Pluralismo legal y administracion de justicia comunitaria informal en america latina



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El Reto de la Coordinación
Las cinco constituciones andinas piden la creación de una ley que o “compatibilice” o “coordine” las jurisdicciones potencialmente competitivas entre sí del estado y la ley indígena, pero esto ha sido difícil de lograr en la práctica dados los complejos y serios asuntos implicados. Estos retos son exacerbados por la falta generalizada de conocimiento o entendimiento de las culturas y sistemas legales indígenas entre los académicos y jueces occidentales. En esta sección se discuten algunos de los obstáculos más importantes. Están divididos en conflictos relaciones a procesos, a normas y a sanciones.

Conflictos relacionados a procesos. Primero, los sistemas occidentales, con el propósito de proveer una administración de justicia consistente en toda la sociedad, son registrados por escrito y basados en precedentes. Los sistemas indígenas, en contraste, son mucho más flexibles y dinámicos. Es más importante para las comunidades indígenas proporcionar la resolución apropiada en un caso específico –esto es, el resultado que mejor restaure la armonía en su comunidad- que proporcionar un “producto” de justicia que sea consistente en el tiempo y en el espacio. Segundo, los procesos pueden violar los estándares democrático-liberales de un debido proceso, tales como el derecho a un abogado14. Tercero, la vasta mayoría de autoridades indígenas son hombres, y las mujeres tienen un rol político y social subordinado en la mayoría de comunidades indígenas. Por lo tanto, la mayoría de mujeres no son juzgadas por sus “pares”. Recientemente, las mujeres indígenas han cuestionado las reglas tradicionales que perpetúan la discriminación y su estatus subordinado (Sierra, 1998). En Guatemala, las mujeres envalentonadas por su experiencia como viudas de guerra ven la ley del estado como una herramienta para mejorar sus estatus como mujeres, particularmente para resistir la violencia doméstica (Sieder, 1999: 112).

Conflictos de normas. Los sistemas de justicia indígenas y occidentales pueden competir porque están basados en distintos conjuntos de significados y valores culturales (Stavenhagen, 1988: 102)15. Primero, hay transgresiones en la ley indígena que no son consideradas como crímenes en la ley occidental –tales como el chisme, la brujería y el disenso religioso, todos los cuales son sancionados porque pueden quebrar el orden social. Segundo, la ley indígena tiende a dar prioridad a la armonía de la comunidad sobre los derechos de los individuos. Tercero, en la ley estatal, la religión juega un rol muy limitado –como jurar ante la Biblia como testigo. En los sistemas indígenas, las creencias religiosas pueden jugar un papel central en el juzgamiento, investigación y castigo de transgresiones, dado que no hay distinción entre las autoridades religiosas y político-jurídicas (Stavenhagen 1998: 101; Villanueva 1998: 405)16.

La fusión de muchos sistemas legales indígenas con fuerzas sobrenaturales y creencias supersticiosas suscita cuestiones complejas. Jane Collier (1998) describe un caso que ocurrió en la comunidad de Zinacantan, Chiapas, Méjico. Según la mitología local, los ingenieros “necesitan sacrificios humanos para asegurar la durabilidad de sus construcciones. Se cree que los puentes de las carreteras, en particular, requieren varios cuerpos humanos o partes de sus cuerpos para soportar el tráfico pesado y las inundaciones” (Collier 1998: 203). Los que matan indígenas y venden sus cuerpos a los ingenieros son denominados cortacabezas. Collier describe el juicio y la sentencia de siete hombres jóvenes acusados de ser cortacabezas. A pesar del hecho de que había poca evidencia en contra de los acusados –un testigo proclamó que uno de los siete hombres lo había amenazado- los siete fueron hallados culpables. Se les pidió que admitieran su culpa y que pagaran los costos de transportación de las autoridades y testigos que asistirían al juicio en la capital municipal –un total de aproximadamente $270 dólares americanos. También tuvieron que pasar una noche adicional en la cárcel, después de la cual fueron liberados con la advertencia de que si algo malo pasaba en la comunidad, ellos serían responsables. Los procedimientos fueron cuidadosamente puestos por escrito, aunque los jueces establecieron los hechos de forma poco minuciosa para evitar posibles repercusiones sobre sus acciones (Collier 1998: 210-211)17. Collier argumenta que los jueces indígenas lograron el objetivo de proteger a los acusados de la violencia de la turba y de calmar los miedos de la comunidad. La comunidad estaba en un alto estado de tensión porque recientemente había habido una gran cantidad de lluvias, lo que requeriría futuros trabajos en los caminos, y, por lo tanto, cuerpos muertos. Si los jueces hubieran hallado a los acusados inocentes, probablemente hubiera habido una violencia de turba contra los acusados. En un caso previo en la misma área, un juez había liberado al acusado en circunstancias similares, pero les había instado a que abandone el área, porque no podía ser protegido de la gente que lo consideraba culpable (Collier 1998: 217)18. Sin embargo, desde la perspectiva liberal occidental los acusados no recibieron justicia, dado que no había suficiente evidencia en contra la mayoría de ellos y fueron declarados culpables de acciones que no ocurrieron.

Finalmente, es difícil para las cortes determinar cuáles son las normas indígenas, dado que muchas normas y procedimientos occidentales han sido incorporadas en las culturas indígenas a través de los años. ¿Son las prácticas consideradas “indígenas” de la cultura más “legítimas” y, por lo tanto, permisibles, que aquellas que han sido incorporadas?




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