectiva y parcipativa, y que son aplicadas rápidamente. Más aún, frecuentemente se afirma que, en vez del castigo, la justicia indígena busca la compensación y la reconciliación y el restablecimiento de la armonía. Tales afirmaciones no deben ser tomadas literalmente y los rasgos mencionados deben ser entendidos en el contexto propio de los sistemas de justicia indígena. El punto interesante es la emergencia de un discurso sobre la justicia india, que es compartido por los activistas indígenas en toda Latinoamérica. Debe ser entendido como un discurso contrahegemónico elaborado en una confrontación continua y un diálogo crítico con otros actores sociales en el contexto de la actualmente celebrada “búsqueda de modernidades alternativas” (Assies, próxima aparición: 16).

Un obstáculo clave para bosquejar legislaciones coordinadas consiste en que la ley occidental está basada en la tradición liberal de los derechos individuales, mientras los pueblos indígenas demanda que la ley consuetudinaria sea reconocida como un derecho colectiva, un derecho de los pueblos. Es difícil encontrar un lenguaje que satisfaga tanto a los pueblos indígenas como a los juristas y políticos occidentales (Sierra 1998: 25). Un reto adicional es mantener el lenguaje constitucional y legislativo suficientemente flexible e inclusivo para ser aplicado a diversos sistemas legales indígenas, dado que estos pueden variar dramáticamente dentro un país en particular. Los representantes de los pueblos indígenas usualmente se resisten a cualquier limitación en el alcance de su autonomía, como son las leyes constitucionales y ordinarias y los cuerpos jurídicos tales como la Corte Constitucional o la Corte Suprema. [Los representantes] ven a la ley indígena y a la ley estatal como inherentemente iguales. Esta posición omite el hecho de que los pueblos indígenas son parte de una comunidad política mayor que es gobernada por una constitución y que, con muy pocas excepciones, los pueblos indígenas escogen ser plenamente participantes en esa comunidad política mayor. Tres asuntos han sido especialmente espinosos: (1) ¿debe ser la jurisdicción indígena obligatoria u opcional, esto es, pueden las partes en disputa escoger entre cortes indígenas y estatales? (2) ¿qué debe hacerse cuando los crímenes y las disputas involucran a no indígenas o a indígenas de culturas distintas? y (3) ¿debe la jurisdicción indígena ser definida geográficamente? En la práctica, tales asuntos han sido negociados generalmente caso por caso (ver, e.g., García 2000: 21).

Los legisladores de Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela han bosquejado legislaciones que implementan la jurisdicción indígena (todas pendientes todavía)20. Los proyectos boliviano, ecuatoriano y venezolano ven la justicia indígena como obligatoria, aunque en Bolivia los no indígenas están exentos de la ley indígena, aún si viven dentro de territorios indígenas (art. 6). La propuesta ecuatoriana, expresamente incluye a los no indígenas, pero incluye estipulaciones para manejar estos casos (art. 13, 14). Adicionalmente, una persona que niega ser miembro de una comunidad indígena puede acudir al representante de los derechos humanos para que resuelva el asunto. Los campesinos no indígenas tienen la opción de llevar sus conflictos a las autoridades indígenas con aprobación previa. En Venezuela, todas las personas dentro de los territorios indígenas están sujetas a la jurisdicción indígena, y las autoridades indígenas también tiene jurisdicción, si escogen ejercitarla, sobre indios fuera del territorio indígena. De manera similar, en el borrador de ley peruano, cualquier persona dentro de la jurisdicción territorial de las rondas campesinas, o de las comunidades nativas o campesinas, está sujeta a dichas autoridades. El lenguaje boliviano que reconoce la jurisdicción indígena se remite a la “resolución alternativa de conflictos” lo que, dada la permeabilidad de las instituciones bolivianas a los donantes internacionales, puede reflejar la “popularidad de los mecanismos de resolución alternativa de conflictos en los Estados Unidos, y entre las agencias multilaterales de desarrollo que los consideran como una suerte de privatización de la justicia” (Assies, próxima aparición: 12; Clavero 1997: 91). En caso de apelaciones, tanto Ecuador como Bolivia ven un rol para la Corte Constitucional. En Ecuador, los jueces indígenas nombrados por las organizaciones indígenas debe participar en los cuerpos apelatorios. En la propuesta venezolana, no existe apelación fuera de las autoridades indígenas, excepto en casos en que hay alegaciones de violaciones severas a los derechos humanos. En tales casos, las partes pueden ejercitar su derecho constitucional a la protección, pero, como en el caso de Ecuador, una tribunal compuesto por autoridades indígenas y jueces estatales debe revisar la cuestión. La propuesta peruana establece que las decisiones de las autoridades comunitarias son finales (definitivas). Para prevenir abusos a los derechos humanos, como se entienden en la cultura occidental, tanto los proyectos de ley ecuatoriano como boliviano proponen que se dicten cursos de capacitación en la materia para las autoridades indígenas.




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